El Partido Popular no sólo no condena el régimen fascista de Franco, el levantamiento violento contra un sistema democrático, legítimamente constituido, sino que trata, con su política, de suceder, fraudulentamente, reinstaurar, por la vía de los hechos y de sus propuestas, aquél ignominioso régimen que tantas víctimas, tanto sufrimiento y dolor produjo durante la guerra y los cuarenta años de dictadura.
Si esto no es motivo para que se le aplique la Ley de Partidos, si quien tiene competencia para ello no solicita que se le aplique, se nos seguirá dando la razón a quienes pensamos que dicha Ley sólo ha sido establecida para combatir, más allá de la violencia de ETA, un problema político, como es el que supone que una parte del pueblo vasco luche por su independencia, y que, en realidad, la Ley no trata de combatir la violencia y de ilegalizar a quienes tan rotundamente la ejercieron, ni persigue a quienes, por otras vías, tratan de sucederles.
Ahora le toca al derecho de huelga. El PP quiere que se prohíba la huelga en tiempo de negociación de los convenios colectivos. Igual que en la dictadura.
Los trabajadores tenemos, al menos en teoría, dos formas de defender nuestros derechos y de luchar por mejorar nuestras condiciones de vida: acudir a la Autoridad y a los Tribunales para hacer que se cumplan las leyes y los acuerdos (y no siempre lo conseguimos), y presionar, en la negociación, mediante la huelga, para conseguir un reparto más justo de la riqueza que generamos. Ese es el fin por el que los trabajadores “entramos a negociar” convenios colectivos. ¿Y qué negociación se puede dar entre dos partes en que una tiene toda la fuerza y la otra ninguna? ¿Qué otra cosa, que no sea imposición, se puede dar entre quien tiene la necesidad imperiosa de trabajar para sobrevivir y quien puede negarle esa posibilidad?
En la negociación, el empresario se presenta como amo de la empresa, de los medios de producción, del empleo. Al trabajador sólo le queda afirmar que es dueño de su fuerza de trabajo y actuar en consecuencia, ejerciendo, si es preciso, su derecho a la huelga. Al trabajador no le queda más arma que negarse a prestar esa fuerza de trabajo, negarse a trabajar como forma de presión, eso sí, perdiendo el salario de los días de huelga. La huelga siempre es costosa para los trabajadores pero, las más de las veces, es inevitable, dada el ansia desmesurada del empresario por obtener siempre más beneficios.
Decir estas cosas, con claridad, es tachado hoy de trasnochado y regresivo. Pero la realidad es la que es. Lo demás es cinismo puro y duro. Negar el derecho a presionar, durante la negociación del convenio, con la huelga, es negar, en último extremo, que el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo. Este es el verdadero fundamento del derecho de huelga. Y lo que el PP propone no sólo es preconstitucional, sino que es remontarse al régimen de esclavitud, en que los esclavos, su vida y su trabajo, eran propiedad de su amo. Pretender negar este derecho fundamental a quien, por lo demás, representa a la mayoría de la población, es pretender instaurar un régimen de esclavitud y represión generalizada propio de las dictaduras que todos decimos condenar. Hasta los empresarios se escandalizarían si se les tachara de amos de esclavos.
La pregunta, con todo, es ¿por qué el PP se atreve a plantear siquiera esta cuestión?
Si esto no es motivo para que se le aplique la Ley de Partidos, si quien tiene competencia para ello no solicita que se le aplique, se nos seguirá dando la razón a quienes pensamos que dicha Ley sólo ha sido establecida para combatir, más allá de la violencia de ETA, un problema político, como es el que supone que una parte del pueblo vasco luche por su independencia, y que, en realidad, la Ley no trata de combatir la violencia y de ilegalizar a quienes tan rotundamente la ejercieron, ni persigue a quienes, por otras vías, tratan de sucederles.
Ahora le toca al derecho de huelga. El PP quiere que se prohíba la huelga en tiempo de negociación de los convenios colectivos. Igual que en la dictadura.
Los trabajadores tenemos, al menos en teoría, dos formas de defender nuestros derechos y de luchar por mejorar nuestras condiciones de vida: acudir a la Autoridad y a los Tribunales para hacer que se cumplan las leyes y los acuerdos (y no siempre lo conseguimos), y presionar, en la negociación, mediante la huelga, para conseguir un reparto más justo de la riqueza que generamos. Ese es el fin por el que los trabajadores “entramos a negociar” convenios colectivos. ¿Y qué negociación se puede dar entre dos partes en que una tiene toda la fuerza y la otra ninguna? ¿Qué otra cosa, que no sea imposición, se puede dar entre quien tiene la necesidad imperiosa de trabajar para sobrevivir y quien puede negarle esa posibilidad?
En la negociación, el empresario se presenta como amo de la empresa, de los medios de producción, del empleo. Al trabajador sólo le queda afirmar que es dueño de su fuerza de trabajo y actuar en consecuencia, ejerciendo, si es preciso, su derecho a la huelga. Al trabajador no le queda más arma que negarse a prestar esa fuerza de trabajo, negarse a trabajar como forma de presión, eso sí, perdiendo el salario de los días de huelga. La huelga siempre es costosa para los trabajadores pero, las más de las veces, es inevitable, dada el ansia desmesurada del empresario por obtener siempre más beneficios.
Decir estas cosas, con claridad, es tachado hoy de trasnochado y regresivo. Pero la realidad es la que es. Lo demás es cinismo puro y duro. Negar el derecho a presionar, durante la negociación del convenio, con la huelga, es negar, en último extremo, que el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo. Este es el verdadero fundamento del derecho de huelga. Y lo que el PP propone no sólo es preconstitucional, sino que es remontarse al régimen de esclavitud, en que los esclavos, su vida y su trabajo, eran propiedad de su amo. Pretender negar este derecho fundamental a quien, por lo demás, representa a la mayoría de la población, es pretender instaurar un régimen de esclavitud y represión generalizada propio de las dictaduras que todos decimos condenar. Hasta los empresarios se escandalizarían si se les tachara de amos de esclavos.
La pregunta, con todo, es ¿por qué el PP se atreve a plantear siquiera esta cuestión?
