VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O SOCIEDAD DE SOMETIMIENTO

Desde la última celebración del Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres me vengo preguntando por qué el Gobierno no utiliza los criterios de la ONU para calificar y contabilizar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, exparejas u otros varones de su ámbito familiar. Según las cifras finales dadas por el gobierno, serían 70 las mujeres asesinadas en 2008, mientras que, según el criterio de la ONU, aplicado por la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia hacia las Mujeres, las mujeres muertas en tales circunstancias serían 95. De ellas, 77 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 15 a manos de otros parientes y 3 con agresión sexual por medio. En 2006, según este criterio, fueron 93 y en 2007 89. Criterio diferente que se sigue aplicando en las estadísticas oficiales de 2009 y que, consecuentemente arrojan datos diferentes.

La diferencia, aplicando ambos criterios, no es baladí. No estamos hablando de mujeres más o menos muertas, sino de mujeres asesinadas.

¿Se trata, todavía, de ocultar esta realidad vergonzante o de aminorarla, al menos? ¿Ante quién? ¿Ante nosotros mismos? Esto sería lo más grave, pues entraría en flagrante contradicción con toda la propaganda que se viene haciendo sobre las bendiciones de la nueva normativa y los medios que se vienen dedicando para su aplicación. Está claro que la normativa es mejorable y que se pueden dedicar más medios para aplicarla. Pero es que tratar de acabar con esta lacra sólo con leyes y medios humanos y materiales es irreal.

Existe una profunda base cultural e ideológica que sirve de caldo de cultivo para ese tipo de actitudes. No se nace violento. Se aprende a ser violento. Y ello es aplicable a todo tipo de violencia, no sólo la que se ejerce contra las mujeres, ni la que tiene como desenlace fatal la muerte. La mayoría, hombres y mujeres, crecemos asumiendo que la sociedad “funciona” sobre la base del sometimiento de unos sobre otros. Sometimiento de mujeres a hombres, de hijos a padres. Sometimiento de pueblos dominados militar y culturalmente. Sometimiento de trabajadores y trabajadoras a sus patronos. Sometimiento de los individuos al Estado. La violencia con resultado de muerte es, sin duda, la más rechazable. Pero no es la única. Violencias psicológicas abundan por doquier, son más sutiles y, en muchos casos, tanto o más dañinas, porque son difíciles de identificar, porque no son siempre atribuibles a personas concretas, porque son violencias sociales, colectivas, institucionales, económicas. Y, casi siempre, son el preludio de la violencia física. La sociedad de sometimiento funciona “bien” para los que dominan, pero no funciona o funciona muy mal para los sometidos y dominados. Las dificultades de todo tipo con que nos encontramos la mayoría de la población producen tensiones, generan conflictos personales, crisis de valores que se incrustan en las relaciones personales, especialmente en las de pareja, que no justifican la violencia concreta, pero que son su caldo de cultivo y comportan una acusación para todos los que formamos la colectividad.

La indolente aceptación general de la superioridad masculina, reafirmada por la cultura patriarcal, sigue haciendo creerse al varón dueño, poderoso, tanto sobre su pareja, como sobre los hijos. Pero, no es esta la única relación de poder. La relación de poder entre los individuos está generalizada entre nosotros, amparada institucionalmente y aceptada culturalmente. A esta relación de poder no se escapan siquiera las parejas de homosexuales, gays y lesbianas, donde se da, con más frecuencia de la que cabría esperar, el enfrentamiento entre roles distintos, similares a los que se dan entre parejas de heterosexuales. Socialmente estamos enseñando a los varones, desde niños, a solucionar los problemas usando la violencia. Y también las mujeres se sienten legitimadas para usarla cuando tienen poder. Es el modelo de sociedad el que es intrínsecamente violento.

¿Por qué digo, con cierta sorpresa, que entre parejas de homosexuales cabría esperar que ese enfrentamiento de roles no se diese o no se diese tanto? Sin duda, influenciado, yo mismo, por la tesis de que el problema de la violencia y el maltrato, en general, es una cuestión de sexo, de raíz individual y de ámbito privado, como interesadamente nos viene a decir la versión oficial, propagada por gobiernos, partidos, interlocutores sociales, medios de comunicación, educadores y todos quienes tienen medios para influir en la opinión pública y en las conciencia individual y colectiva. Con el modelo de sociedad que aceptamos y con la consideración de que la violencia de género es sólo un problema subjetivo de algunos individuos no vamos a encontrar solución al problema.

La sociedad debe conocer la violencia en todas sus dimensiones. No sólo la que se da en el ámbito doméstico. Advertir que algunas violencias han sido declaradas como delictivas, pero que todas son rechazables. Denunciar a policías y jueces que aún no han comprendido que el machismo es execrable. No nos basta, para que nos sensibilicemos, con que nos muestren las imágenes dolorosas de las mujeres maltratadas. Tenemos que conocer y difundir los rostros de los maltratadores. Su imagen debe ser publicada sin remilgos. Y también la de los acosadores de todo tipo. Pero, sobre todo, propagar a los cuatro vientos, por activa y por pasiva, que la violencia de unos sobre otros es antisocial, retrograda e inhumana, de forma que, quienes la practiquen se vean socialmente acorralados y claramente rechazados.

Nota. Artículo escrito en enero de este año, que fue enviado a diversos medios, que no fue publicado, salvo en un caso,  y que sigue estando de actualidad.

Los EREs: UNA CARGA DE PROFUNDIDAD CONTRA LOS TRABAJADORES

Toda política sindical sirve, entre otras cosas, para distinguir a quien la practica. Pero, sobre todo, para identificarlo. Pretender aparecer distinto, por encima de todo, puede ser una equivocación. Tratar de expresar claramente por qué se actúa y para qué, y saber distinguir entre lo esencial, lo principal y lo secundario, saber ir al fondo de la cuestión, son las mejores formas de identificarse y puede que sea lo que realmente hace a uno, a la larga, distinto de los otros.

Nuestra práctica, como Sindicato Unitario de Cantabria, aún sin tratar de diferenciarnos, creo que nos ha hecho distintos, porque hemos sabido ir a la raíz de los EREs y compaginarlo con el conocimiento y la asunción de la realidad de cada momento y lugar.

Los Expedientes de Regulación de Empleo, los EREs, son un mecanismo de ajuste de plantillas que la normativa laboral, que el Estado, pone a disposición de los empresarios para que, con fondos públicos, éstos “solucionen sus problemas” organizativos, económicos, de rentabilidad y de “supervivencia” cuando, por distintas razones, los resultados de su negocio no cubren sus expectativas de beneficio. Esta es la cruda realidad.

A ello hay que añadir que el mecanismo prácticamente pone en manos del empresario, no sólo la decisión de solicitar un ERE, sino su justificación. La mayoría de los datos que la ley exige al empresario, para comprobar si cumple las condiciones y autorizarle el ERE, los posee el empresario, en exclusiva, por lo que es muy difícil que los trabajadores puedan oponerse al mismo por la vía únicamente legal de la argumentación. Ni siquiera la Administración que lo va a autorizar puede, la mayoría de las veces, rebatir los datos de la empresa, aunque haga el paripé pidiendo “informes técnicos”, porque la aprobación de los EREs debe aparecer como algo controlado, como que “no hay barra libre” para aprovecharse privativamente de fondos públicos.

Hasta aquí lo esencial. El Estado se pone, claramente, al servicio de los empresarios y éstos cuentan con un arma fundamental para asegurar la explotación de los trabajadores.

La Ley introduce un elemento muy peligroso: dicen que se trata de un ejercicio de libertad en la relación entre las partes, trabajadores y empresarios, ocultando que los trabajadores están en clara desventaja en esa relación. Y es que, cuando un ERE llega a la Administración con un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, ni siquiera entra a investigar si está justificado o no, y lo autoriza inmediatamente. No cuenta aquí la opinión del conjunto de la plantilla. Hay muchas maneras de presionar a los trabajadores para que acepten, pero ni siquiera les es necesario hacerlo.  Aquí, dada la política de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se abre una importante vía de agua, tanto para una fraudulenta utilización de los fondos públicos, como para condicionar el futuro de los puestos de trabajo. La mayoría de los EREs que llegan a la Autoridad Laboral en Cantabria lo hacen pactados, antes y también ahora, durante la crisis. No olvidemos, además, que, en tiempos normales, esos fondos del desempleo provienen de las cotizaciones del conjunto de los trabajadores, no de la sociedad en general, y que tenemos todo el derecho a percibirlos a falta de otros ingresos, pero que no es justo que sean utilizados para librar al empresario de pagarnos el salario.

En la práctica, no hay dos EREs idénticos, y las variedades en que se concretan son muchas. Los hay que descaradamente sólo buscan librar al empresario de un pequeño bache. Serían fraudulentos si la Administración se preocupase de investigarlos. Los hay que se presentan como consecuencia de agentes externos a la propia empresa, “difíciles de prever o combatir” por el empresario (caída general del mercado y de la cartera de pedidos, falta de abastecimiento por parte de proveedores, impago de clientes, fuerza mayor, etc.). Estos suelen venir precedidos de una dejación calculada de actividad e interés por parte del empresario, más difícil de descubrir. Los hay de despidos definitivos o de suspensión temporal de empleo. Los hay que se presentan como el intento de superar una coyuntura pasajera y los hay que son la preparación y el inicio de un camino, bien planificado, que encubre una decisión definitiva de la empresa, el cierre.

Los hay en que las condiciones que establece la Ley se aplican de forma pura y dura, el 70% del salario, los seis primeros meses, y el 60% los restantes. Y los hay donde el empresario ofrece “mejoras” por encima de estos mínimos. La negociación de estas mejoras suele ser el único caballo de batalla de UGT y CCOO. Y estas mejoras suelen ser clave para que consigan el apoyo de los trabajadores que no ven más allá del presente. Es una fuerte tentación que te ofrezcan estar una temporada sin trabajar, cobrando todo el salario.

Dada la diversidad de situaciones a que debemos responder, ante todo debemos hacer un planteamiento de clase y saber aplicarlo en cada caso.

Con carácter general, debemos denunciar el sistema de “librar” al empresario de sus problemas con el dinero de todos. Si la empresa no es de todos, la solución a los problemas que se le presenten a su dueño no tiene por qué ser algo que nos incumba a todos. Nosotros no defendemos que la sociedad esté dividida entre dueños y asalariados.

Como postura principal debemos oponernos a los EREs porque son un ataque frontal a nuestros intereses presentes y futuros, porque aceptarlos sin lucha nos ata de pies y manos ante la argumentación del empresario, no sólo para el caso del expediente concreto, sino también para el resto de situaciones futuras. También porque nos hace perder derechos.

Al mismo tiempo debemos exigir que los trabajadores sean los que libre y realmente decidan si lo aceptan o no. Puesto que no hay dos EREs iguales, como mínimo, debemos reivindicar que sean los trabajadores, en cada caso, quienes decidan. Y trabajo nuestro será hacer ver a los compañeros lo peligroso que es ponerse en manos del empresario, aceptando sus razones, que nos las presentará como objetivas, como leyes “naturales” de la economía, como algo independiente de su voluntad, como algo fatal contra lo que no se puede hacer nada. Expliquemos que lo que decidamos hoy va a tener repercusiones para mañana… y que, por supuesto, el patrón no es nuestro padre que vela por nosotros mientras dormimos.

LA SANIDAD CÁNTABRA TIENE QUE MEJORAR Y MUCHO

Circunstancias personales me han puesto en contacto más estrechamente con el Servicio Cántabro de Salud, más allá de las rutinarias visitas al Médico de Familia para obtener recetas o las periódicas vacunaciones y controles.

Es cierto que el pudor nos suele retraer al hablar de la propia salud en público, pero también lo es que cuando uno ha pasado por experiencias personales, puede hablar con más autoridad de las cosas. Con todo, aclaro que sigo estando para contarlo y bastante airosamente.

En esos trances, es difícil no pensar sobre si es mejor la sanidad pública o la privada. Es cierto que esta última no la he experimentado. Sólo conozco directamente la Pública. Pero el sentido común me dice que negocio y calidad, en un servicio público, son difíciles de compaginar.

Recientemente una prestigiosa revista médica británica, la British Medical Journal ha publicado un estudio, avalado por la, según dicen, enorme credibilidad de su autor, el canadiense Dr. Gordon Guyatt. El estudio consiste en el análisis, a su vez, de 82 estudios de investigación realizados en EEUU sobre la calidad de la asistencia sanitaria en centros de atención a enfermos crónicos por los que pasan anualmente más de tres millones de pacientes. La solidez del estudio parece innegable. La mayoría de estos centros (dos terceras partes) son privados, con ánimo de lucro, son empresas comerciales (aunque existe también una minoría de centros privados sin afán de lucro) y el resto son públicos.

Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes: la calidad de los servicios prestados por esas entidades privadas con afán de lucro es menor que la de los centros públicos. El estudio contempla la cualificación del personal, el número de complicaciones en los procesos clínicos, la utilización de sedantes o fármacos que reduzcan la movilidad y que, consiguientemente, reduzcan el número de incidentes y de requerimientos de atención, la mortalidad en ese tipo de pacientes, y la violación de las normas sanitarias. En todos estos indicadores, la sanidad privada comercial quedaba claramente muy por detrás de las instituciones públicas.

La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basaba, sobre todo, en el ahorro de personal cualificado. Pero mayor eficiencia no es sinónimo de más calidad en la atención al paciente. Para entendernos, menos médicos y enfermeras y más auxiliares, limpiadoras, etc., salarios más bajos, menos coste de personal.  Ahorro que viene exigido por la propia naturaleza de la empresa: su dueño debe obtener un beneficio comercial. Por el contrario, su “buena imagen” la consigue la Privada en el aspecto hotelero y de confort (habitación individual, sobre todo) y, especialmente, porque ciertos tiempos de espera son menores.

No existen estudios similares en España y es sintomático. Aquí los procesos de privatización se hacen a la chita callando. Sin embargo, parece ser bastante extendida la opinión entre la mayoría de los entendidos, de que la calidad de la atención sanitaria pública es aquí también mejor que la de la privada. Los datos sobre el volumen de su actividad, traducidos en número de consultas, intervenciones quirúrgicas, atención en urgencias, etc. nos hablan de que mayoritariamente la Pública es preferida por los españoles a la Privada. También puede ser que a esa mayoría no le quede otra opción. Porque al usuario la Pública le resulta más económica.

La Encuesta Social 2009 de Cantabria arroja datos elocuentes sobre el tema. En los dos últimos años, la asistencia a consulta de Especialista de la Pública casi se ha duplicado, mientras que en la Privada se ha mantenido estable, a pesar de que quienes han utilizado estos servicios privados son los más satisfechos con la atención recibida, sobre todo, porque la espera ha sido menor. Pero la privada es cara.

Como paciente con alguna experiencia reciente, me sumo modesta y abiertamente a esa opinión. Defiendo la Pública. No obstante, creo que la sanidad en España y, en concreto, la Sanidad Cántabra es manifiestamente mejorable.

Y no lo es únicamente porque nuestra Comunidad (y el Gobierno de España) destine, en sus presupuestos, poco dinero a la Sanidad, menos del necesario y menos del que puede, por supuesto, y menos, también, de lo que destinan , como media, los países de nuestro entorno europeo, la UE de los 15. Mientras que en el PIB-per-cápita España ha conseguido acercarse ya al 93% de la media europea de esos quince, ese aumento en la riqueza no se ha traducido en que el gasto público en la Sanidad española se acerque en la misma medida a la media de lo que ese grupo de países destina a este capítulo, sino que el gasto sanitario espeñol sólo  representa un 65% de la media de lo que ese grupo de países destina a este capítulo. ¿Será que quienes aprueban aquí los presupuestos (los políticos) y quienes los aplauden (los medios de comunicación) reciben un trato preferencial cuando acuden a los centros hospitalarios o pueden pagarse una atención privada de mayor calidad y se conforman con el actual nivel sanitario de nuestro país?

Creo que el Servicio Cántabro de Salud es manifiestamente mejorable. Y lo digo, no como experto en medicina, ni siquiera como entendido en política sanitaria, sino como usuario, y desde el más elemental sentido común. Y hablo sólo de Cantabria porque es lo que conozco.

Gente que conoce el Servicio, por y desde dentro, habla de falta de recursos, de mala gestión, de que favorece intereses particulares. También de despilfarro. Parece contradictorio pero es real. En esto no estoy suficientemente informado.

Una mejor calidad suele estar relacionada con más recursos. Pero también con una mayor eficiencia, la cual depende más de una buena gestión, de tener claros los objetivos, de fijar las prioridades. En sanidad no se puede hacer política para la galería.

Entre los políticos, el debate se centra siempre en la existencia y reducción de las listas de espera de intervención quirúrgica. Es la vedette del debate político sanitario.¿Quién ha recortado más o quién menos esas listas? Y es posible que, en este aspecto, se haya mejorado, aunque estemos muy lejos de los records Guiness. Pero ahí, creo yo, no está el problema. Donde las listas de espera son interminables y donde la competencia con la sanidad privada es claramente desfavorable para la Pública es en la espera de la consulta de especialista, esa puerta para llegar al diagnóstico necesario para aplicar tratamientos, puerta que, escandalosamente es muy estrecha o está cerrada a cal y canto y/o llena de filtros por los que pasar. Y el paciente se impacienta y acude a la Privada, donde la primera atención es inmediata. Otra cosa es cuando se llega al tratamiento o las pruebas diagnósticas que hay que pagar. Parece de sentido común que un diagnóstico rápido puede evitar empeoramientos en la salud del paciente y reducir el número de operaciones necesarias, el último recurso y, casi siempre, el más costoso. Conseguir ambas cosas beneficiaría tanto al paciente como al propio Servicio.

Recientemente se han publicado datos sobre lo que el Servicio Cántabro de Salud denomina “espera estructural” o la comúnmente llamada lista de espera para el Médico Especialista y Pruebas diagnósticas. Los datos, en sí mismos, son reveladores: cerca de 40.000 personas esperaban en Cantabria, en el pasado mes de junio, para ser consultados por Especialista y la espera media era de 53 días para entrar en consulta. Pero las estadísticas resultan engañosas porque manejan datos globales, promedios, porcentajes, etc. Los datos publicados, en algunos casos no responden a la realidad, hablo por experiencia. No obstante, en materia de salud es poco consolador para el paciente verse incluido en un dato global, cuando uno se encuentra aquejado por un mal y cuando la incertidumbre y las esperas le producen daños sicológicos añadidos a su estado general.

Es frecuente, en la Pública que, entre el volante del Médico de Familia y la consulta del Especialista medien seis meses o más. Ocurre que una vez solicitadas, por éste, las correspondientes pruebas, las mismas tarden hasta doce meses más en realizarse. Me ha ocurrido. Y que, una vez realizadas, sus resultados no te los dé el Especialista hasta cuatro meses después. Me está ocurriendo. ¡Veintidós meses! Esta tardanza en realizar el diagnóstico demuestra una de dos cosas, o que la prueba es innecesaria y superflua, o sea, un derroche (lo cual, en el fondo me tranquilizaría personalmente porque se supone que el diagnóstico estaba ya suficientemente claro), o que el sistema, tal como está organizado, no da para más. Puedes salir de urgencias con una sonda puesta pero sin diagnóstico, y fijarte la consulta con el Especialista correspondiente para cuatro meses después, para que te diga qué es lo que tienes. Si lo que tienes es malo, cuanto antes se sepa mejor para tomar medidas. Digo yo. Y si es bueno, ¿por qué hacerte pasar por la angustia que produce la incertidumbre? Puedes solicitar que la consulta la consideren preferente y te “hagan el favor” de que te la adelantan dos meses. Sigues insistiendo, llenas formularios, alegas todo lo imaginable y es posible que consigas que te la adelanten un mes más, pero, al fin, habrás estado un mes con la sonda puesta y sin saber cuál es tu mal. Y todo esto manteniendo una actitud personal “paciente, educada y civilizada”. Y, en el camino, hasta puedes encontrarte con algún funcionario o funcionaria que te diga que “no te preocupes, que no es para tanto, que si coincide que tienes que ir a quirófano para otra cosa, lo puedes hacer con la sonda puesta, que no pasa nada”. Afortunadamente esto último es la excepción. Donde más ha mejorado y mucho la Sanidad Pública, en Cantabria, es en la profesionalidad  y, sobre todo, en la actitud del personal.

Produce cierto sonrojo hablar de cosas tan personales en público, pero es la realidad y no hay más remedio que denunciarla.

En el otro extremo te puedes encontrar con lo contrario, con que, en un tiempo record, menor, por supuesto, que el que te ha costado llegar la primera vez al Especialista (aunque siempre mayor que el deseado), te hagan hasta tres pruebas diagnósticas importantes e incluso te intervengan. Todo un contraste que no he podido menos que valorar muy positivamente, en mi caso. Pero, lo que debería ser la norma general, no es más que la excepción. Con todo, es una muestra de desequilibrio organizativo, de falta de planificación y de pésima aplicación de los recursos… o de falta de éstos.

Que la Sanidad tiene que mejorar no creo que sea una cuestión opinable. Que sobre todo debe mejorar en calidad tampoco. Que la eficiencia en la gestión, la planificación, el ahorro, la adecuada aplicación de los recursos, encaminados a que la calidad se mantenga, además de necesario parece indiscutible. Pero, por encima de la eficiencia del sistema, la Sanidad tiene que mantener escrupulosamente su condición de servicio público, universal y de calidad.

Evitar largas listas de espera en el acceso a la consulta de Especialista es una de las asignaturas pendientes del Servicio Cántabro de Salud. Se evitarían muchos sufrimientos y agravamientos de la salud de los pacientes.

LA ENERGÍA, CUESTIÓN DE TODOS

Asistimos a un debate sobre el mal llamado Desarrollo Eólico políticamente interesado, tanto por parte del Gobierno como por la oposición, y que, como ocurre habitualmente, en estos casos, cada uno argumenta con parte de la verdad, ocultando el resto, con lo que contribuyen a confundir a la opinión pública y a que la mayoría nos desentendamos del asunto.

Ya en la misma denominación, “Desarrollo” aparece una intencionalidad clara del Gobierno, y es que el desarrollo de una parte del plan no lleva la misma tramitación que el Plan en sí mismo, tratando, sin duda, de ocultar, entre otras cosas, la modificación sustancial que supone pasar de 300 MW, previstos por el aprobado Plan Energético de Cantabria para la energía eólica, a los 1.400 y hasta más Megawatios que el mal llamado Desarrollo Eólico contempla. Este no es un desarrollo del Plan, es un Plan nuevo que, como tal, debería ser tramitado. Aquí hay gato encerrado.

No todas las voces que se escuchan son de políticos. Intelectuales y artistas y otras gentes han levantado la voz, llamando la atención sobre algunos aspectos del dicho mal llamado Desarrollo, pero no yendo al fondo de la cuestión. Por supuesto que también existe la oposición de aquellos que lo que rechazan es sólo la ubicación en su inmediato entorno de los “molinos de viento”, aunque no les preocupe su implantación en otros lugares.

Por su parte, el también mal llamado movimiento ecologista (porque no es ni único ni homogéneo) apenas ha abierto la boca en este entuerto, fundamentalmente –entiendo- porque, por una parte, se encuentra, a la defensiva, ya que a “los ecologistas” se les viene considerando popularmente como moscas cojoneras que no hacen más que poner pegas a todo, pero también y, sobre todo, porque son conscientes, creo yo, de que este tema y el de la energía en general debe tratarse como un todo, tanto a la hora de marcarse los objetivos, como a la de escoger los medios más adecuados (o menos dañinos) para alcanzar los mismos; tanto a la hora de repartir los beneficios como de soportar las cargas; y, por supuesto, también a la hora de respetar los procedimientos que una sociedad democrática exige para estos casos.

Mi aportación, en este tema, no como político “en activo” ni como ecologista “militante”, es la siguiente:

En primer lugar, hay que desmontar ese discurso de que lo que es bueno para Cantabria lo será también para los cántabros. No podemos tragar, sin más, que “Cantabria va a hacer negocio con este Plan” cono nos decía el Presidente Revilla, en Cabezón, el día de Cantabria. Es un lenguaje a que nos tiene acostumbrados Revilla cuando quiere que no nos enteremos de la realidad. Como si Cantabria fuese un sujeto concreto, capaz de hacer y deshacer, de beneficiarse o de sufrir las consecuencias de cualquier plan. Cantabria, así dicho, sin más, es sólo una nebulosa, un ente abstracto. Quienes, en todo caso, harán negocio, y muy concreto, serán cuatro empresas, venidas de no se sabe dónde, que pujarán con ventaja en una subasta mal planteada (¿qué es lo que se subasta?), desplazando a otros posibles interesados, algunos de ellos cántabros, y que no sabremos dónde pagarán sus impuestos y no necesariamente en Cantabria. Quienes, en cualquier caso, vamos a sufrir todas las consecuencias negativas (que las habrá, lo ha dicho el representante de la Universidad, “no hay impacto cero”) seremos el resto de los cántabros.

En segundo lugar, el tema debe ser tratado globalmente, considerando todos los pros y contras conocidos, con visión de futuro, y como una cuestión que nos interesa a todos. Como una “cuestión de estado”, dirían algunos. Tratar el tema globalmente supone poner por delante la aprobación del tan esperado Plan de Ordenación del Territorio, donde se articulen todas las medidas, iniciativas y planes tendentes a satisfacer los necesidades de los cántabros actuales y las de las generaciones futuras, donde se trate, con carácter prioritario, de la energía, pero donde se contemplen otras muchas cosas, ya que la energía no es la única necesidad que tenemos los cántabros. ¿Por qué los sucesivos gobiernos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de uno u otro color, no han sido capaces de abordar el debate y aprobación de dicho Plan de Ordenación?

En tercer lugar, ya que tanto la energía como la ordenación del territorio en general son temas que nos interesan a todos, debería abrirse un debate amplio donde se pusiesen sobre la mesa las más opiniones posibles o, dicho de otra forma, deberíamos ser todos consultados, de alguna manera, sobre la Cantabria que queremos para el presente y para el futuro.

Centrándonos en la cuestión de la energía, entiendo, debería plantearse objetivamente, en primer lugar, la necesidad de ahorrar toda la energía posible.

Una vez puestas en marcha las medidas eficientes para lograr este objetivo, debería, en segundo lugar, estimarse con realismo la necesidad que los hogares, la industria y los servicios cántabros tienen de energía. En este tema se vienen utilizando datos con demasiada alegría. Ver, en suma, si las industrias cántabras producen suficiente energía para satisfacer dichas necesidades, ver en qué medida dicha producción deberá aumentarse o suplir la supuesta falta con la compra en el exterior. Ver en qué medida la autosuficiencia, con producción propia, compensa las agresiones al medio y el “no impacto cero” sobre la salud de los ciudadanos y sobre el medio natural que ciertos sistemas productivos ocasionan. Cuando uno se encuentra por las autovías esos transportes especiales que llevan las gigantescas piezas de un aerogenerador no puede menos de preguntarse por los desmontes que habrá que hacer y las pistas que habrá que abrir para hacerlos llegar hasta su emplazamiento definitivo. La autosuficiencia siempre es deseable, pero no a cualquier precio. Sería en función de esta estimación, por tanto, como se establecerían los planes de producción energética correspondientes. Vender energía desde Cantabria puede ser, como decíamos, negocio para algunos, pero puede ser perjudicial para el resto. Con todo, menos mal, que “la fiebre” por las energías renovables ¡¡ha contagiado vertiginosamente, al parecer, a todos los políticos, como si de una gripe A se tratase!!

En tercer lugar, establecer la normativa adecuada por la que la Comunidad Cántabra participe equitativamente en el reparto de los beneficios económicos que de la explotación industrial de la producción y distribución de la energía se obtenga. No sólo vía impuestos. En este punto, es necesario avanzar en el concepto y consideración del medio natural y, en concreto, el paisaje como un bien económico y público, como un bien finito y vulnerable, como un bien sobre el que la comunidad tiene todos los derechos y del que no se pueda hacer un uso privativo, y que, en todo caso, puede ceder temporalmente, como cualquier otra concesión administrativa de un bien público, y exigir el correspondiente cánon, y la reversión del dominio sobre dicho bien al término de dicha concesión y previa la restauración correspondiente. Cómo se pueda esto articular será una cuestión jurídica que, modestamente, no estoy en condiciones de apuntar.

Y, yendo más al fondo del modelo de producción de energía, éste debería descansar sobre tres pilares: la diversificación de los medios de producción energética, el carácter reversible de la utilización de dichos medios y la mayor descentralización posible de dicha producción.

La diversificación, la utilización complementaria de distintos sistemas de producción que evite el que dependamos exclusiva o excesivamente de uno solo de ellos.

El carácter reversible de los sistemas empleados, de tal forma que, cuando resulten obsoletos, puedan ser retirados sin dejar huella o la menor posible, y ser sustituidos por otros supuestamente más eficientes y menos agresivos para el medio. La apertura de vías para el transporte e instalación de las gigantescas piezas de un aerogenerador difícilmente serán borradas.

Y la descentralización, de tal forma que los cántabros individualmente dependamos lo menos posible de los grandes productores de energía porque producimos cada uno la energía que necesitamos, porque somos autosuficientes, porque podemos “vender” a la red la energía que nos sobre, porque seremos directamente beneficiarios de la rentabilidad de esa venta y porque tecnológicamente todo esto es posible y su impacto considerablemente menor. Es éste un aspecto fundamental que no se suele tener en consideración y que últimamente echo en falta en una parte del movimiento ecologista, y es que cada individuo seamos menos dependientes y, por lo tanto más libres, en algo tan fundamental para nuestras vidas, como es la energía.