AUTÓNOMOS, SINDICATOS Y PROSTITUCIÓN

El tema de la prostitución es un tema recurrente que aparece y desaparece cada cierto tiempo, y uno no acaba de saber por qué.

Ahora, la polémica se centra en si los y las "trabajadoras" del sexo deben o no tener derechos, como tales "profesionales". Y si la postura del Gobierno de impugnar la inscripción en el registro de un "sindicato de trabajadoras del sexo" supone una merma o no en los derechos de esas personas.

La polémica prevalece, sin duda, porque no es fácil mojarse, entrando en el fondo del asunto, y sí centrarse exclusivamente en las consecuencias que la actividad de la prostitución produce, como un hecho inevitable, y no en sus raíces, su contenido.

Con la prostitución ocurre como con el racismo. Nadie se declara racista, aunque inmediatamente se queje de que tiene un "tal vecino gitano" que le hace la vida imposible.

Con la prostitución pasa lo mismo. La mayoría no se atreve a decir que es una actividad digna. De hecho, nadie quisiera que su madre, hija o hermana se dedicase a tal actividad. Pero, enseguida se pasa a hablar de la situación y derechos de las personas que se dedican, libremente o no, a la prostitución. En el fondo quizás es que consideran que no es una actividad tan indigna que merezca un rechazo o, cuando menos, un debate, aunque produzca situaciones personales de verdadera indignidad para las personas que la practican.

El debate real debería hacerse sobre el contenido mismo de la prostitución. Con honestidad y con realismo, llamando a las cosas por su nombre.

Pero si se trata de hablar de las consecuencias de esa actividad, de lo que la rodea, también hay bastante de lo que hablar.

La polémica sobre el sindicato de "trabajadoras del sexo" tiene poco recorrido.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical, en su artículo 3º, es muy clara: "... los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero NO (podrán) fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica". ¿Por qué los trabajadores asalariados reciben, en nuestra Constitución, un tratamiento especial que no tienen otras  u otros trabajadores? ¿quizá porque los asalariados representan una mayoría aplastante y que cada vez va a más? ¿o quizá porque la relación patrono-obrero es la que con mayor peso representa las señas de identidad de este sistema democrático-liberal?

Por otra parte, la jurisprudencia también es clara al respecto. El Tribunal Supremo, ya en 1980, declaró que "el derecho a fundar sindicatos,  reconocido en el artículo 28 de la Constitución, sólo puede ser legalmente ejercido por los trabajadores en activo, es decir, vinculados al empresario por contrato de trabajo (asalariados), sin que pueda ser reivindicado por trabajadores en paro o en desempleo, subsidiado o no (se trataba de la legalización de un sindicato de parados),  con lo que establece por primera vez una interpretación jurisprudencial de la Constitución en esta materia" y que aún sigue vigente. "Trabajadores en activo... vinculados al empresario por contrato de trabajo"

Otra cosa es que los y las "trabajadoras del sexo" tengan o no derecho a asociarse para defender sus intereses. Pero no a constituir sindicatos con las características y prerrogativas que la Ley de Libertad Sindical establece para ese tipo de organización. Se trataría del derecho genérico a asociarse que la Constitución otorga. Es inexplicable, por tanto, que a la Ministra del ramo le hayan podido meter "un gol por la escuadra" de tal envergadura.

No se trata, pues, de una negación o merma de derechos el hecho que el Gobierno rechace la inscripción del mencionado sindicato (por mucho que lo digan algunas reconocidas feministas). No se trata de una merma. Se trata de delimitar cuáles son los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Los y las "trabajadoras del sexo" por supuesto que pueden asociarse para reivindicar sus derechos y defenderlos.

No podrán hacerlo como asalariadas pues  el Código Penal, en su artículo 187, especifica que 

"el que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con penas de prisión... quien se lucre explotando la prostitución de otra persona,  aún con su consentimiento”. No se puede "emplear" prostitutas, tenerlas como asalariadas, es delito, y los chulos y proxenetas son delincuentes.

Sí podrán, sin embargo, hacerlo como trabajadoras y trabajadores autónomos  y organizarse como asociación, cumpliendo los requisitos que establece el reglamento que regula la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

¿Cuáles son los derechos de los y las trabajadoras autónomas?  Los más importantes derechos son los del acceso universal a la Seguridad Social, a la libertad de iniciativa económica, al desempeño de su actividad con autonomía, a la igualdad ante la Ley y a no ser discriminados, a la percepción puntual de la contraprestación económica convenida, a  la prevención de riesgos laborales, etc.

Los derechos y deberes de los y las trabajadoras autónomas vienen recogidos en el correspondiente Estatuto. El Art. 1, del Estatuto del Trabajador Autónomo define a los autónomos como “aquellas personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia, y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo”.

Los deberes son los relacionados con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, afiliarse y cotizar al régimen de seguridad social correspondiente, cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos y ellas celebrados, cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias (declaración de IRPF, IAE, IVA ...).

¿Imaginamos a todas las personas que ejercen la prostitución cumpliendo con tales requisitos? No, pero son los que se exigen a todas aquellas personas que desean ejercer una actividad profesional por cuenta propia.

Los trabajadores autónomos no tienen patrón, tienen clientes. En el caso de los autónomos del sexo, sus clientes son los puteros. Con ellos contratarán sus servicios, les deberán dar factura por el cobro de los mismos, y declarar a Hacienda el importe global de la  facturación con la relación de nombres de sus clientes. ¿Imaginamos una asociación de puteros? ¿Se federarían en la CEOE-CPYME?

Es llamativo que quienes reivindican justamente  el derecho a asociarse y organizarse, ponen el acento, casi exclusivamente, en el derecho a afiliarse a la Seguridad Social, a la atención sanitaria y a cobrar el paro. En su tabla reivindicativa hablan poco de condiciones dignas de trabajo (¿hay condiciones dignas en su trabajo?), tales como el derecho a la higiene en la relación sexual, el uso obligatorio del condón, el trato respetuoso, el pago justo del precio convenido, la libertad de consentir o no... Parecería que estos aspectos no son, para ellos y ellas relevantes. Y dicen que ejercen la prostitución libremente. ¿Se imagina alguien la negociación colectiva de estos aspectos? ¿Con quién los negociarían? ¿No sería una negociación "clandestina"? ¿Quién firmaría el acuerdo en nombre de los puteros?

Decididamente, este debate está enmarcado en la lamentable tendencia  imperante a la mercantilización de toda relación humana. "Todo lo que se vende se puede comprar" y viceversa. ¿No hay un límite para esa afirmación?

El límite no vendrá solo de la mano de posibles regulaciones, de leyes y derechos, que también, sino del modelo de relaciones humanas que queramos implantar. Es cierto que la prostitución es una de las "profesiones" más antiguas. También era antigua la esclavitud y fue erradicada formalmente desde hace mucho tiempo en la mayoría de países culturalmente avanzados. Es cierto que la prostitución está ahí y no podemos ignorarla. El reto está en determinar las causas que la producen, cuáles son naturales, cuántas fomentadas, cuántas individuales, cuántas colectivas... Y erradicarlas.

Pero ese debate sobrepasa el alcance de estas líneas.

  

ACTOS Y NO PALABRAS

"Por sus actos los conoceréis"

Ya tenemos nuevo presidente y nuevo gobierno. Hasta ahora no han tomado medidas. No podemos juzgarlos por sus actos. Pero sí por el talante o perfil de los miembros escogidos y sus declaraciones.

En lo que se refiere a los pensionistas y trabajadores y trabajadoras, en general, aunque tendremos que esperar, no hemos percibido, por el momento, ningún apoyo rotundo a nuestras reivindicaciones, ni como pensionistas, ni como trabajadores en edad de trabajar.

En vez de derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, hablan de suprimir o modificar algunos artículos ¿cuáles?

Hasta ahora, ninguna alusión a las reformas de las pensiones. Nos presentan a la Ministra del ramo destacando que es especialista en el Pacto de Toledo, y podemos suponer que es un mensaje más o menos encubierto de que el tema de las pensiones lo van a supeditar a lo que la Comisión del referido pacto diga al respecto.

No es este un mensaje alentador, dada la experiencia que tenemos de que, cuando de reformar el sistema de pensiones se ha tratado, los sucesivos gobiernos NO han tenido en cuenta las recomendaciones que el Pacto venía haciendo, desde su constitución. Y es que la Comisión no es más que una "Ponencia para el análisis de los problemas estructurales de la Seguridad Social" (se llamaba así), cuyos informes no son vinculantes, y deberán ser aprobados por el Congreso o el Gobierno. Ahora se ha transformado en una "Comisión No permanente", independiente, que "evalúa los acuerdos del Pacto. Muchos nombres para poca sustancia.

En realidad, el Pacto nació con la intención de que los políticos no utilizaran el tema de las pensiones en campaña electoral. Todos los gobiernos salientes han querido justificar su falta de voluntad para consolidar el sistema de pensiones escondiéndose detrás de las supuestas "recomendaciones del Pacto". Y todos los aspirantes a gobernar han tratado de ganarse el voto de los pensionistas. Somos, para ellos, vulgar moneda de cambio.

Por eso, nuestra desconfianza. Queremos conocerlos por sus actos y no por sus buenas palabras.

No nos cansaremos de reivindicar la subida de la pensión de acuerdo con el IPC, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la inclusión en la Ley de Presupuestos del Estado del pago de las pensiones. Seguiremos defendiendo la consideración del derecho a una pensión digna y suficiente como derecho fundamental, de primer orden, reconocido e incluido así en la Constitución. Reclamamos, junto con los trabajadores y trabajadoras en activo, jóvenes Y parados, trabajo estable y salarios dignos y prestaciones suficientes, para que puedan vivir dignamente y puedan cotizar y adquirir el derecho a jubilarse en su momento.

Por todo ello, seguiremos expectantes.

VAMOS A SEGUIR CON NUESTRA LUCHA, ¿SÍ O NO?

¡VIVA LA LUCHA DE LA COORDINADORA POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES!

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE

"Gobierne quien gobierne, seguiremos en la lucha"

La Coordinadora Cántabra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, no es ajena a los cambios políticos que se están produciendo estos días.

Por supuesto que celebramos la caída del gobierno del PP. Pero estamos expectantes sobre lo que pueda, quiera y vaya a hacer el PSOE. Para nosotros, los pensionistas, nada, de momento, ha cambiado. Esperamos que el PP no caiga en la torpeza de volverse atrás en los acuerdos alcanzados con el PNV referentes a la subida de las pensiones y recogidas en los Presupuestos recientemente aprobados. De momento, todo está en tramitación y no hay nada definitivo.

Nosotros  vamos a seguir con nuestra lucha. No sólo porque lo conseguido no está consolidado, sino, sobre todo, porque ello es sólo una parte menor dentro de nuestras reivindicaciones. Y porque el PSOE es causa, también, de la situación actual de las pensiones. Ahora tienen una oportunidad de oro para rectificar.

Por todo ello, porque el panorama está sin concretar, y porque la mayoría de nuestras reivindicaciones se pueden agrupar en varias demandas generales, toca ahora recordar que:

       

  - exigimos la derogación de las últimas reformas del sistema de pensiones

         

 - Exigimos la derogación de las reformas laborales que han mermado la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras, abriendo la puerta a la mayor   precariedad laboral  y baja de salarios de la historia

        

 - Exigimos la derogación de" Ley Mordaza" porque queremos poder salir a la calle a        manifestarnos  sin que nos amenacen con multas y represión.

No solo importa lo que reclamamos, sino también cómo lo podemos reclamar. Por eso, es necesaria la mayor unidad, la extensión y la ampliación de nuestro movimiento, abierto a todos los sectores populares porque a todos afecta. Y la libertad para poderlo hacer con serenidad, responsabilidad y eficacia.

Gobierne quien gobierne, seguiremos en la lucha, convencidos de que nuestras reivindicaciones son justas, de que llegan al fondo del problema. Somos conscientes de que alcanzar una solución justa necesitará de la confluencia de muchas voluntades, cosa no muy fácil en los momentos actuales. Pero aquí, y en todos los lugares donde pensionistas de todo el país nos reunimos para empujar, si somos capaces de perseverar, vamos a hacer posible que esa unidad y determinación sean posibles.

¡POR UNAS PENSIONES DIGNAS Y SUFICIENTES PARA TODOS Y TODAS!

¡POR LA CREACIÓN DE EMPLEO Y SUBIDA DE SALARIOS JUSTA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN ACTIVO!

¡VIVA LA LUCHA DE LA COORDINADORA POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES!

¡VIVA LA LUCHA OBRERA!

        

UNA LUCHA IMPORTANTE

La lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones es una lucha muy importante.

No sólo porque afecta, en la actualidad, a más de 8 millones setecientas mil personas, sino porque disfrutar de una pensión es algo que todo trabajador y trabajadora se merecen, al terminar su vida laboral, con la que han contribuido, de manera efectiva y real, al progreso de toda la sociedad; es importante porque interesa a todos, a los actuales pensionistas, a los que se acercan a la edad de jubilación, y a todas  y todos los trabajadores cuando lleguen a ese momento.

Esta lucha es, además, muy importante, porque tradicionalmente los pensionistas hemos sido conformistas con nuestra situación, pero hemos dicho ¡basta!. Bien porque nos encontrábamos seguros con nuestra pensión, o bien porque nos sentíamos impotentes, no sabiendo cómo organizarnos, y creyendo que no íbamos a poder ejercer fuerza suficiente ante los gobiernos de turno, permanecíamos pasivos, dejando que las cosas siguieran como estaban. Sin embargo, nos hemos puesto en marcha, estamos demostrando que somos capaces de organizarnos, y de aunar fuerzas para presionar al gobierno y los partidos políticos, y conseguir así que empiecen a escucharnos y nos hagan caso.

Hemos luchado porque la revalorización de las pensiones actuales se haga conforme a la subida de los precios. Y, fruto de nuestra presión, parece ser que algo se ha tenido en cuenta. Tendremos, no obstante, que estar atentos para ver cómo queda este capítulo en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado.

Pero no podemos estar, cada año, pendientes de la subida de nuestra pensión. Ni preocupados, constantemente, por el mantenimiento de la misma. Por eso, reclamamos que las pensiones se actualicen, como mínimo, de acuerdo a la subida de los precios, que los Presupuestos Generales del Estado garanticen el abono de las pensiones, y que esta obligación quede recogida en la Constitución. Para ello, además, insistimos en que el derecho a una pensión digna y suficiente debe ser un derecho con categoría de derecho fundamental, como los derechos de manifestación, reunión o libertad de expresión, por ejemplo, de tal manera que podamos llevar al juzgado al gobierno cuando no lo respete, cosa que ahora, tal como está recogido en la Constitución, no es posible. Y que podamos, por ejemplo, reclamar en el juzgado lo que nos deben por habernos congelado la pensión o habérnosla actualizado sólo con la subida del 0,25%.

Reivindicamos que la pensión mínima llegue a los 1.080 € mensuales, como recoge la Carta Social Europea, y que las pensiones de las mujeres se igualen a las de los hombres, sea cual sea su modalidad, reduciéndose, hasta su desaparición, la actual brecha existente entre unas pensiones y otras.

Por supuesto que apoyamos la subida de salarios que reclaman los y las trabajadoras en activo, empezando por el Salario Mínimo Interprofesional. Reclamamos la creación de empleo.  A más y mejores salarios mejores condiciones de vida, mayores cotizaciones y más ingresos para la Seguridad Social.

De unos años para acá, se nos viene diciendo que todas las medidas que han adoptado los gobiernos, de acuerdo, en algunos casos, con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal, han ido encaminadas a preservar el actual sistema de pensiones. Nosotros nos preguntamos: ¿se puede sostener el sistema cargándose las pensiones? ¿Sólo se garantiza la continuidad del sistema a base de recortarlas? ¿Qué quedará del sistema si las pensiones desaparecen? ¿Los fondos privados de pensiones son la única solución? ¿También para quienes no llegan, con su sueldo, siquiera a fin de mes?

Empezaron retrasando a los 67 años la edad de jubilación, y aumentando el número de años cotizados para calcular la pensión inicial. Ello está produciendo que un trabajador o trabajadora, a la hora de jubilarse, pierda entorno a un 20% con respecto a lo que venía ganando en activo.

Pero, ¡atención! Quieren aplicar también lo que llaman el Factor de Sostenibilidad, una forma más de recortar las futuras pensiones. La Coordinadora para la Defensa del Sistema Público de Pensiones estamos rotundamente en contra de que se aplique dicho factor. Y no porque nos afecte directamente, sino porque pensamos en los que vienen detrás, para quienes conseguir una pensión digna va a ser muy difícil y, para los más jóvenes, casi imposible.

Quizá no se tenga muy claro lo que ese factor significa.

Bajo esa rimbombante palabra se esconde un recorte más, quizás el más sangrante. No conformes con machacarnos cuando estamos trabajando, pretenden castigarnos si tenemos buena salud al jubilarnos. Por una ley casi natural y gracias al trabajo de todos, de los currantes, de los profesionales, de los científicos, la medicina avanza y cada vez vamos a vivir más tiempo. Es lo que llaman mayor esperanza de vida. Pues bien, piensan que si la gente va a vivir cada vez más, ese beneficio de las personas corresponde apropiárselo la Seguridad Social. Y, para ello, dicen: "si van a vivir más, y a mí al final me toca pagar su pensión hasta que se mueran pues, no les deseo que se mueran, pero les bajo la pensión y, así, lo que me cuesta a mí, Seguridad Social, al final, me tiene que costar lo mismo". A más años, menos pensión. Esto, que es un auténtico robo, además va a producir grandes injusticias.

Cada equis años, empleando varios métodos, van a calcular cuántos años vamos a vivir, unos y otras, de media, y se la van a aplicar a todos y todas por igual. Da lo mismo que el trabajador haya trabajado de peón de la construcción,  la trabajadora haciendo camas en los hoteles o el ejecutivo en un despacho con aire acondicionado. Probablemente, el peón o la empleada de hotel llegarán a la jubilación con su salud más deteriorada y duren menos años, pero les aplicarán el promedio, igual que a los demás. Así, además de haber ganado menos trabajando, les van a rebajar la pensión como a todos, aunque probablemente vayan a vivir menos.

¿Se entiende? A nosotros, más que el número de manifestantes que mañana publicarán los medios, lo que nos importa es que cada vez todos tengamos más claro lo que defendemos y por qué lo defendemos y volvamos a casa con ganas de explicárselo a los demás.

Bien. Como se ve, y en principio, la aplicación de este factor de sostenibilidad no afecta a las actuales pensiones. La Coordinadora lo rechaza porque los pensionistas somos solidarios por naturaleza. Nos preocupa las pensiones de quienes vienen detrás. Gracias a nuestra pensión, muchos hogares han podido sobrevivir en medio de la crisis. Para nosotros no hay peor insulto que llamarnos egoístas. Más aún, no hay peor ignominia que decir que "debemos agradecer al gobierno las tímidas mejoras que va a implantar". Nosotros y nosotras, aún sin quererlo, hemos sido quienes hemos contribuido a su propia estabilidad, la del gobierno, aminorando los efectos de esta larga crisis social que los últimos gobiernos han sido incapaces de evitar.

Por todo ello, porque, además de solidarios, tenemos larga experiencia y vemos lo que se avecina para un futuro no muy lejano, es por lo que insistimos en que el problema de las pensiones es un problema de todos, de hombres y mujeres, de jubilados y jóvenes, de trabajadores en activo y de parados, de viudas, de huérfanos y de incapacitados. Y porque sabemos que a los trabajadores y trabajadoras no se nos da nada regalado es por lo que insistentemente llamamos a la movilización de todos y todas, porque nuestro futuro y el de todos está en juego. El Estado tiene medios para asegurar larga vida al actual sistema de pensiones. Dinero hay. Sólo hace falta que se distribuya atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población y no a los intereses de unos pocos.

¡POR UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES SÓLIDO Y PERMANENTE!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PENSIONISTAS!

¡VIVA LA LUCHA DE LAS Y LOS TRABAJADORES POR SU PRESENTE Y SU FUTURO!

¡VIVA LA COORDINADORA EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES!