LA HIPÓTESIS DE LA CONSPIRACIÓN

Hipótesis es una suposición de algo posible que puede servir de explicación de algún hecho ocurrido. Es una conjetura, una posibilidad o presunción, una especulación, un supuesto, presupuesto o probabilidad, una teoría, en definitiva, que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar su validez. La hipótesis debe ser creíble.

Conspirar: dicho de varias personas, colectivos u organizaciones, es unirse, habitualmente en secreto, contra un tercero, para hacerle daño. Es conjurar, maquinar, intrigar, tramar, confabularse, conchabarse contra alguien.

Ante la avalancha de casos judiciales que rodean al partido en el gobierno, el PSOE, mucho se habla sobre si se trata de casos reales de corrupción, o son, por el contrario, resultado de toda una operación de derribo del actual Gobierno. Lo cierto es que, en ambos casos, hay indicios suficientes para afirmar que las dos opiniones son creíbles y no desechables.

Las coincidencias no casuales en ciertas actuaciones judiciales, los retrasos injustificados en las tramitaciones, la distinta vara de medir en distintos casos, la desproporción de algunas medidas, incluso algunas acusaciones inciertas, dan pie a que el PSOE se reafirme en su postura de que todo es fruto de una conspiración en su contra.

El hecho de que varios juzgados, independientes entre sí, y sus instancias superiores, sean los que tienen encausados a un número importante de personas relacionadas con el partido mayoritario de este Gobierno, es la base que confirma que la hipótesis contraria, defendida por PP y VOX,  es igualmente creíble: que el PSOE es un partido corrupto y que el Presidente Sánchez debe dimitir. “No es posible que todos los jueces coincidan en lo mismo”, dicen.

Pues bien. Supongamos (y es posible) que un partido o partidos puedan controlar, durante años, excediendo los plazos que establece la Ley, el Órgano encargado de nombrar los jueces y magistrados para los distintos juzgados y tribunales.

Supongamos (y es posible) que, con algunos nombramientos, un partido pueda llegar a controlar, “por la puerta de atrás”, los tribunales que son clave para resolver sobre los litigios y acusaciones de unos partidos contra otros.

Supongamos (y es posible) que la corrupción política se instale en un sistema político y llegue a ser consustancial a él.

Supongamos (y es posible) que haya unas cuantas organizaciones, todas de un mismo color o tendencia política, creadas con el objetivo de espiar, hurgar, investigar, recoger datos, solventes o no, sobre la realidad, y hasta creando bulos, en contra del Gobierno o el adversario político.

Supongamos (y es posible) que haya medios de comunicación que publican las informaciones que esas organizaciones les proporcionan.

Supongamos (y es posible) que esos medios publican esas informaciones sin contrastarlas.

Supongamos (y es posible) que haya medios cuya línea editorial sea claramente defensora de una determinada línea política y no de otra.

Supongamos (y es posible) que, por intereses políticos partidistas, se llega a tal situación de crispación y enfrentamiento, donde todo vale, aunque sea “muy burdo”.

Supongamos (y es posible) que haya jueces y juezas humanos, no perfectos, con supuesta voluntad de ser imparciales, en el primer escalón de la judicatura, que se sientan presionados y observados por esa sociedad encrispada y, especialmente escudriñados en sus resoluciones por los altavoces de la opinión pública: los medios; y que fruto de esa presión, se sientan incapaces de rechazar denuncias sin fundamento, basadas en meros recortes de periódico u otras falsas pruebas, saltándose los requisitos exigibles para que una acusación sea legalmente  admitida a trámite.

Supongamos (y es posible) que esos jueces y juezas, descarguen su responsabilidad, en espera de que un tribunal superior les dé la seguridad de que  lo que están haciendo es correcto y legal.

Supongamos (y es posible) que se dan todos los elementos necesarios para que un caso llegue a ser juzgado y sentenciado: que exista una denuncia, un juez que la admite a trámite, unos funcionarios de policía que trabajan en la obtención de indicios y pruebas suficientes para que los casos pasen a ser juzgados y sentenciados, y uno o varios tribunales superiores que confirmen las sentencias.

Supongamos (y es posible también) que haya jueces que se dediquen a echar la red, una y otra vez, para ver si “pescan algo” que pueda incriminar a quien, de antemano, y por distintas razones, consideran culpable, lo que se llama una ilegal investigación prospectiva. Supongamos que haya tribunales superiores que no se lo impidan.

Supongamos (y es posible) que haya agentes que llevan la investigación  y que, bien por exceso de celo, bien por otras inconfesables razones, no se conforman con buscar datos contrastados de hechos y ponerlos a disposición del juez, sino que se permiten sacar conclusiones, acusar y juzgar, excediéndose en sus competencias.

Supongamos (y es posible) que haya jueces “indolentes” que se limitan a copiar en sus autos los informes de los agentes tal cual les llegan.

Supongamos (y es posible) que un juez declare secretas las investigaciones, para evitar que se destruyan o manipulen pruebas, y ordene solemnemente su custodia.

Supongamos (y es posible) que el mismo juez, el secretario o los oficiales de su juzgado, filtren a los medios de comunicación los mismos datos que previamente han sido declarados secretos.

Supongamos (y es posible) que nadie impida, investigue y adopte las medidas necesarias para impedir que la filtración se produzca.

Supongamos (y es posible) que haya medios de comunicación que vivan de montar espectáculos en torno a la política, utilizando bulos, medias verdades, o juicios “populares”, que condenen para siempre a quienes no lleguen a ser condenados, ni siquiera juzgados, por los tribunales.

Supongamos (y es posible) que los jueces y tribunales hagan suyos, por “economía procesal”, los juicios populares que previamente se han producido en los medios que conforman la opinión pública.

En resumen: supongamos, en definitiva (y es posible), que haya jueces presionados, agentes que se extralimitan en su funciones, tribunales controlados por determinados partidos políticos, y medios de comunicación que, sin incluso ponerse de acuerdo (por la simple “alineación cósmica de los astros”), o con un objetivo determinado, todos ellos se confabulen, se reúnan, acuerden dar pasos, lo hagan en secreto, conspiren contra alguien.

Si todo esto, no solo es posible, sino que llega algún día a ocurrir (seamos, por una vez, ingenuos o, si se prefiere, irónicos), apaga y vámonos.

La JUSTICIA, con mayúsculas, no existe, es algo abstracto. La justicia son quienes la administran en su nombre, son los jueces y tribunales, compuestos por personas; los agentes que investigan son personas; y, unos y otros, como tales, no son perfectos y tienen sus intereses particulares.

También la POLÍTICA es algo abstracto. Todos hacemos política, cuando hacemos algo o cuando pasamos de ella. Y especialmente, aquellos que lo hacen en nuestro nombre. En España hay 70.000 cargos públicos elegidos, entre concejales, diputados, ministros… La mayoría ejerce su función desinteresada y honradamente, todos son personas no perfectas, no todos tienen el mismo poder o capacidad de influencia, dependiendo del puesto que ocupen, no todos tienen el mismo sentido del deber y de servicio que se les exige. Hay garbanzos negros.

El sistema es así. Al Gobierno, al menos, lo elegimos. A los jueces y policías no. La mayoría de jueces y agentes cumplen escrupulosamente con su función y deberían ser los primeros que critiquen las malas maneras de algunos de sus colegas que, sin duda, son unos pocos. Pero bastará con que esos pocos, bien colocados en los puntos clave, puedan campar a sus anchas. Es muy sencillo. Y lo mismo pasa con los políticos. Si el sistema no tiene los medios eficaces para impedir que unos pocos se corrompan, debe articular las leyes y actuaciones necesarias para impedirlo.

Nota.- Aunque parezca secundario, el sistema judicial en su conjunto, lo que llamamos la Justicia, los jueces, magistrados, unidades centrales de investigación operativa y demás, no será creíble ni merecerá nuestra confianza, mientras sus administradores permitan la filtración impune en la que se basan los juicios paralelos, los juicios “mediáticos”, los juicios “canceladores” de personas y colectivos, los que condenan para siempre. En su mano está condenarlo y perseguirlo.

 

¡QUÉ ASCO!

 

¡QUÉ ASCO!

Este miércoles 27 de Mayo, cuarenta cámaras de televisión, con sus respectivos operadores, y otras tantas, o más, cámaras fotográficas con sus respectivos fotógrafos, estuvieron, más de siete horas, esperando para sacar una foto, una era suficiente, o una toma de vídeo a distancia, de la salida de la Guardia Civil de la sede del PSOE en Madrid. Quince segundos viendo salir a los coches de la Guardia Civil era suficiente para satisfacer “las ansias de información” de la opinión pública… y del juez que ordenó la operación. Esa es la verdadera foto de lo que es la política en nuestro país.

“Ser los primeros en dar una exclusiva y, a poder ser, con imágenes en directo” son los mayores méritos que dan prestigio, hoy en día, a los medios de comunicación en España. De ideas y contenidos nada. Así nos va.

Da lo mismo que la exclusiva esté montada sobre bulos o exageraciones, y que las imágenes no se correspondan con el momento y lugar de que se está hablando. Lo que impacta en nosotros, lo que arranca nuestro aplauso o exacerba nuestra rabia, es todo aquello que produce espectáculo, sea lo que sea, da lo mismo que se trate de entretenimiento, o de la política donde está en juego nuestro pan de cada día. Y los medios lo saben. Y se lucran de ello. Por qué ocurre esto sería tema a tratar en otra ocasión. Pero sí conviene adelantar que, en mi opinión, es el mal de los tiempos que corren: la gran masa de personas indolentes e incapaces de juzgar lo que pasa a su alrededor.

¡Qué pena! ¡Qué asco!

Algunos de nosotros nunca fuimos amigos del PSOE, que digamos, ni el PSOE lo es de nosotros; pero eso no quita para que, en estos momentos, hagamos un esfuerzo por poner las cosas en su sitio. Y no a favor del PSOE, sino de la verdad y la objetividad. Y, sobre todo, por respeto a nosotros mismos, y a toda la gente cuya vida depende de lo que los políticos, los jueces y policías, dicen y hacen: no es lo mismo un auto judicial que una sentencia y, menos aún, que una sentencia firme. No es lo mismo un informe policial basado en datos que las elucubraciones del agente que lo redacta. No es lo mismo lo que haga un militante que lo que haga un cargo público de un partido. No es lo mismo lo que haga un partido que lo que haga un alto cargo de la Administración o un ministro del gobierno. Y no es lo mismo un informativo radiofónico o televisivo que una mesa de tertulianos opinadores de todo.

Tampoco es lo mismo la “Justicia” que sus instituciones de gobierno, los tribunales, y cada uno de los jueces. ¿Hasta cuándo va el Gobierno a repetir “que confía en la justicia” sin matizar que hay jueces de los que podemos, al menos, que dudar?

Y no son lo mismo las fuerzas de seguridad que sus mandos y que los policías celosos que cumplen órdenes.

Llevamos años (desde la noche electoral del 23-J) en que la política española se caracteriza por mezclar mentiras con exageraciones, insinuaciones con medias verdades, anuncios tremendistas con ocultación de información. Y, también, por utilizar el insulto y la descalificación macarra hasta límites insoportables y, en una democracia normal, impensables. La ilógica, las patadas a la razón, a lo razonable, son tales que, si alguien nos contemplara desde fuera, quedaría boquiabierto.

Llevamos años contando cuántos informes de la UCO han quedado en nada, cuántos errores y cuántas ocultaciones deliberadas de datos contenían, cuántas declaraciones de sainete en los juicios protagonizaban agentes y, en definitiva, cuántas extralimitaciones en sus funciones e interpretaciones subjetivas sostenían.

Años padeciendo la represión policial en las manifestaciones de los movimientos populares, y contemplando el trato condescendiente, hasta amable, para con los manifestantes de la ultraderecha fascista.

Y, por último, llevamos años contando cuántas resoluciones judiciales discutidas, cuántos votos particulares de magistrados discordantes, cuántas sentencias han decaído, cuántas decisiones de jueces han sido revocadas por instancias superiores; cuántas desobediencias de jueces a las órdenes de sus superiores han sido toleradas; cuántas decisiones judiciales han  coincidido intencionadamente con decisiones políticas, en un claro intento de interferir en la política; cuántas distintas varas de medir se han aplicado; y, sobre todo, cuántas filtraciones de sumarios secretos se han producido y nunca investigado. Se podría hacer una estadística completa de todas ellas sin margen de error. Quizás no sean muchas o suficientes como para que desconfiemos de la “Justicia” y reneguemos de la policía, pero sí bastantes para poder decir que todas las irregularidades de esas instituciones, o la gran mayoría, han perjudicado siempre a uno de los dos bandos de la política y no al otro: a la izquierda y no a la derecha.

Jueces, magistrados, altos mandos policiales y policías concretos, vienen haciendo méritos suficientes como para que, no solo desconfiemos de ellos, sino que aborrezcamos su actuación y, por ende, desconfiemos de las instituciones que los amparan. De los 5.416 jueces que hay en España, basta con que haya unos pocos, bien situados en los puntos clave, donde se resuelven los problemas más graves, para que “La Justicia”, con mayúscula, quede manchada por sus comportamientos irregulares. Y lo mismo pasaría con las distintas policías del país.

La consecuencia directa y absolutamente alarmante es el lugar que ocupa la política, en las encuestas, entre las preocupaciones de la gente: una de las principales. Estamos muy preocupados, sí, pero no nos rebelamos, no hacemos nada. No somos conscientes de que, si nosotros, la gente de a pie, no nos interesamos por la política, otros lo harán por nosotras y nosotros, y tomarán decisiones sobre nuestra vida, no atendiendo nuestros intereses sino a los suyos propios.

En medio de toda esta situación, un mantra recorre España, machacando nuestros oídos, como si de un persistente tínnitus se tratara: “la solución está en que Sánchez convoque elecciones”.

Enumerar todas las afirmaciones “catastróficas” sobre la situación en que se encuentra España sería interminable: Gobierno indigno, indecente, Presidente dictador, ladrón y corrupto, criminal… y la que está extendiéndose como el aceite: la Legislatura… la legislatura está agotada, acabada, en “shock”…

Se agotan las personas, los animales. Los seres vivos se cansan, se fatigan, se muestran impotentes hasta la extenuación, envejecen y mueren. También se dice que se agotan los artículos en las estanterías de los supermercados de los barrios pobres: aquí el agotamiento es numérico, desaparecen. En los seres vivos ese agotamiento es cualitativo, afecta a su naturaleza, a su posibilidad de vivir, de hacer, de decidir.

La legislatura es el tiempo que transcurre entre unas elecciones y otras. Nada más. Las legislaturas no son sujetos que piensan, deciden y hacen, no se agotan, se cumple el tiempo de su vigencia y desaparecen, solo son espacios de tiempo… decir que se agotan, es solo una manera de hablar. Una manera de hablar que oculta la verdadera realidad.

Quienes se agotan son los políticos, los partidos, en el gobierno o en la oposición, cuando llegan al momento en que no pueden realizar la función para la que fueron elegidos. Llegado ese momento, la responsabilidad obliga a retirarse a un lado, a dimitir, a someterse a una nueva elección.

¿Cuándo un gobierno está agotado? Cuando sus miembros son incapaces de gobernar.

¿Y qué es gobernar? Entre otras cosas, y sobre todo, es ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DEL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. También cumpliendo el Programa con que los partidos que lo sustentan y apoyaron se presentaron a las elecciones.

¿Y que son unos presupuestos? Solo una previsión de ingresos y gastos y una distribución de los ingresos según los objetivos del Gobierno.

Gobernar es pagar los sueldos de los empleados públicos, pagar las pensiones, las prestaciones de desempleo, el Ingreso Mínimo Vital… pagar a jueces, fiscales, policías, militares, a los miembros de la Casa Real… Gobernar es financiar los servicios públicos, revalorizar salarios y pensiones, mantener las infraestructuras. Gobernar es proveer de los medios necesarios para que las personas puedan vivir. Gobernar es respetar los derechos de los y las ciudadanas, de los trabajadores, de las familias, de los más vulnerables… esa es la base del gobernar…

… y, este Gobierno, mal que les pese a algunos, está gobernando. En la estantería de su supermercado tiene cincuenta leyes aprobadas y cantidad de decretos ¿Lo podía hacer mejor? Por supuesto. Con los recursos de que fiscalmente dispone, está gobernando. Gracias a que la recaudación de Hacienda, año tras año, está aumentando. Y aprovechando, también, que Europa ha puesto a su disposición importantes recursos extraordinarios.

La pregunta obligada es: ¿Qué cambiaría si se adelantan las elecciones?

Aquí no es, como en EEUU, donde el Gobierno, para gobernar, necesita que el Congreso le apruebe los Presupuestos y, de no conseguirlo, deja automáticamente de pagar sueldos, ayudas y subvenciones. Aquí, los gobiernos tienen la posibilidad legal de prorrogar los presupuestos anteriores para seguir gobernando, cumpliendo con sus compromisos.

Como pensionista, más allá de otras consideraciones, prefiero que el actual Gobierno complete la legislatura. Es muy sencillo, después de unas nuevas elecciones, no sabremos lo que pasará. Y creo que, quienes sigan dependiendo directamente de que el actual Gobierno gobierne, pensarán como yo. Experiencia tenemos de lo que hicieron otros gobiernos.

Es cierto que el Gobierno, con sus propuestas y medidas, puede mejorar la vida de la gente. Y no es cuestión de contentarse “con lo que hay”. Pero sacar adelante medidas importantes depende de la mayoría que pueda agrupar en torno a ellas. Y, con las mayorías actuales que conforman el actual Congreso, no lo está consiguiendo. Al menos, en la cuantía que todos desearíamos y él prometió. Con todo, una a una, como un goteo continuo, va sacando cosas adelante, cosas que afectan a la vida de las personas. No está “bloqueado”.

Admito que mi planteamiento es reduccionista, gobernar es más que eso. Pero, a la gente de a pie, es lo que nos importa, que nos hablen de las cosas de comer, primero, para que después podamos ocupar nuestra mente con otras aspiraciones “de más alcance y altura”.

El reto que tiene este Gobierno está en hacer, en lo que queda de legislatura, todo lo necesario para repetir en la próxima legislatura y seguir apostando por mejorar la vida de la gente, con medidas más contundentes. Aunque la correlación de fuerzas en el Congreso las eche abajo. Que se retraten ellos. Hay que arriesgar para ganar. Lo contrario es renunciar de antemano.

Nota.- A Feijó y al Partido Popular les digo: si tan insoportable es la situación, si tanto les preocupa la situación de los españoles, si tan indigno es este Gobierno, solo por coherencia y sentido de la responsabilidad, deben poner todos los medios de su parte para hacer que caiga, tomando la iniciativa, dando los pasos necesarios, arriesgando todo lo arriesgable desde el punto de vista partidista, porque “la situación lo requiere”, ¿no lo dicen ustedes? sin esperar a que los votos que necesitan para ganar una moción de censura les caigan del cielo. Deben, de verdad, poner por delante los intereses de los españoles y no los  personales y del partido. Lo contrario es pura demagogia. Vale ya de cálculos partidistas. El mayor ridículo, como partido, lo están haciendo ustedes, esperando sentados y culpando a los demás.