LA HIPÓTESIS DE LA CONSPIRACIÓN

Hipótesis es una suposición de algo posible que puede servir de explicación de algún hecho ocurrido. Es una conjetura, una posibilidad o presunción, una especulación, un supuesto, presupuesto o probabilidad, una teoría, en definitiva, que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar su validez. La hipótesis debe ser creíble.

Conspirar: dicho de varias personas, colectivos u organizaciones, es unirse, habitualmente en secreto, contra un tercero, para hacerle daño. Es conjurar, maquinar, intrigar, tramar, confabularse, conchabarse contra alguien.

Ante la avalancha de casos judiciales que rodean al partido en el gobierno, el PSOE, mucho se habla sobre si se trata de casos reales de corrupción, o son, por el contrario, resultado de toda una operación de derribo del actual Gobierno. Lo cierto es que, en ambos casos, hay indicios suficientes para afirmar que las dos opiniones son creíbles y no desechables.

Las coincidencias no casuales en ciertas actuaciones judiciales, los retrasos injustificados en las tramitaciones, la distinta vara de medir en distintos casos, la desproporción de algunas medidas, incluso algunas acusaciones inciertas, dan pie a que el PSOE se reafirme en su postura de que todo es fruto de una conspiración en su contra.

El hecho de que varios juzgados, independientes entre sí, y sus instancias superiores, sean los que tienen encausados a un número importante de personas relacionadas con el partido mayoritario de este Gobierno, es la base que confirma que la hipótesis contraria, defendida por PP y VOX,  es igualmente creíble: que el PSOE es un partido corrupto y que el Presidente Sánchez debe dimitir. “No es posible que todos los jueces coincidan en lo mismo”, dicen.

Pues bien. Supongamos (y es posible) que un partido o partidos puedan controlar, durante años, excediendo los plazos que establece la Ley, el Órgano encargado de nombrar los jueces y magistrados para los distintos juzgados y tribunales.

Supongamos (y es posible) que, con algunos nombramientos, un partido pueda llegar a controlar, “por la puerta de atrás”, los tribunales que son clave para resolver sobre los litigios y acusaciones de unos partidos contra otros.

Supongamos (y es posible) que la corrupción política se instale en un sistema político y llegue a ser consustancial a él.

Supongamos (y es posible) que haya unas cuantas organizaciones, todas de un mismo color o tendencia política, creadas con el objetivo de espiar, hurgar, investigar, recoger datos, solventes o no, sobre la realidad, y hasta creando bulos, en contra del Gobierno o el adversario político.

Supongamos (y es posible) que haya medios de comunicación que publican las informaciones que esas organizaciones les proporcionan.

Supongamos (y es posible) que esos medios publican esas informaciones sin contrastarlas.

Supongamos (y es posible) que haya medios cuya línea editorial sea claramente defensora de una determinada línea política y no de otra.

Supongamos (y es posible) que, por intereses políticos partidistas, se llega a tal situación de crispación y enfrentamiento, donde todo vale, aunque sea “muy burdo”.

Supongamos (y es posible) que haya jueces y juezas humanos, no perfectos, con supuesta voluntad de ser imparciales, en el primer escalón de la judicatura, que se sientan presionados y observados por esa sociedad encrispada y, especialmente escudriñados en sus resoluciones por los altavoces de la opinión pública: los medios; y que fruto de esa presión, se sientan incapaces de rechazar denuncias sin fundamento, basadas en meros recortes de periódico u otras falsas pruebas, saltándose los requisitos exigibles para que una acusación sea legalmente  admitida a trámite.

Supongamos (y es posible) que esos jueces y juezas, descarguen su responsabilidad, en espera de que un tribunal superior les dé la seguridad de que  lo que están haciendo es correcto y legal.

Supongamos (y es posible) que se dan todos los elementos necesarios para que un caso llegue a ser juzgado y sentenciado: que exista una denuncia, un juez que la admite a trámite, unos funcionarios de policía que trabajan en la obtención de indicios y pruebas suficientes para que los casos pasen a ser juzgados y sentenciados, y uno o varios tribunales superiores que confirmen las sentencias.

Supongamos (y es posible también) que haya jueces que se dediquen a echar la red, una y otra vez, para ver si “pescan algo” que pueda incriminar a quien, de antemano, y por distintas razones, consideran culpable, lo que se llama una ilegal investigación prospectiva. Supongamos que haya tribunales superiores que no se lo impidan.

Supongamos (y es posible) que haya agentes que llevan la investigación  y que, bien por exceso de celo, bien por otras inconfesables razones, no se conforman con buscar datos contrastados de hechos y ponerlos a disposición del juez, sino que se permiten sacar conclusiones, acusar y juzgar, excediéndose en sus competencias.

Supongamos (y es posible) que haya jueces “indolentes” que se limitan a copiar en sus autos los informes de los agentes tal cual les llegan.

Supongamos (y es posible) que un juez declare secretas las investigaciones, para evitar que se destruyan o manipulen pruebas, y ordene solemnemente su custodia.

Supongamos (y es posible) que el mismo juez, el secretario o los oficiales de su juzgado, filtren a los medios de comunicación los mismos datos que previamente han sido declarados secretos.

Supongamos (y es posible) que nadie impida, investigue y adopte las medidas necesarias para impedir que la filtración se produzca.

Supongamos (y es posible) que haya medios de comunicación que vivan de montar espectáculos en torno a la política, utilizando bulos, medias verdades, o juicios “populares”, que condenen para siempre a quienes no lleguen a ser condenados, ni siquiera juzgados, por los tribunales.

Supongamos (y es posible) que los jueces y tribunales hagan suyos, por “economía procesal”, los juicios populares que previamente se han producido en los medios que conforman la opinión pública.

En resumen: supongamos, en definitiva (y es posible), que haya jueces presionados, agentes que se extralimitan en su funciones, tribunales controlados por determinados partidos políticos, y medios de comunicación que, sin incluso ponerse de acuerdo (por la simple “alineación cósmica de los astros”), o con un objetivo determinado, todos ellos se confabulen, se reúnan, acuerden dar pasos, lo hagan en secreto, conspiren contra alguien.

Si todo esto, no solo es posible, sino que llega algún día a ocurrir (seamos, por una vez, ingenuos o, si se prefiere, irónicos), apaga y vámonos.

La JUSTICIA, con mayúsculas, no existe, es algo abstracto. La justicia son quienes la administran en su nombre, son los jueces y tribunales, compuestos por personas; los agentes que investigan son personas; y, unos y otros, como tales, no son perfectos y tienen sus intereses particulares.

También la POLÍTICA es algo abstracto. Todos hacemos política, cuando hacemos algo o cuando pasamos de ella. Y especialmente, aquellos que lo hacen en nuestro nombre. En España hay 70.000 cargos públicos elegidos, entre concejales, diputados, ministros… La mayoría ejerce su función desinteresada y honradamente, todos son personas no perfectas, no todos tienen el mismo poder o capacidad de influencia, dependiendo del puesto que ocupen, no todos tienen el mismo sentido del deber y de servicio que se les exige. Hay garbanzos negros.

El sistema es así. Al Gobierno, al menos, lo elegimos. A los jueces y policías no. La mayoría de jueces y agentes cumplen escrupulosamente con su función y deberían ser los primeros que critiquen las malas maneras de algunos de sus colegas que, sin duda, son unos pocos. Pero bastará con que esos pocos, bien colocados en los puntos clave, puedan campar a sus anchas. Es muy sencillo. Y lo mismo pasa con los políticos. Si el sistema no tiene los medios eficaces para impedir que unos pocos se corrompan, debe articular las leyes y actuaciones necesarias para impedirlo.

Nota.- Aunque parezca secundario, el sistema judicial en su conjunto, lo que llamamos la Justicia, los jueces, magistrados, unidades centrales de investigación operativa y demás, no será creíble ni merecerá nuestra confianza, mientras sus administradores permitan la filtración impune en la que se basan los juicios paralelos, los juicios “mediáticos”, los juicios “canceladores” de personas y colectivos, los que condenan para siempre. En su mano está condenarlo y perseguirlo.