"No es abuso, es
violación", "No es no", no es no, no es no...
Todo lo que se ha dicho y hecho
en estos días, protestando por la sentencia sobre la "piara"(manada
de cerdos) es poco, y las consecuencias que de ello se deriven son imprevisibles.
La actitud de los jueces intervinientes es deleznable.
Centramos inevitablemente nuestra
repulsa sobre el juez Ricardo González, "defensor efectivo", que no
juez, de los condenados miembros de "la manada". Seguro que, en su
paranoia, viendo una y otra vez los vídeos y leyendo y releyendo la descripción
de los hechos, no es inverosímil que él mismo acabase "excitándose
sexualmente". Todos los visos son de que se trata de un caso de psiquiatra.
Sin embargo, igual de condenables
son los otros dos, una de ellos mujer. Ambos han mostrado, cuando menos, gran
cobardía, al dictar, a sabiendas, una sentencia contradictoria entre los hechos
que ambos reconocían como verdaderos y la calificación jurídica de los mismos.
Como mínimo, se puede decir que es una mala sentencia, desde el punto de vista
técnico, ético y social. Los jueces han de tener en cuenta el entorno social en
que se han producido los hechos y en el que dictan sentencia. No sé si, entre
los jueces, caben legalmente las transacciones pero, si no formalmente, sí, al
menos, "soto voce", o a lo largo del debate, podían haberlo hecho. Y
es creíble que lo hayan hecho. Porque, cuando menos, deberían haber exigido al
juez disidente que renunciase a su voto particular para no facilitar, con ello,
el recurso de los condenados, y todo ello, a cambio de rebajar la calificación,
como han hecho, y como precio del ridículo y rechazo social a que se exponían,
y de los cuales eran plenamente conscientes. Todas las descalificaciones
también valen para ellos y, en especial, la de cobardes.
Parece que se abren las puertas
para llevar a cabo una reforma del Código Penal (el de 1995, el "de
Belloch"). Es de esperar que se tengan en cuenta todas las experiencias
negativas que, en lo referido a los derechos de las mujeres, se han producido
desde entonces, como consecuencia de la ambigüedad de los artículos 178 y 181
del referido código. Y que las reformas que se produzcan precisen lo más
posible las condiciones a tener en cuenta a la hora de calificar los delitos.
No ha de ser a la víctima a la que corresponda demostrar su "no es
no", sino que deberá ser el agresor el que demuestre un "sí es
sí", nítido y contundente, otorgado por la víctima. Sin consentimiento hay
violación.
Ahora bien, por mucho que se
precise, siempre habrá un margen para la interpretación de los jueces, porque
la ley no puede tener en cuenta todos los casos particulares que se presenten. Con
todo, y si las necesarias reformas se llevan a término, la aplicación de la ley
no podrá evitar que haya jueces y juezas machistas, paranoicos, ineptos o,
simplemente, cobardes y que su sentir personal lo acaben vertiendo en las
sentencias que dicten.
Por eso, no va a bastar con la
reforma del Código. Hace falta depurar los juzgados y modificar el sistema de
acceso a ellos. Suena muy fuerte, pero es así. Si bien es cierto que hace falta
exigir a los jueces y fiscales una formación especial para juzgar los casos de
violencia machista, en todas sus manifestaciones, no se puede esperar a que los
nuevos jueces y juezas, en vez de o, además de memorizar tantas leyes,
decretos, artículos y jurisprudencia, sean sometidos a verdaderos tests
sicotécnicos sobre empatía hacia las mujeres, su libertad y derechos, para
acceder a los correspondientes juzgados. Quienes tienen en su mano arruinar o
salvar, con sus resoluciones, la vida de las personas, deberán demostrar
capacidad para evaluar las consecuencias de sus fallos, sobre todo, en las
víctimas. Y, los nuevos que accedan y aquellos que ya están debieran ser
inhabilitados, si sus "errores", en esta materia son graves o
reiterados.
Debería llamarnos la atención el
corporativismo de jueces y fiscales y sus instituciones y asociaciones
demostrado como reacción al rechazo social y político que ha producido la
sentencia histórica (no dejará de serlo) del caso que nos ocupa. Pero, a estas
alturas, ya no nos sorprende. Tantas y tan insistentes muestras de
"respeto y acatamiento" a las acciones de los administradores de
justicia, por parte de políticos, periodistas u opinadores en general, han
logrado que el gremio de jueces y fiscales se venga arriba y hayan llegado a
considerarse intocables. Pero, como tantas veces, también, ellos y ellas nos
repiten, nadie está por encima de la ley, y ellos menos que nadie.
josemariagrubercorredordefondo.blogspot.com
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