SNIACE: razones y sentimientos

La noticia de la solicitud de liquidación de Sniace, por parte de su Consejo de Administración, está provocando distintos y, en algunos casos, hasta contrarios, sentimientos. Pero los sentimientos vienen originados casi siempre por razones, más o menos objetivas, y siempre dentro de una lógica. En el caso de Sniace, los sentimientos están contrapuestos.

El hecho de que, la liquidación y cierre de una fábrica haya producido hasta euforia, en una minoría extemporánea, que no es  consciente de la realidad en que vive, o precisamente porque vive en otra realidad, es censurable, y más lo son ciertas expresiones de júbilo habidas, días atrás, en alguno de los lugares, donde se concentra cierto sector de jóvenes y no tan jóvenes para beber y divertirse por el cierre de Sniace. Diríamos que, en su mayoría, es gente que no sufre las agresiones de la economía de mercado, bien porque puede sobrevivir al margen de ellas (lo cual, hoy en día, es un lujo), o bien porque, sufriéndolas, o no es consciente de ello, o se resigna, porque piensa que las cosas no pueden cambiar, o... porque ni siquiera se ha planteado hacer algo para cambiarlas. En algunos casos, es solo resquemor por no haber sido capaces siquiera de haber luchado por sus propios intereses, por sus derechos.

De cualquier manera, desde una óptica de mínima humanidad, es inconcebible que alguien celebre que vecinos suyos, gente sencilla y humilde, se queden sin trabajo, sin medio de subsistencia, y vayan al paro.

Pero hay gente para todo.

Y, desde, no ya un mínimo de humanidad, sino de la más elemental responsabilidad, tampoco es aceptable que personas que han asumido una representación social y política, se limiten a dar palmaditas en la espalda y ánimos a quienes sufren la situación. De ellos y ellas esperamos siempre mayor compromiso, medidas eficaces, y no meras palabras de condolencia. Con los trabajadores y trabajadoras de Sniace estamos todos, faltaría más. Pero eso no basta. Hay que denunciar, exigir a quien corresponda, adoptar acuerdos, llevar a cabo acciones encaminadas a la solución del problema.

Seguro que, entre los sentimientos provocados por la situación, los hay de rebeldía, de sentido crítico, de incredulidad ante lo que está ocurriendo.

¿Pero, cuáles son las razones que provocan esos sentimientos?

Es cierto que, en esta sociedad en que vivimos, la oportunidad y la competencia de crear, administrar y mantener los puestos de trabajo corresponden mayormente a los empresarios. Pero los gobiernos también tienen competencias, no ya para crear empleo, que también, sino, sobre todo, para orientar la actividad económica, y para controlar que ésta no sobrepase ciertos límites de irresponsabilidad, de despilfarro, de incumplimiento de las leyes y, especialmente, de sobreexplotación de los trabajadores. Por el momento, no estamos viendo, por parte del Gobierno de Cantabria, más que palabras de "condolencia", y genéricas manifestaciones de compromiso, que no tienen nada que ver con las competencias de las que es legítimo sustentador. Parece que están más asustados que los propios trabajadores.

Pero, por parte del Gobierno central, tampoco estamos viendo grados de responsabilidad suficiente como para que las decisiones que adopta, sean fruto de la necesaria valoración de los pros y contras de las mismas. No se puede permitir el lujo de que se pierdan puestos de trabajo, hoy tan caros de encontrar.

A medida que pasa el tiempo y se van comprobando más cosas, el sentimiento de rabia o, cuando menos, de incomprensión va creciendo. En la decisión del Consejo de Administración de Sniace, hay aspectos difícilmente explicables, como la llamativa "sorpresa" manifestada por su Presidenta, cuando ha conocido la decisión del Consejo que ella preside. ¿Dónde estaba esta señora? ¿Ostenta un cargo por mero postureo? ¿O lo hace altruístamente, sin cobrar un duro? Uno de los principales males de nuestra economía es que quienes realmente se benefician de ella son los ejecutivos, los que se asignan desorbitados sueldos, los que no invierten ni arriesgan nada.

Otra de las incongruencias, difícil de explicar, es el hecho de que el detonante, que ha disparado el devenir de los acontecimientos, sea un "borrador" del Gobierno Central cuya finalidad es desarrollar el Plan Energético vigente, cuyo desarrollo ya preveía la modificación periódica de las primas por Cogeneración, y que la misma "tocaba ahora", pero al que aún se pueden hacer alegaciones.

A mayor abundamiento, es inaceptable que una empresa con dificultades, tantas que han provocado su liquidación, se permita rechazar sustanciosos pedidos de clientes que supondrían para la misma varios meses de beneficiosa actividad industrial.

Ya en el planteamiento del recientemente acordado ERTE entre empresa y trabajadores, existían varias contradicciones, según la información facilitada por le empresa, entre la que destaca que ésta, aún diciendo que estaba produciendo "a pérdidas", pretendiese seguir haciéndolo durante varios meses más. ¿Con qué fin? La pregunta, con todo, es la lógica: teniendo el ERTE aprobado, ¿no sería más propio hacer uso del mismo, a la espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos? ¿No dice la Presidenta que estaban "a un tris" de llegar a acuerdos millonarios de inversión para nuevos proyectos de Sniace?

El decir más común en la calle es, que la empresa estaba buscando una oportunidad para librarse de la carga de la deuda concursal que mantiene, y que, con esa previsible rebaja de las tarifas a la Cogeneración y la reducción de ingresos que supone, con esa rebaja la ha encontrado, y con ella justifica su decisión de cierre. Todo es posible. Pero ello no supone que lo pueda hacer libremente, porque hay intereses de terceros en juego, no solo los de los trabajadores, porque hay leyes que los protegen, y porque esas leyes incluyen la posibilidad de exigir responsabilidades incluso penales a quienes las incumplan.

A ese decir de la calle, el que estas líneas escribe se apunta, porque no encuentra otra explicación lógica de lo              que está ocurriendo. Pero también me apunto a la pregunta que se hace mucha gente: Y los trabajadores ¿no van a hacer nada?    

SEÑOR DIEGO: EXPROPIE SNIACE

Sí, no se quede a medias tintas. No se contente con pedir “lo que parece razonable”: que la dirección de Sniace desvele sus planes, que descubra a los posibles inversores y, por supuesto, que se autoflagele, declarándose única responsable de la situación de la empresa. No fuerce sólo la dimisión del actual Consejo de Administración, del que forma parte un compañero de su partido. No se conforme con quitar de en medio a Blas Mezquita. Se lo dice una de las personas más críticas con la gestión de este señor. No. Expropie. Hágase con la propiedad de la empresa y déjela en manos de sus trabajadores. Al fin y al cabo son los que han demostrado, en toda la historia de Sniace, que son capaces, con su trabajo, de mantener viva la empresa. Y, por supuesto, no caiga en la tentación de brindársela a cualquier amiguete para que haga el negocio del siglo.

En todo esto, algunos le apoyaríamos fervorosamente. No creo, sin embargo, que le pidan tanto los dirigentes de USO. Al menos, no les hemos oído hablar nunca en ese sentido.

Pero no. No es eso lo que le pide su corazón, no se lo permite su forma de pensar. Tampoco las leyes que su partido promulga y Ud. fervientemente defiende.

Pero, además, no es este el momento de perdirle todo eso. Ud. lo sabe y sus asesores también.

Sniace está en concurso de acreedores. Y todo eso, que a Ud. le parece razonable pedir, se lo van a exigir los administradores concursales, los acreedores, el Juez de lo Mercantil que ve el concurso y los posibles inversores. Incluido el acuerdo con los trabajadores. Y se lo van a exigir sin miramientos, con mucho más detalle de lo que USO y sus asesores lo harían. La pela es la pela. Y no están los tiempos para alegrías derrochadoras. Es más, en tiempos normales, el representante de USO en el Comité nunca ha pedido garantías especiales para firmar todo lo que le han puesto delante. ¿Considera que es este el momento para ponerse exquisito? Otros tiempos llegarán en que los demás nos pongamos más que exquisitos.

Ud. es consciente de que, si fuese posible que una empresa se quedara sin representación legal, en situación de concurso, iría directamente a liquidación, y sus trabajadores automáticamente a la calle. Ni contratos, ni empleo, ni posibles jubilaciones anticipadas quedarían en pie. Y eso sería lo contrario de lo que Ud. machaconamente repite y que nosotros apoyamos: la defensa de los puestos de trabajo. Haría un gran favor a los trabajadores y trabajadoras de Sniace, y a Torrelavega en general, si les hace ver a los dirigentes de USO que, con la actitud cerrada que mantienen (y que Ud. considera razonable), están poniendo en riesgo el mantenimiento de esos empleos. Hágalo que, además, hay unas elecciones cerca.

Ud. conoce perfectamente que la posibilidad de que los trabajadores de Sniace sean readmitidos pasa porque empresa y Comité lleguen a un acuerdo y lo presenten ante la Audiencia Nacional. Ud. sabe que ha costado mucho llegar a ese acuerdo, bueno para algunos, aceptable para otros y, seguro que, malo para todos. Pero el acuerdo ha llegado, cuando la mayoría ya había perdido la esperanza.

Comprendo que salga Ud. echando un capote a los dirigentes de USO. Dicen (yo no lo sé) que es el pago a no se sabe qué servicios prestados. Nadie como ellos, ciertamente, ha ejercido de palmero como lo han hecho cada vez que Ud. ha abierto la boca. Quizá se percate de que pueden ser estos los últimos minutos de gloria de USO en el asunto de Sniace y quiera salvar lo insalvable. Porque oponerse, por razones políticas, a que medio millar de trabajadores despedidos sean readmitidos, es lo último que puede hacer un sindicato que se precie de tal.

Haga un último esfuerzo en este asunto y se lo agradeceremos todos.

Atentamente le saluda alguien que no tiene ningún interés directo en Sniace, pero que mira por Torrelavega.

O ALGUNO O NADA

Llevamos meses soportando que “nos acusen” de haber promovido el “O Todos o Ninguno”, en el tema Sniace.

Quienes eso nos achacan consideran que nuestra postura no sólo es romántica, utópica, fuera de la realidad, sino que, además, es perjudicial, por aquello de que más vale el mal menor que el mal de todos. Y que, en todo caso el “O todos o ninguno” es fruto de un idealismo que no conduce a nada.

Lo primero que hay que decir es que la postura mantenida en el mes de Setiembre pasado por los trabajadores y trabajadoras de Sniace no sólo fue apoyada por el Sindicato Unitario, sino también por la gran mayoría del Comité, y que obtuvo el respaldo unánime de los trabajadores y trabajadoras afectados que no son menores de edad.

Lo segundo es que lo que se rechazaba era el despido de doscientos ocho compañeros y compañeras. Porque jubilaciones sin dinero son equivalentes a despidos. Y porque, además, una parte ni siquiera podía pensar en jubilarse, sino que iba a quedar en la calle sí o sí. ¿Defender a estos compañeros y compañeras es romanticismo?

Pero es fácil darle la vuelta al tema.

A lo largo de la negociación, el Comité dejó claro que, a la vista de la situación, estaba dispuesto a hablar de reducción de plantilla y de ajuste salarial, aunque nunca de despidos. Todo se podía discutir si no se ponían sobre la mesa los principios dogmáticos de cada parte y se discutía sobre números y realidades prácticas y objetivas. Pero no fue posible. El que no quedase nadie desamparado defendido por el Comité se encontró enfrente con un inflexible “O alguno o nada” de la empresa. Tenía que haber despidos, por encima de todo.

Han pasado los meses, hemos vuelto a conversar. Hemos demostrado a la empresa que hay fórmulas para evitar despidos que permiten, a la vez, encajar el que no haya despidos con los números que la empresa plantea necesarios para que Sniace, no sólo pueda superar el concurso de acreedores en que se haya inmersa, sino que tenga viabilidad futura. Pero, claramente, nos hemos encontrado con el mismo escollo: la empresa no se conforma con ahorrar en salarios, quiere eliminar personas.

Su postura ni es romántica ni está fuera de la realidad. Tiene todo a su favor, las leyes, los tribunales, los administradores concursales, lo que hacen los demás empresarios a su alrededor, la resignación de muchos trabajadores y trabajadoras... y, sobre todo, la propiedad, es la dueña, puede imponer sus dogmas y principios... si les dejamos.

De momento, ahí están los trabajadores y trabajadoras, contra todos y contra sí mismos, porque el encierro les machaca, sí pero, al mismo tiempo, les une, les da fuerza, les da esperanza, y ésta es lo último que se tiene que perder.

Torrelavega, 17 de Abril de 2014.

EL SUC CON LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN

En el Sindicato Unitario siempre estaremos con los trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos, por su seguridad, por su salario y, sobre todo, por su puesto de trabajo.

Y, en ese sentido, los trabajadores y trabajadoras de Sniace merecen todo nuestro respeto y apoyo.

Su mérito principal, sin duda, han sido su constancia, su perseverancia y, por qué no decirlo, su paciencia, porque constancia, perseverancia y paciencia han sido claves para mantener la unidad de la mayoría de la plantilla ante tanta adversidad o, al menos, de aquella parte de la plantilla que, a su modo, ha luchado y sigue luchando, al entender que lo que está en juego es algo fundamental para el presente y futuro de sus vidas. Al margen de posibles errores que, seguro, habrán cometido, no es frecuente, en los tiempos que corren, tanta determinación y tanto empeño como los mostrados por estos trabajadores y trabajadoras.

Quien no sea capaz de reconocer ese mérito es porque está ciego, porque guarda algún rencor o, simplemente, porque se siente derrotado en su vida. Cuesta comprender tanto sectarismo en algunas personas. Pero siempre ha sido así. Los trabajadores y trabajadoras de Sniace han destacado siempre por su combatividad. Y, por qué no decirlo, por ello, han recibido críticas. Pero, lo que no es comprensible es criticar a quien lucha por defender sus derechos. Es cierto que la crisis nos castiga a todos y que nos sentimos agredidos, solos y olvidados, y que todos esperamos apoyo en los momentos difíciles, pero el no haberlo recibido no justifica que sintamos rencor cuando otros lo reciben.

El encierro puede que sea un último recurso ante una situación límite. Pero los trabajadores y trabajadoras de Sniace no tienen otra salida que intentarlo hasta el final. Y nosotros no tenemos más remedio que seguirlos apoyando, como hemos hecho siempre.

Torrelavega, 16 de Abril de 2014.

HOUSTON: ¡SNIACE TIENE UN PROBLEMA!

Dice el portavoz del Comité de empresa de Sniace que el Presidente Mezquita dice. ¿Cuándo nos dirá el Comité lo que el Comité dice? Tanto como lo que dice Mezquita, a todos interesa saber lo que el Comité le responde.

Pero, no sólo el Comité. Queremos también saber lo que dicen esos políticos que tan “solidariamente” se dejan ver en las manifestaciones de los trabajadores, pero que, hasta ahora, no han aportado solución creíble alguna.

Porque los trabajadores y trabajadoras de Sniace necesitan resolver, urgentemente, un problema, a saber, ¿cómo se explica que la empresa, parada al 70%, pueda tener más pérdidas que funcionando? ¿Por qué las pérdidas que prevé Mezquita son mucho mayores que las que se puedan atribuir al manoseado céntimo verde y demás cargas fiscales, cuando, además esas cargas afectarían, en todo caso, a la empresa si estuviera a pleno rendimiento? ¿Cómo lo explica Mezquita? Algún secreto tiene que haber, alguna razón que, al común de los mortales se nos escapa.

Y, cuando decimos al común de los mortales, incluimos también a los políticos, que siguen insistiendo en proponer ocurrencias que dan por buenas las palabras del Presidente Mezquita. ¿No se han planteado tampoco los partidos que lo que dice Mezquita es la cuadratura del círculo?

Ironías aparte. Preocupa ver con qué frivolidad se está tratando el problema de Sniace que, por otra parte, no se diferencia mucho de lo que está pasando con otras empresas. Y no sólo preocupa por los trabajadores y trabajadoras de Sniace, que sufren directamente el problema, sino también y, sobre todo, porque están en juego varios cientos de puestos de trabajo que tanta falta hacen en la comarca del Besaya, y que la parsimonia con que se está llevando el tema está poniendo en serio peligro.

Los trabajadores y trabajadoras de Sniace se encuentran ante el momento de la verdad: o consiguen de la empresa compromisos y planes fiables, o están llamados a quedarse para siempre en el paro los que ya están, e ir a hacerles compañía los que aún no lo están. Los resultados económicos del primer trimestre de este año no tenían por qué sorprender: los datos de la empresa de los últimos años dejan, bien a las claras, que el problema de Sniace no es ni el céntimo verde ni el canon de saneamiento, aunque estas ambas cosas lo hagan más grande. Pero, de ninguna manera son el problema principal.

¿Tiene futuro Sniace? Por supuesto. Sniace es una de las pocas empresas privilegiadas, en estos momentos de recesión económica, que exporta el 100% de sus producciones principales, Celulosa y Fibras. Tiene productos que ofrecer y para los que hay demanda. Que no lo haga en condiciones rentables dependerá, como en cualquier otra empresa, de sus costes de producción, de sus mejoras tecnológicas, de su organización, de su estructura, de su gestión. Es claro que, en los momentos actuales, conseguir financiación no es fácil. Pero, con las condiciones de Sniace, si se lucha adecuadamente por ello, es una apuesta con visos de ganarse, y es el reto que tiene Mezquita delante.

La última manifestación iba encabezada por la pancarta “Sniace luchando, acabará ganando”. Parece un presagio. Además la portaban mujeres jóvenes y veteranas. Todo un símbolo. Detrás, relegada a un segundo plano, la del Comité, esa pancarta del “otra vez”, que produce sensación de cansancio y resignación. El mensaje de lucha pasaba al primer plano, dejando atrás el cansancio y el conformismo.

No puede haber otro ERE sin compromisos de futuro. Por mucho que lo tema ya cierta parte del Comité y lo repita machaconamente, por mucho que la empresa hable de ello como un mal menor. De momento no lo ha anunciado. Y las trabajadoras y trabajadores no lo van aceptar, no se van a quedar de brazos cruzados. Estamos seguros. De momento, empiezan a orientar su presión hacia la empresa, una semana de huelga y una “visita” a la Junta de Accionistas. Será sólo el principio, si no se producen avances.

La responsabilidad del Comité, a partir de ahora, es mantener unida a la plantilla, y eso se consigue informando puntualmente y con objetividad, y dando oportunidad a que la gente hable serenamente y decida. El Comité no puede cargar en solitario con la responsabilidad de tirar del carro. Tampoco puede salir a dar la cara cuando debería hacerlo la empresa. Por su propia conveniencia. Y porque la verdadera fuerza del Comité está en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y no en la condescendencia con la Dirección.

SNIACE EN LA ENCRUCIJADA

¿Y ahora qué?

El Comité de empresa de Sniace ya ha conseguido aquello por lo que llevaba tiempo suspirando: una reunión a tres bandas. ¿Y cuál ha sido el resultado?

El resultado es que, quienes debían sentir sobre sus espaldas todo el peso de la presión se siguen yendo de rositas.

El que en la reunión no se concretase nada era de esperar. Hay, en el Comité, gente veterana que debería tener claro esto. Es más, tal como parece que se ha desarrollado el encuentro, se podía, incluso, aventurar que Diego y Blas Mezquita van de la mano. Que están demorando la respuesta de común acuerdo, sin importarles la situación de los trabajadores e, incluso, esperando que éstos se cansen de zapatear por las calles. Nos hablan de avances que nadie ve. Porque la empresa no es algo abstracto. Cuando los políticos y los sindicatos hablan de las empresas en abstracto es cuando nos quieren vender aquello de que “lo importante es que la empresa siga”, aunque sea con la mitad de la plantilla. No, señor Diego, los trabajadores y trabajadoras de Sniace no tienen ahora más futuro” si sus puestos de trabajo siguen en peligro. Es más, se empiezan a temer lo peor. ¿De qué futuro y de qué empresa nos habla Ud.?

La reunión hubiera servido para algo si, por lo menos, cada parte hubiese puesto en claro su postura, de forma que ahora sabríamos todos a qué atenernos. Algunos pensábamos que Diego iba a poner sobre la mesa lo conseguido por el Gobierno, fuese poco o fuese mucho, lo posible, y que la pelota quedaba únicamente en el tejado de Mezquita. Pero no ha sido así. Decididamente, van de la mano. No es casualidad que fijen la próxima reunión para cuando los trabajadores tienen pensado hacer huelga. Mezquita, cuando aparece (que no es a menudo), sigue campando a sus anchas. Como si no fuese él quien ha cerrado la planta de Viscocel y ha mandado a la gente al paro. Algún día llegará en que el Comité se caiga del burro y se lamente del colchón que viene otorgando a Mezquita. Visto desde fuera, esta actitud no tiene explicación.

O sí.

Una parte del Comité, quizás influenciado políticamente más de lo debido, está haciendo el juego al PSOE. Todo lo que perjudique al PP le vale. Otra parte, cercana al PP, creyó, al principio, que, metiendo al Gobierno Regional por medio, le brindaba la oportunidad de que éste se apuntase un  tanto. Y, si esto no se producía, los “seguidores” del PSOE se estrellarían, lo cual, también, a ésta segunda parte le valía. Unos y otros miraban, pues, en la misma dirección, aunque con intención distinta: Peña Herbosa, la sede del Gobierno, el despacho de Diego. Diego sería el salvador o el culpable.

Pero, a Mezquita, ni nombrarle. Unos y otros han creído todo lo que dice, empezando por los datos de la memoria del ERE, dándolos por buenos, como si realmente lo del céntimo verde fuera el problema, sin exigirle resultados en su gestión  empresarial en todo este período, creyendo las milongas de que los inversores, “sin saber por qué”, iban y venían, sin dar explicaciones. Lo mínimo que se le debe exigir a un empresario cuando lo que necesita la empresa es inversión es que busque financiación. Pero no, El Presidente de Sniace no aparece en los discursos del Comité. Es más, “inocentemente” (algunos dirían que de inocentemente, nada), se ha convertido en su portavoz, casi diríamos que en su defensor. Sólo así se explica la vehemencia con que saltan algunos cuando otra parte del Comité insinúa que los tiros hay que dirigirlos, ante todo, hacia la empresa.

Pues bien. Hay que hacer balance. Se ha conseguido la tan ansiada reunión pero, ni tan siquiera hemos obtenido un no por respuesta. No nos permiten siquiera que nos cabreemos. Sólo esperan que nos cansemos. Diego y Mezquita son muy cucos. Y algunos miembros del Comité “los tienen de grandes como el caballo de Santiago”.¿Seguimos esperando? ¿Por qué dejar para final de mes esa semana de huelga que puede ser la primera gran verdadera presión para empresa y Gobierno? Reconozco que, opinar, desde fuera, es fácil. Pero contemplar cómo una plantilla se puede romper, separando a los que trabajan de los que están en paro, es muy preocupante.

Si el Comité no se pone de acuerdo sobre esto, modestamente, creo, debería llevarlo a la asamblea y debatirlo pausadamente, de forma que sean los trabajadores y trabajadoras quienes asuman su responsabilidad y decidan. No limitarse a informar. Forzar a que la gente opine y se comprometa ¿O es que alguien no piensa, porque esté trabajando, que se le avecina un futuro muy negro si dejamos que la empresa y el Gobierno decidan según sus planes?

PEOR QUE UNA DERROTA ES UN MAL ACUERDO

Han llegado a lo que “todos” esperaban y muchos nos temíamos: un mal acuerdo sobre las pensiones.

Un mal acuerdo, esperamos, lo reconozcan los propios UGT y CCO ya que, después de haberse tirado semanas enteras “negando la mayor” de las argumentaciones del Gobierno, al final, han renunciado a defender sus argumentos como sabemos hacerlo los trabajadores… y han “tragado”.

Según la Academia, además de la definición más técnica de tragar como el paso del alimento de la boca al estómago, tragar también lo define como: “dar fácilmente crédito  a una cosa, aunque sea inverosímil”, “soportar o disimular algo desagradable” “acceder, sin convicción, a una propuesta”.

Digan lo que digan, UGT y CCOO han tragado. Nos han querido dar a entender que no abrían, siquiera, la boca, pero, en realidad, estaban ensalivando disimuladamente la propuesta del Gobierno para poder digerirla mejor. Pero, a quienes les observábamos, viéndoles, no se nos hacía la boca agua. Antes, al contrario, cada vez se nos secaba más.

Porque han llegado a un acuerdo a sabiendas de que la reforma propuesta por el Gobierno “no va a solucionar el principal problema que tiene la economía española”: el paro. A sabiendas de que la reforma “supone globalmente un recorte puro y duro del gasto en pensiones o, lo que es lo mismo, una rebaja de éstas”. A sabiendas de que “muchos trabajadores y trabajadoras no van poder llegar a cumplir los requisitos mínimos exigibles para tener derecho a una pensión. A sabiendas de que “no falta dinero” para atender las necesidades de la población, sino que “sobran ladrones”, especuladores, ventajistas.

Y, todo ello, dicen, para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan garantizado, en su momento, el acceso a una pensión. Al menos, eso es lo que argumenta el Gobierno. Pero no salen las cuentas. El último argumento, cuando se les apura, es que “lo exigen los mercados”. Y se quedan tan panchos. Echan por tierra todo el edificio de su democracia. De nada sirve que elijamos a nuestros gobiernos si éstos sólo van a escuchar a quienes no les han votado.

Un mal acuerdo para UGT y CCOO, aunque les sirva para pasar el trago de verse obligados a convocar otra huelga general que no querían, menos aún, que la del 29-S. Sí les ha servido, por el contrario, para recuperar cierto protagonismo en los medios empresariales de la desinformación, aunque esto sea pan para hoy y hambre para mañana, ya que dichas empresas les darán una patada en el culo si se plantean, alguna vez, llevarles la contraria y defender, de verdad, los intereses de los trabajadores.

“Gana España con este acuerdo”, se están apresurando en decir los voceros de turno. Pero perdemos los españoles y españolas. España no existe, salvo si se la considera un pedazo de tierra. Lo demás son entelequias. Ni es grande, ni una ni libre. Se ha demostrado palmariamente en los últimos tiempos. Vuelve a quedar claro que, al menos, hay dos españas, la de los que trabajamos y la de los que se aprovechan de nuestro trabajo, la de quienes deciden y la de quienes tenemos que acatar. Cuando se habla de sacrificios sólo se refieren a esta última. A la otra, la de los banqueros, la de los parásitos y especuladores, ni la nombran.

Para nosotros es un acuerdo nefasto. Estamos perdiendo empleo, perdemos poder adquisitivo, perdemos parte de nuestras pensiones. Y quieren que perdamos más derechos.

Un mal acuerdo es peor que una derrota. Tras una derrota siempre queda la esperanza de recuperarse y volver a luchar por lo que uno cree que es justo. Tras un mal acuerdo, quien lo firma queda obligado a defenderlo, aunque lo considere injusto.

Los trabajadores y trabajadoras necesitamos otra forma de hacer sindicalismo, porque la que practican estos sindicatos ya no da más de sí, y no nos está trayendo más que conformismo y resignación.

CON DOLOR DE CORAZÓN

Como dirían algunos, “estemos siempre con las víctimas”.

Lo que ha ocurrido estos días en los aeropuertos españoles no tiene nombre. Los controladores aéreos han utilizado a las víctimas como rehenes ante el Gobierno y éste como arma arrojadiza en su lucha particular con los controladores. Y ha sido verdaderamente lamentable. Y es, de todo punto, comprensible el enojo y la rabia con que, casi todas esas víctimas, se expresaban.

Pero, ahora, que la cosa parece que empieza a normalizarse, con dolor de corazón todavía, pero, sobre todo, con la mente algo más fría, creo que es pertinente poner algunas cosas en su sitio.

Los ciudadanos y ciudadanas víctimas no han podido ejercer su derecho a viajar en avión. Es cierto. Pero sí han ejercido su derecho legal a tener vacaciones, porque su derecho ha sido respetado por sus respectivos empresarios, cosa que no ocurre frecuentemente. En ese sentido, han sido unos privilegiados. Porque no son, por mucho que nos hablen de cientos de miles de afectados, la mayoría de los trabajadores de este país, sino que, más bien, son muchos más quienes no tienen derecho a vacaciones, son una inmensa mayoría quienes no tienen vacaciones que disfrutar, en estas fechas y, más aún, quienes no pueden siquiera plantearse volar a destinos lejanos.

La jornada anual de trabajo, las vacaciones y los días de descanso de cada trabajador vienen regulados, con carácter general, por el Estatuto de los Trabajadores, donde se establecen unos derechos mínimos y unas obligaciones máximas para los trabajadores, y unos derechos máximos y unos deberes mínimos para los empresarios. Las cosas como son. Y, con carácter particular, esos temas se regulan por los convenios colectivos que, en una sociedad, en que, se dice, que “empresarios y trabajadores son libres para hacer valer, por igual, sus derechos”, esos acuerdos adquieren fuerza de ley.

Según el Estatuto, el calendario laboral se elaborará anualmente, de forma que el trabajador sepa, a principio de año, qué días tiene que trabajar y cuáles puede descansar. Porque no nos contratan para que estemos a disposición todas las horas del día y todos los días del año. También establece cuál será la jornada máxima diaria y el tiempo mínimo que debe mediar entre jornada y jornada. En función de todo esto y de la jornada anual pactada, quedará perfectamente determinado cuáles y cuántos días son de trabajo y cuáles y cuántos lo serán de descanso semanal o vacaciones. A los controladores aéreos no se les han respetado ninguno de estos derechos. No se ha respetado lo pactado en convenio, se les ha aumentado unilateralmente la jornada, no se les han respetado los días de descanso y se les ha querido obligar a hacer horas extraordinarias, entre otras irregularidades. Y, todo ello, sin tener en cuenta la responsabilidad que comporta su trabajo.

A las víctimas del parón de los aeropuertos se les ha respetado su derecho a tener vacaciones. En ese sentido, estaban en una situación más favorable que los controladores, aún a pesar de no poder viajar en avión.

El Estatuto de los Trabajadores establece, asimismo, que las horas que excedan de la jornada pactada, serán extraordinarias y siempre, repito, siempre serán voluntarias. El día 3 de diciembre, la mayoría de los controladores ya había cumplido la jornada anual, incluso la impuesta, mediante Decreto, por el Gobierno. No obstante, el Gobierno pretendía, mediante otro Decreto, obligarles a hacer horas extraordinarias. Y los controladores se plantaron.

Hasta aquí, los hechos.

Por eso, a pesar de que ganen mucho dinero, a pesar de la campaña general orquestada para que la gente se les eche encima, olé! por unos trabajadores y trabajadoras que se deciden  a defender sus derechos, poniendo en riesgo su propia comodidad. Hemos perdido, hasta tal punto, nuestra dignidad y la conciencia de lo que vale nuestro trabajo que, en vez de luchar por conseguir los mejores salarios y las mejores condiciones de vida que merecemos, condenamos a quienes lo hacen, poniendo, repito, mucho en juego.

No son, por otra parte, los controladores ningunas hermanitas de la caridad. Ni tienen por qué serlo. Cada uno defiende lo que cree que le pertenece. ¡Ojalá todos lo hiciéramos! Sabemos que las plantillas son escasas, que ello ocasiona el que se tengan que hacer muchas horas extraordinarias, que los controladores las hacen, habitualmente, con gusto, porque las cobran muy bien. Pero eso no quiere decir que se les pueda obligar a hacerlas. Porque en el momento en que el Gobierno dictaba su Decreto no había emergencia que atender. Porque la emergencia se produjo después, con el parón de los controladores y el caos, y no antes, cuando el Gobierno dictó el Decreto. Quiere decir que el Gobierno actuó irresponsablemente primero y que no puede irse de rositas en todo el asunto.

Sabemos también que, además de controlar el tráfico aéreo, controlan celosamente la entrada de controladores nuevos. Y que, parece, también, que lo hacen con métodos descaradamente corporativistas.

Pero, lo mismo que sabemos nosotros todas estas cosas, el Gobierno también las sabía. Y ese es el fondo de la cuestión.

 En lugar de atajar realmente el problema, lo ha dejado pudrirse, ha esperado a que la gente cogiese las maletas y marchase a los aeropuertos, y ha lanzado su órdago. El Gobierno, en estos ocho meses, podía haber completado las plantillas y evitar que se tengan que hacer horas extraordinarias. Y podía haber arrebatado de las manos de los controladores el control del procedimiento de acceso a las vacantes que se produzcan para que cualquiera, libremente y en igualdad de condiciones pudiera acceder a ellas. Podía haber solucionado el problema. Sin embargo, ha preferido el caos, siendo consciente de que se iba a producir lo que se ha producido: llevar el Ejército a los aeropuertos. Todo ello, sabiendo que tenía las espaldas guardadas, que el escándalo de su decisión iba a ser amortiguado por los medios de comunicación con su sucia labor de pedir servilmente el linchamiento de los “salvajes” controladores, desviando, así, la atención de los ciudadanos y encubriendo su responsabilidad.

¿Qué ha pretendido, con ello, el Gobierno? Simple y llanamente “aligerar carga” para vender mejor, con más facilidad, el servicio aéreo, al mejor postor o a cuatro amigotes. El Gobierno no quiere que se completen las plantillas. Pero tampoco pagar horas extraordinarias. Sin completar las plantillas y despidiendo a los controladores díscolos, la oferta de privatización será mucho más atractiva para los inversores. Si privatizar servicios esenciales está demostrado que repercute negativamente en la calidad de los mismos, hacerlo, además, con estas artes es, de todo punto, inadmisible. Ante esto sí nos deberíamos movilizar todos.

Y, lo que es más importante: el Gobierno quiere dejar claro que no va a permitir que nadie se le suba decididamente a las barbas. Rubalcaba dixit. El estado de derecho sólo rige para los gobiernos, no para los ciudadanos. Una de las cosas que más pudo llamar la atención, en la tarde-noche del viernes, fue ver a los privilegiados que suelen tener un micrófono delante y largar, sin control, por la boca (y cobrar bien por ello) cómo les salía la rabia a borbotones, al verse sorprendidos, tocados en su orgullo y suficiencia por la “insolencia” de unos trabajadores asalariados, privilegiados, pero asalariados, al fin, de esos que no pueden escaparse de Hacienda, como seguro que hacen tantos otros por ahí.

Es hora ya de que demos la espalda masivamente a esos pontífices que, a diario, y a todas horas, nos machacan la cabeza para que acabemos pensando que lo que nos oprime es lo mejor que nos pudiera pasar.

RECORTE DE DERECHOS Y/O PÉRDIDA DE PROTECCIÓN

El presidente Zapatero, en los últimos tiempos, intenta, con juegos de palabras y atrevidas metáforas, maquillar realidades difíciles de defender desde una acción de gobierno seria y más difíciles de entender por parte de los votantes. La última, calificar la formación como trabajo, es un ejemplo de ello. No ha dicho que la formación sea una actividad que, indiscutiblemente, lo es. Sino que la ha equiparado con el trabajo productivo que, indirectamente, puede serlo, puesto que la formación contribuye a que el sujeto sea más capaz de desarrollar ciertas funciones productivas. Pero lo ha hecho con una sola intención, ocultar las cifras de desempleo: un parado que está formándose ya no es un parado porque está “trabajando”, y no debe, por tanto, estar incluido en las listas del paro ni contar en las estadísticas. La reacción general ha dejado en ridículo estar burda operación y muchos la han calificado de cínica.

Sin embargo, otra aseveración de las ocurrentes que tiene el presidente, ha pasado extrañamente un tanto desapercibida, aunque, no por ello, sea menos grave. La de que la Reforma Laboral aprobada no contiene recorte de derechos. Y lo ha dicho con tono retador, como emplazando a que se le demuestre lo contrario. Y, por supuesto, lo ha dicho con la media sonrisa y la desfachatez a que nos tiene acostumbrados.

El trabajador no tiene derecho al despido con indemnización. Tiene derecho a que se cumpla su contrato. Y la indemnización es una penalización al empresario por su incumplimiento y una compensación al trabajador por dicho incumplimiento. El despido es lisa y llanamente un incumplimiento de contrato. No hay que olvidarlo.

El denominado Derecho del Trabajo nace en el siglo XIX como una necesidad de proteger al trabajador frente a los abusos del empresario propietario de la empresa. Sin entrar a valorar la actuación de este o aquel empresario, parte ese Derecho del reconocimiento general de que el trabajador está en inferioridad de condiciones a la hora de contratar sus servicios con un empresario determinado. El principio liberal de que trabajador y empresario son libres para contratar o no en el mercado laboral, ya en esa época empezaba a chirriar, dejando en evidencia la falacia de tal afirmación. Y, como eran momentos en que el desarrollo galopante de la industria manufacturera requería de mucha mano de obra, y estaban resultando insuficientes las medidas encaminadas a que los trabajadores se incorporaran masivamente a las fábricas, los poderes económicos aceptaron la implantación de una serie de limitaciones a la actividad del empresario, encaminadas a proteger, en alguna medida, al trabajador y así ganar su confianza.

El Derecho del Trabajo es una rama especial del derecho, regula sólo una parte de las relaciones sociales, las relaciones de producción. Y lo hace con unas características muy específicas. Parte del derecho del trabajador al trabajo para pasar, de hecho, a la obligación, de trabajar. A la necesidad imperiosa de trabajar. Hoy ya nadie se cree esa igualdad contratante del trabajador ante el empresario. Y, lógicamente, se convierte en un derecho proteccionista del trabajador ante esa obligación-necesidad. Trata de “recompensarle”, mediante ciertas protecciones, por esa obligación impuesta de trabajar.

Los “derechos de los trabajadores” son protecciones ante los empresarios, dueños y señores de sus empresas, ante sus desmanes y ambición o, simplemente, ante su necesidad o su “derecho legítimo” de obtener los mayores beneficios posibles. Recordar estas cosas, a una parte de la opinión, reflejada en los medios de comunicación, lo tildan de anacrónico. Hace unos días, ciertos comentaristas rechazaban que la monarquía fuese algo anacrónico por el mero hecho de que es algo recogido en la Constitución. Sin embargo, hablar de explotación, de los derechos de los trabajadores, denunciar la indefensión en que se encuentran sí lo consideran anacrónico, aunque el derecho al trabajo también sea algo recogido en la misma Constitución.

Es cierto que la sociedad y la situación de los trabajadores han evolucionado. En parte, debido a la lucha y organización de los trabajadores. Pero no siempre a mejor.

Puede que la lista de derechos se haya engrosado con el paso del tiempo. Pero los derechos escritos, como todos los derechos, en la práctica, se pueden convertir en papel mojado, dejando, de hecho, en este caso, al trabajador sin la protección que teóricamente ese derecho dice sancionar. No importa tanto tener muchos derechos cuanto la posibilidad de ejercerlos. Puede que un derecho, como tal, siga vigente, pero la falta o merma de los medios necesarios para poder defenderlo lo convertirán en papel mojado. El efecto disuasorio de la indemnización es uno de esos medios. Sabe bien Zapatero que la rebaja de la indemnización, y, más aún, el que parte de la misma sea pagada por todos nosotros, facilita que el empresario incumpla su contrato y despida con menos coste. Decir, por tanto, que la Reforma no recorta derechos, sabiendo que el trabajador pierde protección ante su despido, es una muestra más del malabarismo con las palabras a que se ha aficionado el presidente, cuando no una muestra de descarado cinismo.

El abaratamiento del despido y otras reformas sí están suponiendo que el trabajador esté, cada vez, menos protegido ante su situación de inferioridad, aún en el supuesto de que las sucesivas reformas o, al menos, ésta no suprimiese ningún derecho.

A LOS PIQUETES: ¡CAÑA!

En las vísperas de la Huelga General, los piquetes han sido tema central en muchas de las tertulias de los medios.

Primero se trataba de presionar a las autoridades, digo yo, para que tomasen medidas, sin darse cuenta de que, en realidad, estaban metiendo el miedo en el cuerpo a los indecisos. Lo cierto es que se creó un caldo de cultivo para que las reacciones fuesen varias. Los tertulianos contrarios a la huelga (eran todos) no se daban cuenta que metiendo miedo a quien no iba a secundar la huelga, en realidad estaban ejerciendo involuntariamente de piquete preventivo, pues más de uno o una, por miedo a los piquetes, optaría por quedarse en casa.

Y, pasada la huelga, a la hora de hacer valoraciones, los piquetes seguían siendo el tema central. Los mismos tertulianos achacaban a los piquetes no se sabe bien si el éxito o el fracaso de la jornada de lucha. La huelga había sido un fracaso, decían, pero su éxito se debía (¿en qué quedamos?) a que muchos trabajadores no habían podido ejercer libremente su derecho a trabajar por las coacciones de los piquetes. ¿De qué derecho a trabajar estamos hablando? ¿Del derecho de los parados a tener un empleo, quizás? ¿O, más bien, de tener el privilegio de poder trabajar en tiempos de crisis?

Ellos, los tertulianos, sí que han sido un “piquete informativo”. Bueno, un piquete sí, por aquello de ser un grupo claramente organizado. Lo de informativo sería por aquello de que se presentan como periodistas. Pero, en realidad, informar informar, han informado poco. Se han limitado a dar opiniones interesadas. Que la Reforma Laboral es imprescindible es una de ellas. Todavía no ha habido nadie que nos diga, a cara de perro, por qué o para qué, en verdad, es imprescindible.

Otro tipo de piquete “informativo” lo han constituido muchos empresarios que, seguro que también organizadamente, con consignas claras, han tratado, por todos los medios, de que los trabajadores y trabajadoras ejerciesen “libremente” su derecho a hacer huelga: “Si mañana haces huelga, pasado ya no vengas”. Sería difícil probar estas coacciones ante un tribunal, pero daría lo mismo, porque estas coacciones no son delito. Ni siquiera, para todos esos opinadores, se trata de una coacción. Es el derecho del empresario. El empresario es muy dueño de despedir a sus trabajadores. Y, ahora, más, con la Reforma Laboral aprobada. Que le despidan a uno es menos coacción que a alguien, por ejemplo, le pinchen las ruedas del coche, dicen. Esto es violencia. Aquello “cosas de la sociedad en que vivimos.

Otro piquete “informativo” lo han constituido los guardias de la porra. No protegían a los huelguistas en su derecho constitucional porque “no habían recibido órdenes” para ello. Y ellos son unos “mandaos”. Sólo reciben órdenes de proteger a los “ciudadanos de bien” de los trabajadores energúmenos. Y ha habido huelguistas agredidos, de palabra y obra, apaleados.

A todos estos piquetes es a los que hay que dar caña.

La última sobre los piquetes es que, con todos los medios que hay hoy para informar, los piquetes informativos ya no tienen razón de ser. Que no hace falta regularlos. Que sobran. Que los trabajadores están superinformados. Se pasan de listos cuando dicen esas cosas. Enmiendan la plana hasta al mismo Tribunal Constitucional que reconoce que los piquetes son consustanciales al derecho de huelga, que los trabajadores tienen el derecho, no sólo a informar a sus compañeros, sino a intentar convencerlos para que la huelga se extienda. Olvidan o, mejor, ignoran, porque esas cosas no van con ellos, que la principal información que transmiten los piquetes no son tanto las razones de la huelga, que también, sino que hacen saber a los trabajadores indecisos que hay muchos compañeros y compañeras en huelga defendiendo los derechos propios, y que también defienden los suyos. Que, si hacen huelga, los compañeros y compañeras les van a arropar. Y que, con su acto, se sumarán a otros muchos que, como ellos, protestan por las agresiones del patrón, de la policía, del gobierno. Porque todos pertenecen a la misma clase.

De esto, los tertulianos no hablan, no entienden. En el fondo, están considerando la solidaridad un delito o, al menos, algo trasnochado. Ellos forman un gremio, pero es de rebote, no son solidarios, no se sienten miembros de una clase. Se han mofado de que algún sindicalista calificase a los piquetes como “convencitivos”, y no tanto por la palabreja, sino porque ellos son los primeros que no entienden de convencer pacífica y libremente a quien no piensa como ellos. A las pruebas de toda la campaña mediática antihuelga me remito.

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS

Hace días, el PP proponía que se prohibiesen las huelgas durante la negociación de los convenios. ¿Cómo iban a hacer valer sus pretensiones los trabajadores? ¿a base de brillantes discursos? Aunque parece que el Partido Popular ha dejado que el tema se olvide, la pregunta es, cómo el PP se atreve a hacer tal proposición.

Los trabajadores nos escandalizamos cada vez que nos dicen que han reformado “el mercado de trabajo” (mejor habría que decir “el mercado de trabajadores”). Repasamos cada una de las medidas que nos anuncian y criticamos que sean peores que las de la reforma anterior y, en todo caso, con resignación, nos aventuramos a decir que se podían haber aprobado otras medidas menos malas, pero malas, al fin. Parece, cada vez, que el grado de resignación ha llegado al máximo posible. Hablamos, cada vez, del mayor recorte de la historia. Pero, la experiencia dice que no. Que nos pueden apretar más aún.

La actual Reforma aprobada, entre otras cosas, deja abiertas puertas muy anchas para que el despido sea, no sólo más barato, sino que se cebe con los trabajadores fijos. Despedir a todos los eventuales que al sistema, en este momento, le ha venido bien, ya se ha hecho y sin problemas. Ahora, la ofensiva se dirige hacia los fijos. Con una serie de datos, que le norma aprobada enumera con suficiente ambigüedad para justificar un despido con veinte días de indemnización por año, la última palabra queda en manos del juez que ni sabe, ni tiene que saber, ni cuenta con medios para ello, si los datos son verídicos, si son fiables y si en realidad reflejan un panorama que justifique los despidos que le pongan sobre la mesa. Y, a día de hoy, la mayoría de los jueces “han tragado” la máxima de que es mejor tirar lastre antes que el barco se hunda, que es mejor preservar los puestos de trabajo restantes que dejar que se pierdan todos. Y se quedan tan tranquilos. Para ellos no hay dramas personales ni familiares del despedido. Y habrá despidos como churros.

Y, encima, parte de esa reducida indemnización no la va a pagar el empresario sino que la vamos a pagar entre todos.

La pregunta, por tanto, no es sólo por qué el PP se atreve a hacer esa propuesta a que aludíamos, sino cómo podemos tolerar que las actuales medidas sean aprobadas, cómo toleramos las anteriores y si vamos a tolerar las que vengan.

Posiblemente porque cada uno hace las valoraciones individualmente y calcula en cuánto le puede afectar tal o cual medida y si podrá soportarla. Y, sobre todo, porque nos comparamos con quien está peor que nosotros y, al final, consideramos que lo que perdemos con cada medida es un mal menor que tenemos que soportar si no queremos perder el resto. La comparación es la clave del conformismo.

No estamos acostumbrados a ver todo esto como un proceso, y la clave está en darnos cuenta de que lo es, y la preocupación debe ser saber a dónde ese proceso nos lleva.

Lo que estamos viviendo no es cosa de la última crisis ni de la nefasta gestión que los políticos del gobierno y la oposición están haciendo de la misma. La cosa viene de lejos.

Llevamos muchos años de reformas laborales y, con cada reforma, no sólo hemos perdido unos derechos concretos. Hemos perdido la posibilidad de defendernos. Porque lo grave no son los recortes (que lo son), sino por qué se han producido. Y se han producido porque la mayoría de trabajadores y trabajadoras, con los sindicatos UGT y CCOO al frente, hemos ido perdiendo argumentos con que responder a los empresarios, a los banqueros, a los gobiernos. Hemos asumido inocentemente y sin apenas rechistar que para que haya empleo hay que dar facilidades al empresario para que arriesgue menos, hay que aceptar flexibilidad en las leyes, hay que renunciar a la seguridad y a la salud. Hay que aceptar rebajas salariales para que gane más. Hemos confiado todo “al diálogo y la negociación”. Y así hemos llegado a donde estamos. Lo verdaderamente grave es todo el proceso. Hemos aceptado cómodamente quedarnos en casa, hemos dejado de movilizarnos. Hemos aceptado que nos desunan. Hacemos cálculos sobre el salario que vamos a perder con una huelga y no tenemos en cuenta lo que vamos a perder si no nos plantamos. Tenemos miedo a que nos tachen de políticos cuando pedimos huelgas generales como si los políticos no fuesen también responsables del paro y de los recortes. Tragamos ahora dócilmente los argumentos contra la Huelga General convocada para setiembre, sin darnos cuenta de que se trata de una campaña perfectamente orquestada, financiada por quienes tienen el dinero, que son quienes mantienen en sus puestos a los políticos, a los sindicalistas que se sientan a negociar y a “desinformadores” de los medios de comunicación. Y seguimos creyendo que estos medios son neutrales y objetivos y nos escandalizamos ingenuamente cuando descubrimos sus mentiras.

Vamos cuesta abajo y sin frenos. ¿Hasta cuándo?

PP ILEGAL

El Partido Popular no sólo no condena el régimen fascista de Franco, el levantamiento violento contra un sistema democrático, legítimamente constituido, sino que trata, con su política, de suceder, fraudulentamente, reinstaurar, por la vía de los hechos y de sus propuestas, aquél ignominioso régimen que tantas víctimas, tanto sufrimiento y dolor produjo durante la guerra y los cuarenta años de dictadura.

Si esto no es motivo para que se le aplique la Ley de Partidos, si quien tiene competencia para ello no solicita que se le aplique, se nos seguirá dando la razón a quienes pensamos que dicha Ley  sólo ha sido establecida para combatir, más allá de la violencia de ETA, un problema político, como es el que supone que una parte del pueblo vasco luche por su independencia, y que, en realidad, la Ley no trata de combatir la violencia y de ilegalizar a quienes tan rotundamente la ejercieron, ni persigue a quienes, por otras vías, tratan de sucederles.

Ahora le toca al derecho de huelga. El PP quiere que se prohíba la huelga en tiempo de negociación de los convenios colectivos. Igual que en la dictadura.

Los trabajadores tenemos, al menos en teoría, dos formas de defender nuestros derechos y de luchar por mejorar nuestras condiciones de vida: acudir a la Autoridad y a los Tribunales para hacer que se cumplan las leyes y los acuerdos (y no siempre lo conseguimos), y presionar, en la negociación, mediante la huelga, para conseguir un reparto más justo de la riqueza que generamos. Ese es el fin por el que los trabajadores “entramos a negociar” convenios colectivos. ¿Y qué negociación se puede dar entre dos partes en que una tiene toda la fuerza y la otra ninguna? ¿Qué otra cosa, que no sea imposición, se puede dar entre quien tiene la necesidad imperiosa de trabajar para sobrevivir y quien puede negarle esa posibilidad?

En la negociación, el empresario se presenta como amo de la empresa, de los medios de producción, del empleo. Al trabajador sólo le queda afirmar que es dueño de su fuerza de trabajo y actuar en consecuencia, ejerciendo, si es preciso, su derecho a la huelga. Al trabajador no le queda más arma que negarse a prestar esa fuerza de trabajo, negarse a trabajar como forma de presión, eso sí, perdiendo el salario de los días de huelga. La huelga siempre es costosa para los trabajadores pero, las más de las veces, es inevitable, dada el ansia desmesurada del empresario por obtener siempre más beneficios.

Decir estas cosas, con claridad, es tachado hoy de trasnochado y regresivo. Pero la realidad es la que es. Lo demás es cinismo puro y duro. Negar el derecho a presionar, durante la negociación del convenio, con la huelga, es negar, en último extremo, que el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo. Este es el verdadero fundamento del derecho de huelga. Y lo que el PP propone no sólo es preconstitucional, sino que es remontarse al régimen de esclavitud, en que los esclavos, su vida y su trabajo, eran propiedad de su amo. Pretender negar este derecho fundamental a quien, por lo demás, representa a la mayoría de la población, es pretender instaurar un régimen de esclavitud y represión generalizada propio de las dictaduras que todos decimos condenar. Hasta los empresarios se escandalizarían si se les tachara de amos de esclavos.

La pregunta, con todo, es ¿por qué el PP se atreve a plantear siquiera esta cuestión?

IÑAKI NO ENTIENDE

La otra noche, Iñaki Gabilondo, en el programa que tiene en CNN+, repetía su asombro porque el Gobierno no estaba explicando debidamente a los trabajadores por qué la Reforma Laboral era necesaria. Repetía machaconamente: “no entiendo, no entiendo, se está perjudicando a sí mismo”. Y lo acompañaba con una expresión de ingenuidad e inocencia con la que, a más de uno, habrá convencido de que, efectivamente, el Gobierno debería explicar mejor… lo inexplicable.

Porque inexplicable es para el Gobierno aprobar un Reforma que sólo contiene concesiones para los empresarios y decir que es por el bien de los trabajadores. Los sindicatos han acudido a las negociaciones sin pedir nada en concreto e intentando, como mucho, ceder lo menos posible. Es cierto. La Patronal, sin embargo, sí tenía claro lo que quería. Por eso salía sonriente de esa última reunión maratoniana. Porque sabía que el Gobierno, por decreto, iba a atender sus reivindicaciones, "iba, por fin a gobernar", como si gobernar fuese sinónimo de perjudicar a la mayoría de la población. Y si no lo hacía de una sola vez, lo iría haciendo, paso a paso.

Porque, quizá el asombro de Iñaki provenga de que no está enterado o de que está ocultando lo que sabe. Quizá no sabe o no dice que el Gobierno pretende meternos su Reforma en dosis, para que el efecto no sea tan brusco.

El Gobierno ha dado el primer paso. En cuatro días, en conversaciones con los grupos parlamentarios, ha ido “mejorando” el proyecto en beneficio de los empresarios y, a medida que pase el tiempo y las negociaciones, cada vez se va a parecer menos a la propuesta inicial. Ya UGT y CCOO le acusan de no haber descubierto todas sus cartas desde el principio. Y, en la tramitación del proyecto de ley, irá accediendo a las pretensiones del PP, de CiU, del PNV, de Rosa Diéz, que están “dispuestos a negociar” si se les admiten algunas de sus propuestas para “mejorar” el proyecto, todas ellas en la misma dirección: más facilidades para el despido, desmantelamiento de la negociación colectiva, posibilidad de incumplir lo firmado en los convenios, etc. Y, por otro lado, vuelve el tema de las pensiones, de la reforma del sistema, del retraso de la edad de jubilación, de modificar la fórmula de cálculo, de forma que las pensiones resulten más bajas… Y, todo ello, sumado al recorte, ya aprobado, de los salarios de los empleados públicos y la congelación de las pensiones. Como con el Decreto de recortes se encontró solo, pretende ahora alcanzar el máximo consenso posible a base de hacer concesiones.

Quizá sea por esto, porque, en el otoño, el malestar pueda llegar a ser mayor, por lo que UGT y CCOO han aplazado, para entonces, su convocatoria de Huelga General. Porque albergan la esperanza de que la respuesta del conjunto de los trabajadores y trabajadoras vaya a responder mejor que lo han hecho los empleados públicos, y así salvar la maltrecha cara que les ha quedado por el desplante de sus afiliados favoritos y recuperar cierta fuerza para volver a sentarse a la mesa de negociación. Pero, no nos engañemos, ellos no van a poner nada de su parte para que esa respuesta sea un éxito. Tratan, únicamente, de aprovechar unas circunstancias que puedan serles  más favorables para sus intereses particulares.

El Gobierno no puede decir abiertamente que la Reforma sólo pretende reducir los gastos de los empresarios y que no sabe hasta dónde ha de llegar para satisfacer las exigencias de éstos. De hecho, la patronal ya ha dicho que esta Reforma no es suficiente. El Gobierno no puede decir que a menos renta de los trabajadores, habrá menos consumo, menos actividad y más paro. Pero sabe que va a ser así. El Gobierno no puede decir que la Reforma poco o nada tiene que ver, por tanto, con la solución a la crisis. El Gobierno no puede confesar que la Reforma es un negocio puro y duro, un regalo para los empresarios a costa de los trabajadores y trabajadoras.

¿Es esto lo que, de verdad, Iñaki no entiende y quiere que se lo expliquen? ¿No debería mejor no entender cómo, machaconamente, se nos está ocultando o tratando de que olvidemos, cuáles son las causas de la crisis, quiénes la han provocado, por qué no se han adoptado medidas para evitar que se vuelva a producir? ¿Por qué no se está dando ningún paso para controlar la actividad de los bancos, para evitar que concedan créditos sin fianza, para que no se vendan títulos sin garantía, para perseguir los paraísos fiscales, para destapar el secreto bancario, para desacreditar a las agencias de calificación, verdaderas voceras de interesadas mentiras sobre la economía de éste o aquél estado? ¿Por qué no se dan pasos para arrebatar de manos de los bancos centrales la competencia de hacer y deshacer sobre las economías de los países sin que nadie los controle, ni siquiera los parlamentos, los órganos representativos de la voluntad popular? Sin embargo, todo eso, Iñaki parece que lo entiende, lo aplaude, y está dispuesto a encubrir, o a ignorar, a contribuir con su supuesta ingenuidad a que los demás no nos enteremos.

Pero Iñaki no estaba solo esa noche. Quienes lo acompañaban en la mesa, y con él mostraban su extrañeza, forman parte de todo el coro de palmeros que repiten, como papagayos, que todas estas medidas son necesarias, inevitables, pero ninguno nos dice por qué y para qué. Por qué los estados se han endeudado, prestando dinero barato a los bancos y, ahora, a esos mismos bancos, les tienen que dar mayores intereses para que les concedan créditos con que financiar sus presupuestos. Parece rocambolesco, pero es así. Esos bancos que “había que salvar por el bien de todos”, en medio de la crisis, siguen obteniendo enormes beneficios. Y, además, se jactan de ello. Se va a dar dinero a las cajas de ahorro para que se fusionen… y despidan a varias decenas de miles de empleados. ¿Por qué los estados no han empleado su dinero, por ejemplo, en prestarlo a las pequeñas empresas productivas para que puedan continuar con su actividad, manteniendo el empleo, o a las familias que no pueden pagar sus hipotecas para que no las desahucien? Esos palmeros son los mismos que se atreven a decir, una y otra vez, que “todos estamos pidiendo la Reforma Laboral”. ¿Quiénes son ellos para afirmarlo? ¿A quién han preguntado?

Todo esto es una verdadera estafa que Iñaki y sus colegas deberían entender y, cuando menos, escandalizarse, y hacer algo. O, sencillamente, callarse, seguir cobrando, pero, al menos, no pretender camelarnos con su supuesta ingenuidad.

FUNCIONARIOS: HUELGA SÍ, HUELGA NO

Conozco a unos cuantos funcionarios y funcionarias, mejor dicho, empleados públicos, o sea, todos los que trabajan para la Administración del Estado, para los Servicios Públicos y en las Empresas Públicas. A algunos los considero amigos.

Me duele que el Gobierno, vía decreto, les aplique, entre otras medidas, el recorte del 5% de salario, de promedio, aprovechando que tiene poder para imponerlo sin negociación, y porque puede hacerlo efectivo inmediatamente, ya que es el dueño de la caja con la que se pagan esos sueldos.

Y me duele especialmente que lo haga una institución elegida en las urnas. A los más de 4,5 millones de parados los han echado los empresarios del sector privado que no han sido elegidos y que no tienen en cuenta las mayorías porque son los amos.

Pero me preocupa que las y los empleados públicos no vayan a protestar enérgicamente por ello. La huelga la tienen convocada, pero me llegan comentarios que hacen pensar que algunos no están con la labor.

Cuando se convoca una huelga muchos miran si hay motivos suficientes para hacerla. Otros se preguntan por qué, habiendo motivos, siempre hay quienes no la secundan. Lo peor en estos casos es perder el norte.

Y creo que perder el norte es, por ejemplo, argumentar que, haciendo la huelga, se beneficia a un gobierno que ha perdido el norte, porque se va a ahorrar los salarios de ese día. Un ahorro más, señalan.

Siempre he oído que hay oficios para los que es necesario tener vocación. Respetando a los que así piensan, tal afirmación me ha parecido siempre un poco mojigata, moralista, aplicable sólo a lo religioso. Siempre he defendido que, en el trabajo, lo que hay que tener es sentido de la profesionalidad. Quienes argumentan que haciendo huelga benefician al Gobierno, modestamente, creo que no la tienen. Me explico.

Todavía hay muchos trabajadores y trabajadoras, que producen bienes y servicios, y que se sienten orgullosos de lo que hacen, que se encariñan con el producto de su preparación, habilidad y destreza… y que lamentan tener que dejar de hacer, por un día, lo que hacen, tener que hacer huelga. Pero la hacen, porque con ello, buscan un bien mayor. Estoy seguro que muchos servidores públicos que hacen huelga, además de hacer cálculos, más o menos cicateros, sobre los euros que van a perder ese día, lamenten no poder ejercer su función por la huelga. Lo contrario sería despreciar ellos mismos lo que hacen a diario. Lo que está quedando claro es que el Gobierno lo desprecia. Me imagino a profesores preocupados porque un parón a final de curso puede hacer que no se cumpla el programa, o que los alumnos se desconcentren y puedan fallar en los exámenes. Me imagino a una enfermera agobiada por tener que suspender el turno de atención a las personas mayores que tenía previsto para ese día. Me imagino a un bombero escuchando, desde casa, la sirena de un camión del Parque que sale a atender una emergencia y él no va montado en ese vehículo porque está haciendo huelga. Pero, en este caso, quien lo ha provocado es el Gobierno y es a él a quien habrá que pedir responsabilidades. Suspender un Servicio Público es algo muy serio, pero hay veces en que es inevitable.

Pero, también me imagino que es difícil hacer comprender a padres de alumnos, a jubiladas y jubilados, o a quien ha sufrido un accidente que, adoptar una medida como una huelga, dejar de prestar el servicio, cuando hay motivos suficientes, es una apuesta de futuro y que beneficia a todos. Para los que la hacen porque ponen por delante su dignidad como trabajadores, como ciudadanas, como personas, como votantes. Y para la sociedad en general porque luchar contra la injusticia siempre es un bien social. Cuesta explicarlo pero hay que intentarlo.

Oigo también a quienes, de entre los convocados a esta huelga, cínicamente acusan a los sindicatos de no haberse preocupado de los parados y sí son capaces de convocar una huelga por los funcionarios. Y ellos y ellas ¿se preocuparon de los parados?

Oigo a quienes, sinceramente, se sienten dolidos por la imagen que, una parte de la sociedad, tiene de los empleados públicos. Les afecta oír que son unos privilegiados y, más, que son insolidarios con el resto de los trabajadores y trabajadoras, como les dicen algunos.

Sean o no solidarios, lo que no les va a perdonar nadie es que ni siquiera luchen por lo suyo. Que no sean capaces de perder el salario de un día por una apuesta de futuro. Que busquen explicaciones estrafalarias para no sumarse a su lucha. Que ideen estratagemas para eludir la huelga y aparentar que protestan.

Perder el salario de un día por la huelga es el precio de mantener la dignidad, de dejar claro, a quien tiene el poder, que enfrente tiene personas conscientes y responsables que no se van a dejar pisar. Porque siempre hay que pagar un tributo por las cosas importantes. Por eso son importantes. Y ésta es una de ellas.

Los EREs: UNA CARGA DE PROFUNDIDAD CONTRA LOS TRABAJADORES

Toda política sindical sirve, entre otras cosas, para distinguir a quien la practica. Pero, sobre todo, para identificarlo. Pretender aparecer distinto, por encima de todo, puede ser una equivocación. Tratar de expresar claramente por qué se actúa y para qué, y saber distinguir entre lo esencial, lo principal y lo secundario, saber ir al fondo de la cuestión, son las mejores formas de identificarse y puede que sea lo que realmente hace a uno, a la larga, distinto de los otros.

Nuestra práctica, como Sindicato Unitario de Cantabria, aún sin tratar de diferenciarnos, creo que nos ha hecho distintos, porque hemos sabido ir a la raíz de los EREs y compaginarlo con el conocimiento y la asunción de la realidad de cada momento y lugar.

Los Expedientes de Regulación de Empleo, los EREs, son un mecanismo de ajuste de plantillas que la normativa laboral, que el Estado, pone a disposición de los empresarios para que, con fondos públicos, éstos “solucionen sus problemas” organizativos, económicos, de rentabilidad y de “supervivencia” cuando, por distintas razones, los resultados de su negocio no cubren sus expectativas de beneficio. Esta es la cruda realidad.

A ello hay que añadir que el mecanismo prácticamente pone en manos del empresario, no sólo la decisión de solicitar un ERE, sino su justificación. La mayoría de los datos que la ley exige al empresario, para comprobar si cumple las condiciones y autorizarle el ERE, los posee el empresario, en exclusiva, por lo que es muy difícil que los trabajadores puedan oponerse al mismo por la vía únicamente legal de la argumentación. Ni siquiera la Administración que lo va a autorizar puede, la mayoría de las veces, rebatir los datos de la empresa, aunque haga el paripé pidiendo “informes técnicos”, porque la aprobación de los EREs debe aparecer como algo controlado, como que “no hay barra libre” para aprovecharse privativamente de fondos públicos.

Hasta aquí lo esencial. El Estado se pone, claramente, al servicio de los empresarios y éstos cuentan con un arma fundamental para asegurar la explotación de los trabajadores.

La Ley introduce un elemento muy peligroso: dicen que se trata de un ejercicio de libertad en la relación entre las partes, trabajadores y empresarios, ocultando que los trabajadores están en clara desventaja en esa relación. Y es que, cuando un ERE llega a la Administración con un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, ni siquiera entra a investigar si está justificado o no, y lo autoriza inmediatamente. No cuenta aquí la opinión del conjunto de la plantilla. Hay muchas maneras de presionar a los trabajadores para que acepten, pero ni siquiera les es necesario hacerlo.  Aquí, dada la política de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se abre una importante vía de agua, tanto para una fraudulenta utilización de los fondos públicos, como para condicionar el futuro de los puestos de trabajo. La mayoría de los EREs que llegan a la Autoridad Laboral en Cantabria lo hacen pactados, antes y también ahora, durante la crisis. No olvidemos, además, que, en tiempos normales, esos fondos del desempleo provienen de las cotizaciones del conjunto de los trabajadores, no de la sociedad en general, y que tenemos todo el derecho a percibirlos a falta de otros ingresos, pero que no es justo que sean utilizados para librar al empresario de pagarnos el salario.

En la práctica, no hay dos EREs idénticos, y las variedades en que se concretan son muchas. Los hay que descaradamente sólo buscan librar al empresario de un pequeño bache. Serían fraudulentos si la Administración se preocupase de investigarlos. Los hay que se presentan como consecuencia de agentes externos a la propia empresa, “difíciles de prever o combatir” por el empresario (caída general del mercado y de la cartera de pedidos, falta de abastecimiento por parte de proveedores, impago de clientes, fuerza mayor, etc.). Estos suelen venir precedidos de una dejación calculada de actividad e interés por parte del empresario, más difícil de descubrir. Los hay de despidos definitivos o de suspensión temporal de empleo. Los hay que se presentan como el intento de superar una coyuntura pasajera y los hay que son la preparación y el inicio de un camino, bien planificado, que encubre una decisión definitiva de la empresa, el cierre.

Los hay en que las condiciones que establece la Ley se aplican de forma pura y dura, el 70% del salario, los seis primeros meses, y el 60% los restantes. Y los hay donde el empresario ofrece “mejoras” por encima de estos mínimos. La negociación de estas mejoras suele ser el único caballo de batalla de UGT y CCOO. Y estas mejoras suelen ser clave para que consigan el apoyo de los trabajadores que no ven más allá del presente. Es una fuerte tentación que te ofrezcan estar una temporada sin trabajar, cobrando todo el salario.

Dada la diversidad de situaciones a que debemos responder, ante todo debemos hacer un planteamiento de clase y saber aplicarlo en cada caso.

Con carácter general, debemos denunciar el sistema de “librar” al empresario de sus problemas con el dinero de todos. Si la empresa no es de todos, la solución a los problemas que se le presenten a su dueño no tiene por qué ser algo que nos incumba a todos. Nosotros no defendemos que la sociedad esté dividida entre dueños y asalariados.

Como postura principal debemos oponernos a los EREs porque son un ataque frontal a nuestros intereses presentes y futuros, porque aceptarlos sin lucha nos ata de pies y manos ante la argumentación del empresario, no sólo para el caso del expediente concreto, sino también para el resto de situaciones futuras. También porque nos hace perder derechos.

Al mismo tiempo debemos exigir que los trabajadores sean los que libre y realmente decidan si lo aceptan o no. Puesto que no hay dos EREs iguales, como mínimo, debemos reivindicar que sean los trabajadores, en cada caso, quienes decidan. Y trabajo nuestro será hacer ver a los compañeros lo peligroso que es ponerse en manos del empresario, aceptando sus razones, que nos las presentará como objetivas, como leyes “naturales” de la economía, como algo independiente de su voluntad, como algo fatal contra lo que no se puede hacer nada. Expliquemos que lo que decidamos hoy va a tener repercusiones para mañana… y que, por supuesto, el patrón no es nuestro padre que vela por nosotros mientras dormimos.