Ante la opinión pública, el
conflicto se está circunscribiendo a los problemas que, a los conductores de
vehículos particulares, a los usuarios de transporte colectivo y a los
ciudadanos en general que frecuentan dichos espacios públicos, vienen
provocando las movilizaciones de los trabajadores de
auto-taxi, con sus acciones de corte de la circulación en vías públicas,
barricadas, etc., Pero poco o nada serio y original se dice del origen del
conflicto y, sobre todo (y esto es lo más llamativo), nada de los usuarios,
tanto de los que utilizan el auto-taxi, como de quienes alquilan vehículos con
conductor, como si el problema no fuese un problema de todos, nuestro problema,
y solo nos importasen las molestias que producen dichas movilizaciones. No soy
usuario habitual de ninguno de esos dos medios de transporte, pero nadie puede
asegurar que alguna vez no tenga necesidad de utilizar cualquiera de ellos.
El conflicto está planteado en
términos económicos y de empleo, sobre todo, quedando al margen (porque se da
por supuesto) el carácter de servicio público o privado de ambas modalidades.
Sin embargo, al usuario
-entiendo- lo que le interesa es precisamente ese carácter de servicio público.
Y, en cuanto a ese carácter, el usuario puede que, de momento, no vea
diferencias (o sí, los precios del alquiler
de VTC parecen más bajos), pero puede llegar, en el futuro, a verse perjudicado
por esas diferencias.
El servicio de auto-taxi,
contrariamente a lo que se dice, no es un monopolio de los taxistas, sino de
los ayuntamientos. Esto hay que resaltarlo. Y esa diferenciación es muy
importante. El Ayuntamiento concede las licencias, determina el carácter de las
mismas, su intransferibilidad, establece el número de ellas que considera
necesario, exige un nivel adecuado de calidad del servicio que incluye cumplimiento
de horarios, dedicación exclusiva, condiciones del vehículo, etc. y, lo que
puede que sea más importante para el usuario, fija las tarifas que el
taxista debe y puede aplicar, y ejerce el control de la aplicación de las
mismas, mediante la instalación y exhibición obligatorias del taxímetro
correspondiente y otras medidas. La regulación del Sector, contenida en el
Reglamento Nacional del Taxi es suficientemente concreta y detallada como para
que el ayuntamiento de turno pueda ejercer un control efectivo sobre la
actividad del Sector, tanto en lo que a la calidad del servicio se refiere,
como al respeto de los derechos de sus trabajadores asalariados y de los
usuarios. Lo cual no quiere decir que no se den situaciones de descontrol,
dejación de responsabilidades por parte de los ayuntamientos y picaresca. Un
aspecto llamativo de esa dejación es el llamado "mercado de
licencias" y los desorbitados precios a que se cotizan las mismas ante la
inoperancia de los ayuntamientos. Por otra parte, la relación entre empresas y
trabajadores asalariados está regulada por el Convenio Nacional del Sector.
Por el contrario, las empresas de
VTC son empresas privadas, regidas por el principio general de la libre empresa
y el derecho de libre asociación. No existe un reglamento específico que regule
el Sector. La relación empresario-trabajador, asalariado o autónomo, de
momento, no está regulada con carácter nacional. Únicamente existen algunos
convenios de ámbito local. Puede que, a día de hoy, las tarifas que vienen aplicando
al usuario sean más bajas y la calidad del servicio sea mejor, pero no hay
garantía alguna de que lo vayan a ser siempre. Y dependerá de las "leyes
del mercado", de la competencia que se produzca entre las empresas y,
sobre todo, de ellas con el Sector del Taxi. Por lo tanto, y de cara al
usuario, es ésta la cuestión fundamental: ¿interesa potenciar el Sector del
Auto-taxi y limitar la proliferación de licencias VTC, regulando, además, su
funcionamiento o, más bien, liberalizar el sector de tal forma que el usuario
se encuentre en la coyuntura de tener que "negociar",
individualmente, cada viaje, en cada momento y con cada empresario o conductor?
Como siempre, los partidarios de
la privatización de los servicios públicos y de la liberalización total de las
relaciones apelarán a que la competencia será beneficiosa para conductores y
usuarios. Pero ya sabemos lo que esa pretendida competencia viene significando
en temas como, por ejemplo, el precio de la electricidad, los combustibles,
etc. De hecho, la historia nos dice que, siempre que un sector presume de basarse
en la libre competencia, acaba evolucionando hacia el monopolio de unos pocos.
Y el Sector de los VTC empieza a ser una muestra de ello.
De momento, la conflictividad se
reduciría si se cumpliesen los pactos o normas hasta ahora establecidos. Pero
eso no ocurre. Y es, precisamente, por ello, por lo que el conflicto ha
alcanzado las dimensiones actuales.
Y no es una cuestión de "modernizar"
o no el Sector del Taxi para que pueda competir mejor (que lo podrá hacer de igual
forma y, una parte lo está haciendo) sino de defender al usuario,
individualmente indefenso. Apoyar la fórmula más eficaz para salvaguardar sus
intereses. ¿Tendremos que crear, también, asociaciones de usuarios del taxi,
como están haciendo los inquilinos de viviendas para defender sus intereses?
Los intereses de los usuarios deben ponerse en el centro de las preocupaciones,
las asociaciones de consumidores deben tener más protagonismo, y los sindicatos
velar por los derechos de los trabajadores asalariados, derechos e intereses de
usuarios y trabajadores que no tienen por qué ser opuestos ni contradictorios,
si bien, la participación de los sindicatos puede que sea una cuestión delicada,
dado el carácter mixto (de asalariados y autónomos) del movimiento. En todo
caso, respetemos su soberanía.