CON DOLOR DE CORAZÓN

Como dirían algunos, “estemos siempre con las víctimas”.

Lo que ha ocurrido estos días en los aeropuertos españoles no tiene nombre. Los controladores aéreos han utilizado a las víctimas como rehenes ante el Gobierno y éste como arma arrojadiza en su lucha particular con los controladores. Y ha sido verdaderamente lamentable. Y es, de todo punto, comprensible el enojo y la rabia con que, casi todas esas víctimas, se expresaban.

Pero, ahora, que la cosa parece que empieza a normalizarse, con dolor de corazón todavía, pero, sobre todo, con la mente algo más fría, creo que es pertinente poner algunas cosas en su sitio.

Los ciudadanos y ciudadanas víctimas no han podido ejercer su derecho a viajar en avión. Es cierto. Pero sí han ejercido su derecho legal a tener vacaciones, porque su derecho ha sido respetado por sus respectivos empresarios, cosa que no ocurre frecuentemente. En ese sentido, han sido unos privilegiados. Porque no son, por mucho que nos hablen de cientos de miles de afectados, la mayoría de los trabajadores de este país, sino que, más bien, son muchos más quienes no tienen derecho a vacaciones, son una inmensa mayoría quienes no tienen vacaciones que disfrutar, en estas fechas y, más aún, quienes no pueden siquiera plantearse volar a destinos lejanos.

La jornada anual de trabajo, las vacaciones y los días de descanso de cada trabajador vienen regulados, con carácter general, por el Estatuto de los Trabajadores, donde se establecen unos derechos mínimos y unas obligaciones máximas para los trabajadores, y unos derechos máximos y unos deberes mínimos para los empresarios. Las cosas como son. Y, con carácter particular, esos temas se regulan por los convenios colectivos que, en una sociedad, en que, se dice, que “empresarios y trabajadores son libres para hacer valer, por igual, sus derechos”, esos acuerdos adquieren fuerza de ley.

Según el Estatuto, el calendario laboral se elaborará anualmente, de forma que el trabajador sepa, a principio de año, qué días tiene que trabajar y cuáles puede descansar. Porque no nos contratan para que estemos a disposición todas las horas del día y todos los días del año. También establece cuál será la jornada máxima diaria y el tiempo mínimo que debe mediar entre jornada y jornada. En función de todo esto y de la jornada anual pactada, quedará perfectamente determinado cuáles y cuántos días son de trabajo y cuáles y cuántos lo serán de descanso semanal o vacaciones. A los controladores aéreos no se les han respetado ninguno de estos derechos. No se ha respetado lo pactado en convenio, se les ha aumentado unilateralmente la jornada, no se les han respetado los días de descanso y se les ha querido obligar a hacer horas extraordinarias, entre otras irregularidades. Y, todo ello, sin tener en cuenta la responsabilidad que comporta su trabajo.

A las víctimas del parón de los aeropuertos se les ha respetado su derecho a tener vacaciones. En ese sentido, estaban en una situación más favorable que los controladores, aún a pesar de no poder viajar en avión.

El Estatuto de los Trabajadores establece, asimismo, que las horas que excedan de la jornada pactada, serán extraordinarias y siempre, repito, siempre serán voluntarias. El día 3 de diciembre, la mayoría de los controladores ya había cumplido la jornada anual, incluso la impuesta, mediante Decreto, por el Gobierno. No obstante, el Gobierno pretendía, mediante otro Decreto, obligarles a hacer horas extraordinarias. Y los controladores se plantaron.

Hasta aquí, los hechos.

Por eso, a pesar de que ganen mucho dinero, a pesar de la campaña general orquestada para que la gente se les eche encima, olé! por unos trabajadores y trabajadoras que se deciden  a defender sus derechos, poniendo en riesgo su propia comodidad. Hemos perdido, hasta tal punto, nuestra dignidad y la conciencia de lo que vale nuestro trabajo que, en vez de luchar por conseguir los mejores salarios y las mejores condiciones de vida que merecemos, condenamos a quienes lo hacen, poniendo, repito, mucho en juego.

No son, por otra parte, los controladores ningunas hermanitas de la caridad. Ni tienen por qué serlo. Cada uno defiende lo que cree que le pertenece. ¡Ojalá todos lo hiciéramos! Sabemos que las plantillas son escasas, que ello ocasiona el que se tengan que hacer muchas horas extraordinarias, que los controladores las hacen, habitualmente, con gusto, porque las cobran muy bien. Pero eso no quiere decir que se les pueda obligar a hacerlas. Porque en el momento en que el Gobierno dictaba su Decreto no había emergencia que atender. Porque la emergencia se produjo después, con el parón de los controladores y el caos, y no antes, cuando el Gobierno dictó el Decreto. Quiere decir que el Gobierno actuó irresponsablemente primero y que no puede irse de rositas en todo el asunto.

Sabemos también que, además de controlar el tráfico aéreo, controlan celosamente la entrada de controladores nuevos. Y que, parece, también, que lo hacen con métodos descaradamente corporativistas.

Pero, lo mismo que sabemos nosotros todas estas cosas, el Gobierno también las sabía. Y ese es el fondo de la cuestión.

 En lugar de atajar realmente el problema, lo ha dejado pudrirse, ha esperado a que la gente cogiese las maletas y marchase a los aeropuertos, y ha lanzado su órdago. El Gobierno, en estos ocho meses, podía haber completado las plantillas y evitar que se tengan que hacer horas extraordinarias. Y podía haber arrebatado de las manos de los controladores el control del procedimiento de acceso a las vacantes que se produzcan para que cualquiera, libremente y en igualdad de condiciones pudiera acceder a ellas. Podía haber solucionado el problema. Sin embargo, ha preferido el caos, siendo consciente de que se iba a producir lo que se ha producido: llevar el Ejército a los aeropuertos. Todo ello, sabiendo que tenía las espaldas guardadas, que el escándalo de su decisión iba a ser amortiguado por los medios de comunicación con su sucia labor de pedir servilmente el linchamiento de los “salvajes” controladores, desviando, así, la atención de los ciudadanos y encubriendo su responsabilidad.

¿Qué ha pretendido, con ello, el Gobierno? Simple y llanamente “aligerar carga” para vender mejor, con más facilidad, el servicio aéreo, al mejor postor o a cuatro amigotes. El Gobierno no quiere que se completen las plantillas. Pero tampoco pagar horas extraordinarias. Sin completar las plantillas y despidiendo a los controladores díscolos, la oferta de privatización será mucho más atractiva para los inversores. Si privatizar servicios esenciales está demostrado que repercute negativamente en la calidad de los mismos, hacerlo, además, con estas artes es, de todo punto, inadmisible. Ante esto sí nos deberíamos movilizar todos.

Y, lo que es más importante: el Gobierno quiere dejar claro que no va a permitir que nadie se le suba decididamente a las barbas. Rubalcaba dixit. El estado de derecho sólo rige para los gobiernos, no para los ciudadanos. Una de las cosas que más pudo llamar la atención, en la tarde-noche del viernes, fue ver a los privilegiados que suelen tener un micrófono delante y largar, sin control, por la boca (y cobrar bien por ello) cómo les salía la rabia a borbotones, al verse sorprendidos, tocados en su orgullo y suficiencia por la “insolencia” de unos trabajadores asalariados, privilegiados, pero asalariados, al fin, de esos que no pueden escaparse de Hacienda, como seguro que hacen tantos otros por ahí.

Es hora ya de que demos la espalda masivamente a esos pontífices que, a diario, y a todas horas, nos machacan la cabeza para que acabemos pensando que lo que nos oprime es lo mejor que nos pudiera pasar.

PEOR QUE EL SHOW DE ANGELS BARCELÓ

Peor que el show de la Barceló lo está siendo el de la Ministra Trinidad Jiménez.

Angels Barceló lo único que ha buscado es protagonismo mediático. Toda la publicidad del viaje no iba encaminada realmente a conseguir información sobre lo que está ocurriendo en El Aaiún, sino solamente a despertar el corporativismo entre el gremio de los informadores y eco en los medios de comunicación. Y lo ha conseguido. Ella y sus colegas. Si realmente hubieran intentado obtener la información de lo que allí está ocurriendo, hubieran actuado de otra forma. Ni siquiera nos han contado lo que podían ver desde la ventana del hotel. Sólo era interesante lo que a ellos les pudiera pasar. Parecía como si esperasen lo único que les importaba, a ella y sus acompañantes: que los vinieran a buscar, que “les obligasen” a terminar con su pija aventura. Además, es contradictorio lo de los malos tratos sufridos con que les dejasen utilizar el móvil. La verdad es que un viaje de ida y vuelta, tan corto, les ha dado mucho protagonismo a ella y a la cadena SER para la que trabaja. Pero montar un show así, entre tanta tragedia humana, es indignante.

Pero, el verdadero espectáculo lo ha dado la Ministra Trinidad. Primero “se escapa” lejos, cuando se entera que el Gobierno marroquí iba a desmantelar el campamento. ¡Que no quiero verlo! Desde Ecuador tiene que desmentir a Ramón Jáuregui sobre la soberanía del Sáhara. Descoordinación entre ministros. Luego, como está lejos, se justifica diciendo que no tiene la información necesaria, y que espera que Marruecos se la dé. Pero, adelantándose a que le llegue esa información oficial, o dando a entender que le da lo mismo cuál sea esa información, se lanza a decir que la relación del estado español con el marroquí es fundamental, y desgrana todo un rosario de intereses comunes: lucha contra el fundamentalismo islámico, lucha contra el terrorismo internacional, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la emigración incontrolada. Pero nada ha dicho sobre lucha en defensa de los derechos humanos y, menos aún, y en concreto, en el Sáhara Occidental. No podemos evitar comparar tanta “prudencia y responsabilidad” con lo que hubiera sido si acontecimientos tan graves hubieran ocurrido en otros países a los que “la comunidad internacional” mira siempre con lupa. Como es presionada para que, en nombre del Gobierno, condene los hechos, alega que “el Gobierno no se puede apresurar”, “necesitaría un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos”. Olvida, conscientemente, la Ministra que lo de Marruecos y el Pueblo Saharaui es una guerra, con enfrentamiento armado y con treguas, pero guerra abierta y que, en la guerra todo vale, que ese conocimiento nunca lo tendremos, que Marruecos no nos va a decir la verdad. ¿Realmente el Gobierno español espera una información veraz por parte de Marruecos?

Lo de Zapatero ya no es ni espectáculo. Es mensaje puro y duro. Valen más, barcos sin honra, que honra sin barcos, contrariamente a aquél “espíritu nacional” que, siglos atrás, tanta gloria dio al Reino de España. Llevarse bien con Marruecos “es una cuestión de Estado” y, como todas las cuestiones de estado, ésta también está por encima del derecho, de la dignidad y de la vergüenza. “Defender los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante”. “La relación de España con Marruecos es prioritaria”. Aquí no importa que el régimen marroquí sea o no democrático, que no lo es. ¿Tanto dependemos de Marruecos? O, dicho de otro modo, ¿tanto dependemos de los amigos de Marruecos? ¿Los amigos de mis amigos son siempre mis amigos?

La pregunta de fondo, no obstante, sobre el por qué de la reiterada postura de los distintos gobiernos españoles sobre la cuestión del Sáhara no puede contestarse solamente aludiendo a esa sumisión a los poderosos amigos que tiene Marruecos, tampoco a los intereses económicos que algunos españoles tienen en ese país y, menos aún, a la dejadez de las autoridades españolas, en 1975, ante la invasión, por Marruecos, del Sáhara Occidental. La postura tiene trascendencia y connotaciones internas de carácter político, y que tienen que ver con las reticencias, por no decir oposición sistemática, al reconocimiento, como derecho general y fundamental, del derecho de autodeterminación de los pueblos. Las postura mantenida, contra viento y marea, al margen de las presiones internacionales, sobre el reconocimiento de la independencia de Kosovo, por poner un ejemplo, sólo se explica por esa cerrazón. Reconocer el derecho de soberanía sobre su territorio al Pueblo Saharaui, debilitaría la posición de defensa de la soberanía española en las plazas de Ceuta y Melilla e, incluso, sentaría un peligroso precedente en el contencioso sobre la independencia de Cataluña y Euskalerria.

¡Vaya! Va a resultar, al final, que vascos y catalanes “también son los culpables” de lo que ocurre en el Sáhara. ¡Ánda ya! ¡Ya está bien de coger el rábano por las hojas! Los únicos que no son culpables son los saharauis.

¡ES LA GUERRA, INGENUOS!

El cinismo con que Felipe González trató y trata el tema de Los GAL, a algunos, los que todavía conservan cierto margen para la sorpresa, les levanta ampollas; otros, sin embargo, callan, otorgando, siendo cómplices con su silencio; y los oportunistas de siempre aprovechan la riada para pescar lo que sea con tal que resulte útil para sus fines.

La guerra, dicen algunos, es la continuidad de la política por otros medios. El fin justifica los medios. El fracaso de la política, dirían otros. También se puede decir que la política es la continuación de la guerra pero por otros medios. Ahora son los medios los que justifican los fines. ¿Cuántas atrocidades no se están decidiendo “democráticamente”? Lo mismo que alguien dijo “es la Economía, estúpidos” podemos decir ¡es la guerra, ingenuos! para dar a entender que en la economía y en la guerra no hay ni normas ni ética posible. Siempre me impactó, por ridícula, aquella escena de la película “El puente sobre el río Kwai”, en que el oficial inglés apelaba a la convención de Ginebra para obtener un trato diferenciado por su condición de militar de graduación. Seguro que el oficial japonés que lo tenía preso sabía inglés pero no entendía aquella postura. ¿Cuántas demandas hay presentadas por las violaciones de los tratados internacionales sobre minas antipersonales, sobre bombas de racimo, sobre bombas de uranio empobrecido y de fósforo blanco, utilizadas por EEUU e Israel contra la población civil de Afganistán, Irak y Gaza respectivamente? ¿Dónde están los celosos fiscales guardianes del cumplimiento de la ley? ¡Es la guerra, ingenuos!

Pero, la realidad ha dado un paso más: hoy, gran parte de la política es la sustitución de la guerra, pero siguiendo los métodos de la guerra. Todo vale también en política, incluida la mentira, la manipulación y la tortura.

Felipe González “pudo decir sí, pero dijo no”. Y, ahora, dice, no sabe si obró correctamente. En el fondo, estará pensando ¡era la guerra! Y todo valía. Pudo dudar, entonces, como persona, al ver a “sus” Barrionuevo, Vera, Galindo y compañía condenados. Pero está claro que la duda la tuvo y aún la tiene como presidente que fue, como militante que era y es del PSOE.”Pudo” porque era Presidente y “dijo no” como Presidente. Con su confesión no trata de descargarse de una angustia vital provocada por ver a “su gente” en la cárcel. Con su confesión nos está diciendo que pudo ser correcto ordenar un acto de terrorismo como hubiese sido “volar a toda la cúpula de ETA en territorio francés”. O sea, que pudo ser adecuado hacer política usando medios de guerra.

Seguir la guerra por otros medios sería hacer política, pero dialogando, y no necesariamente consensuando, o sea, ese acuerdo donde “todas las partes ceden algo” porque lo importante sea siempre llegar a un acuerdo. Hacer política sería, en su mejor sentido, ponerse de acuerdo, sí, pero en buscar conjuntamente la verdad de las cosas. Porque no todo vale. Sería respetar a las minorías. Sería crear las condiciones que hagan posible que las minorías lleguen a dejar de serlo porque puedan llegar a triunfar sus ideas. En el conflicto vasco, o se termina violentamente porque se considera que es la guerra, o se termina dialogando.

Dicen que la primera víctima de las guerras es la verdad. Hacer política con la mentira es lo mismo que hacer la guerra. Y, más aún, si la mentira es fruto de la coacción y la tortura.

Vivimos una época en que el Gobierno y la oposición hacen política en base a mentiras y medias verdades. Miente sistemáticamente Zapatero y también miente Rajoy. Mienten sobre la economía, sobre política internacional, sobre derechos humanos. Sobre terrorismo miente a diario Rubalcaba, a quien no hace falta que le mientan los Cuerpos de Seguridad, en sus informes, porque tiene bien claro lo que él y el Gobierno quieren en el tema. Y más va a mentir, a partir de ahora, ya que se le ha encargado que sea él quien transmita las mentiras de todo el Gobierno. Mienten los policías cuando presentan como pruebas declaraciones hechas bajo tortura. Mienten los jueces cuando condenan basándose conscientemente en esas pruebas falsas o, rizando más el rizo, interpretando las “supuestas intenciones” de los delincuentes y prohíben actos antes de que se produzcan. Porque ya no interpretan las leyes, sino que interpretan las intenciones. Se han convertido en especialistas en psicoanálisis más que en leyes. Y eso es un fraude.

Tiene que ser difícil, por no decir imposible, ser juez e interpretar la ley con total imparcialidad, cuando los jueces son individuos con sus ideas, sus gustos, sus intereses y preferencias. Pero a ellos nadie los psicoanaliza. Es más, machacona y bastante ingenuamente, nos repetimos a nosotros mismos que los jueces tienen que ser, y son imparciales porque lo dice la Santa Constitución,. Nos conformamos diciendo que los procedimientos y el tiempo ponen a cada uno en su sitio. Pero el daño que puede producir una sentencia injusta por tardía o errónea, o los cientos de detenciones que terminan en libertad sin cargos, o la cantidad de presos que agotan la prisión preventiva sin juicio, en la mayoría de los casos, ese daño es irreparable.

¿No es esto lo que hay? El desprestigio de la clase política, cada vez, aparece más arriba en las encuestas.

Pero, lo peor, es que nos mintamos a nosotros mismos, conformándonos, aceptando pasivamente como verdadero algo que, por comodidad, no hemos querido juzgar por nosotros mismos. El dicho popular de que tenemos los gobernantes que nos merecemos, siempre tiene algo de verdad.

HABLANDO DE TREGUAS

Dicen que el paro nos da una tregua.

Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre, se ha reducido el paro en 70.800 personas. Que 69.900 ha encontrado empleo.  Pero que aún quedan 4.574.700 de parados. Antes de que el dato pase a ser una estadística más y caiga en el olvido, es importante valorar qué significa esta “tregua” que, según los optimistas, nos da el paro.

Por de pronto, la preocupación por el paro no desciende y sigue siendo el problema más importante según la mayoría de la población.

¿Estamos ante una verdadera tregua? ¿Cómo la podemos calificar?

Para las víctimas del paro, esta supuesta tregua es “más de lo mismo”, ofende su dignidad como personas e irrita a todos quienes, mes a mes, viven la angustia de no tener con qué sobrevivir.

Es una “tregua trampa”. Hay menos parados porque hay más precarios. Los efectos de la Reforma Laboral, lejos de ser beneficiosos para los trabajadores, como augura el Presidente Zapatero, lejos de aumentar la estabilidad en el empleo y extenderse el contrato de fomento del empleo fijo, lo que está provocando es que se esté destruyendo más empleo fijo y se esté sustituyendo por empleo eventual. Así, está claro, la patronal emplea esta tregua para “rearmarse”. 

Los empresarios, verdaderos responsables del paro, están imponiendo, “mediante la violencia del despido”, lo que no están dispuestos a negociar en ninguna mesa de diálogo social. Están enrocados en su discurso rígido e inflexible: “para crear empleo exigen más facilidades por parte del Gobierno y, sobre todo, de los trabajadores”. Quieren salarios más bajos, quieren que produzcamos más, quieren poder disponer de los trabajadores y trabajadoras a su antojo, quieren que les permitan no cumplir los acuerdos que firman y también quieren que les rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social. Y no quieren que el Gobierno se entrometa en su actividad económica, creando empleo, porque ello representaría una “competencia desleal” que atentaría contra la libertad de empresa que propugna la Constitución. Ellos son los “únicos interlocutores válidos” aunque no se presenten nunca a las elecciones. Lo peor es que nadie les dice que sus pretensiones “están trasnochadas”, que están aumentando la división entre las dos españas, la de los que necesitan trabajar para vivir y la de los que necesitan que otros trabajen para ellos enriquecerse, porque, en realidad, mediante sus empresas de información, han creado la sensación de que lo que ellos pretenden es lo natural, lo único posible, lo inevitable. De hecho, los “mediadores internacionales”, entidades que no son premios Nobel, precisamente, como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y, sobre todo, los llamados “mercados financieros”, les dan la razón. Y, si no lo hiciesen, rápidamente les descalificarían diciendo que están mal informados, que “no conocen la realidad interna de nuestro país”. Y el Gobierno colabora, obedece a los que tienen el dinero, o calla, con tal que le dejen seguir gobernando.

Para el conjunto de los trabajadores, esta tregua que “nos da unilateralmente el paro” es “insuficiente por insignificante”. Rebajar la tasa de desempleo en unas décimas, cuando, hasta ahora, sobrepasaba el 20%, para nosotros es ridículo e insultante. Llevamos muchos años asistiendo a mensajes sobre la evolución del desempleo y el problema sigue ahí. Es pura retórica, es un discurso en el que ya no creemos. El único comunicado que esperamos es que los empresarios “han entregado, de forma definitiva y verificable, sus armas”, la propiedad de las empresas, nos han devuelto lo que por nuestro trabajo nos pertenece. Como sabemos que eso no lo van a hacer voluntariamente, nuestra política “no debe cambiar ni un ápice”. Debemos seguir nuestro acoso, debemos arrinconarles con todos los medios a nuestro alcance, legales o semilegales. Debemos, ahora más que nunca, unirnos todos los “demócratas trabajadores y trabajadoras”. Debemos dar un mensaje claro de apoyo a las víctimas, los parados. Debemos, por encima de todo, defender nuestro estado de derecho, basado en el trabajo, en la cooperación social, en la solidaridad, en la dignidad.

Aunque suene a ciencia ficción, este es nuestro único discurso válido.

MUY LEJOS DE DOWNING STREET

El 15 de Diciembre de 1993, el Primer Ministros inglés, John Major y el Jefe de Gobierno irlandes, Albert Reynolds, firmaban una declaración, en el domicilio del Premier británico, en Downing Street, por la que ambos reconocían que en Irlanda del Norte existía un conflicto político y que los irlandeses del Norte tenían derecho a la autodeterminación. La Declaración pasó a la historia como la de Downing Street.

La decisión de ambos políticos no ponía condiciones previas ni pedía nada a cambio, a pesar de que el conflicto armado estaba activo. Pero trajo como consecuencia que el IRA decretase el alto el fuego, al año siguiente, y que se iniciase un proceso de negociación, que desembocaría en los Acuerdos de Stormont, cuatro años después. Y cesase la lucha armada.

Es interesante recordar siempre la historia. Y, sobre todo, los detalles.  Que John Major era conservador, delfín y sucesor de la ultraconservadora, conocida como “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, castigo de sindicatos y movimientos sociales de Gran Bretaña.

John Major demostró, posiblemente, no tener visión política partidista (perdió las siguientes elecciones, quizá no por esa decisión, pero sí a pesar de ella), pero pasará a la historia de Gran Bretaña y de Europa como quien, teniendo una visión de largo alcance, puso la primera y principal piedra en la construcción de una solución dialogada al conflicto que arrastraba, desde hacía siglos, el estado británico en su relación con Irlanda, conflicto que había alcanzado altos grados de violencia en las últimas décadas y que había costado centenares de víctimas.

Nada sabemos sobre si el IRA consideró, en su momento, la Declaración de Downing Street, como bastante, suficiente o insuficiente. Lo cierto es que, meses después, declaró el alto el fuego y se mostró dispuesto a entablar una negociación.

Hay quienes machaconamente repiten, en España, que el caso de Irlanda del Norte nada tiene que ver con el de Euskadi. Y tienen razón. Las posturas de los gobernantes y los políticos, aquí, son diametralmente opuestas a las de los gobernantes británicos e irlandeses.

Aquí, las treguas las declara ETA. Y todas las treguas declaradas lo han sido, que sepamos, por iniciativa propia. Tampoco consta que hayan exigido condiciones previas. Y la respuesta de los gobiernos y de la oposición siempre ha sido la misma: decir no, desconfiar de la tregua, calificarla de trampa y, en los últimos tiempos, como insuficiente. Consideran que los móviles de ETA, al declarar las treguas, no son sinceros, sólo tienen como finalidad el rearme, la reorganización, el fortalecimiento en momentos de debilidad. Ponen condiciones máximas: la entrega de las armas y la autodisolución. Cuando ha habido negociación, el fracaso siempre se le ha achacado a ETA, y se ha utilizado el monopolio de los medios de comunicación para ocultar la versión de la otra parte sobre lo ocurrido. Sin embargo, a cualquiera que haya seguido toda esta historia no se le escapará que ETA, tristemente, en muchos sentidos, siempre ha cumplido lo que ha dicho. Así lo vienen reconociendo los sucesivos gobiernos.

En los últimos tiempos, han sido varios los comunicados de ETA. Y lo único que suena machaconamente, ante cada uno de ellos, es que, lo que dicen, es insuficiente.

Insuficiente es un término relativo. Lo que, desde un punto de vista puede ser insuficiente, desde el contrario puede ser suficiente, bastante y hasta demasiado. Si la valoración depende exclusivamente del punto de vista de cada uno, por separado, de los sujetos enfrentados, la posibilidad de llegar a un acuerdo es nula. ¡Claro que todos queremos más! Pero la única posibilidad de valorar la suficiencia o insuficiencia de los movimientos del contrario para conseguir un acercamiento estará en la valoración del camino que cada parte ha recorrido o dice estar dispuesta a recorrer. Hay quien dice que es necesario que cada parte sea capaz de situarse, mentalmente, en la posición de la otra, para valorar lo que cada proposición significa. Hay también quien considera necesario que ambas partes estén, previamente, de acuerdo en unos mínimos (o máximos) fundamentales. El primer acuerdo mínimo es coincidir en que hay un problema que solucionar. El segundo, en este caso, sería reconocer que existe un problema político y no sólo de violencia. El tercero, que son los ciudadanos afectados quienes deben tener la última palabra. A partir de ahí, todo sería negociable.

Lo cierto es que nada de esto se da en torno al conflicto entre los vascos independentistas y los estados español y francés.

De lo que de esta parte de los Pirineos conocemos y estamos viviendo y podemos hablar, la distancia se muestra insalvable, machaconamente insalvable y, en los últimos tiempos, sobre todo, por parte del estado español.

Las posiciones de ETA, al menos aparentemente, cambian, las del estado español, sin embargo, son siempre las mismas: Ley de Partidos, ilegalizaciones, anulación de candidaturas, prohibición de manifestaciones, reuniones, publicaciones, se persiguen las gestiones internacionales, se exige la condena pública. Enroque en la propia posición y represión del contrario, como respuesta.

Nadie se pregunta si no es cínico y contradictorio que se exija a la izquierda abertzale que condene a ETA cuando, previamente, se ha empleado todo un derroche de medios para entablar un proceso de detenciones, tortuas, encausamientos, sentencias y prisión para demostrar que la izquierda abertzale es ETA. ¿En qué quedamos? ¿La izquierda abertzale es ETA o no lo es? ¿Si es ETA, cómo va a condenar a ETA? 

¿Qué es políticamente más importante y costoso y, sobre todo, más efectivo, pedir a ETA que cese en su acción armada y declare un alto el fuego permanente y verificable, como está haciendo la izquierda abertzale, o hacer una declaración pública de condena y quedarse tan panchos?

No valorar los pasos que se están dando es de una ceguera política sin precedentes, alimentada por la prepotencia que da el poder y que rezuma en todas las declaraciones de Zapatero, Rubalcaba, Rajoy, López, Ares, Basagioti y compañía. No hay mayor ciego que el que no quiere ver.

Sólo las horas que los medios de comunicación, para quienes el tiempo es oro, y el tiempo que el Ministerio del Interior emplean en hablar del tema ETA-Batasuna, y los equilibrios que están haciendo los jueces para dictar sentencias al borde de la legalidad demostrarían suficientemente que estamos hablando de un conflicto político de gran calado, que va mucho más allá de lo que sería un tema de cuatro delincuentes descerebrados. Por la otra parte, la última marcha de Bilbao es un paso más, un ejemplo de tantos otros como se están produciendo y que confirman la afirmación de que detrás hay todo un planteamiento político con importante eco entre la sociedad vasca. La ocultación de la misma que han hecho los medios de comunicación generalistas también demuestra que detrás de la información “hay mucha política”.

Entre reconocer el derecho de autodeterminación y respetar los derechos de manifestación, asociación reunión y opinión hay poca distancia, si se les busca en las declaraciones internaciones sobre derechos humanos. En la práctica de los estados, sin embargo, esa distancia parece, en ocasiones, insalvable. De Londres a Madrid hay, en línea recta, 1.264 kilómetros. De Downing Street a la Moncloa, la distancia es de años luz (un año luz son 9.460.000.000.000 kilómetros, ¡casi un billón!).

La pregunta es: ¿cuánto sufrimiento está costando y va todavía a costar tanta distancia entre posiciones? Desde diciembre de 1993, son 112 los muertos por ETA más los muertos de la propia organización. El simple reconocimiento de que hay un conflicto político sería ya un paso de gigante.  

RECORTE DE DERECHOS Y/O PÉRDIDA DE PROTECCIÓN

El presidente Zapatero, en los últimos tiempos, intenta, con juegos de palabras y atrevidas metáforas, maquillar realidades difíciles de defender desde una acción de gobierno seria y más difíciles de entender por parte de los votantes. La última, calificar la formación como trabajo, es un ejemplo de ello. No ha dicho que la formación sea una actividad que, indiscutiblemente, lo es. Sino que la ha equiparado con el trabajo productivo que, indirectamente, puede serlo, puesto que la formación contribuye a que el sujeto sea más capaz de desarrollar ciertas funciones productivas. Pero lo ha hecho con una sola intención, ocultar las cifras de desempleo: un parado que está formándose ya no es un parado porque está “trabajando”, y no debe, por tanto, estar incluido en las listas del paro ni contar en las estadísticas. La reacción general ha dejado en ridículo estar burda operación y muchos la han calificado de cínica.

Sin embargo, otra aseveración de las ocurrentes que tiene el presidente, ha pasado extrañamente un tanto desapercibida, aunque, no por ello, sea menos grave. La de que la Reforma Laboral aprobada no contiene recorte de derechos. Y lo ha dicho con tono retador, como emplazando a que se le demuestre lo contrario. Y, por supuesto, lo ha dicho con la media sonrisa y la desfachatez a que nos tiene acostumbrados.

El trabajador no tiene derecho al despido con indemnización. Tiene derecho a que se cumpla su contrato. Y la indemnización es una penalización al empresario por su incumplimiento y una compensación al trabajador por dicho incumplimiento. El despido es lisa y llanamente un incumplimiento de contrato. No hay que olvidarlo.

El denominado Derecho del Trabajo nace en el siglo XIX como una necesidad de proteger al trabajador frente a los abusos del empresario propietario de la empresa. Sin entrar a valorar la actuación de este o aquel empresario, parte ese Derecho del reconocimiento general de que el trabajador está en inferioridad de condiciones a la hora de contratar sus servicios con un empresario determinado. El principio liberal de que trabajador y empresario son libres para contratar o no en el mercado laboral, ya en esa época empezaba a chirriar, dejando en evidencia la falacia de tal afirmación. Y, como eran momentos en que el desarrollo galopante de la industria manufacturera requería de mucha mano de obra, y estaban resultando insuficientes las medidas encaminadas a que los trabajadores se incorporaran masivamente a las fábricas, los poderes económicos aceptaron la implantación de una serie de limitaciones a la actividad del empresario, encaminadas a proteger, en alguna medida, al trabajador y así ganar su confianza.

El Derecho del Trabajo es una rama especial del derecho, regula sólo una parte de las relaciones sociales, las relaciones de producción. Y lo hace con unas características muy específicas. Parte del derecho del trabajador al trabajo para pasar, de hecho, a la obligación, de trabajar. A la necesidad imperiosa de trabajar. Hoy ya nadie se cree esa igualdad contratante del trabajador ante el empresario. Y, lógicamente, se convierte en un derecho proteccionista del trabajador ante esa obligación-necesidad. Trata de “recompensarle”, mediante ciertas protecciones, por esa obligación impuesta de trabajar.

Los “derechos de los trabajadores” son protecciones ante los empresarios, dueños y señores de sus empresas, ante sus desmanes y ambición o, simplemente, ante su necesidad o su “derecho legítimo” de obtener los mayores beneficios posibles. Recordar estas cosas, a una parte de la opinión, reflejada en los medios de comunicación, lo tildan de anacrónico. Hace unos días, ciertos comentaristas rechazaban que la monarquía fuese algo anacrónico por el mero hecho de que es algo recogido en la Constitución. Sin embargo, hablar de explotación, de los derechos de los trabajadores, denunciar la indefensión en que se encuentran sí lo consideran anacrónico, aunque el derecho al trabajo también sea algo recogido en la misma Constitución.

Es cierto que la sociedad y la situación de los trabajadores han evolucionado. En parte, debido a la lucha y organización de los trabajadores. Pero no siempre a mejor.

Puede que la lista de derechos se haya engrosado con el paso del tiempo. Pero los derechos escritos, como todos los derechos, en la práctica, se pueden convertir en papel mojado, dejando, de hecho, en este caso, al trabajador sin la protección que teóricamente ese derecho dice sancionar. No importa tanto tener muchos derechos cuanto la posibilidad de ejercerlos. Puede que un derecho, como tal, siga vigente, pero la falta o merma de los medios necesarios para poder defenderlo lo convertirán en papel mojado. El efecto disuasorio de la indemnización es uno de esos medios. Sabe bien Zapatero que la rebaja de la indemnización, y, más aún, el que parte de la misma sea pagada por todos nosotros, facilita que el empresario incumpla su contrato y despida con menos coste. Decir, por tanto, que la Reforma no recorta derechos, sabiendo que el trabajador pierde protección ante su despido, es una muestra más del malabarismo con las palabras a que se ha aficionado el presidente, cuando no una muestra de descarado cinismo.

El abaratamiento del despido y otras reformas sí están suponiendo que el trabajador esté, cada vez, menos protegido ante su situación de inferioridad, aún en el supuesto de que las sucesivas reformas o, al menos, ésta no suprimiese ningún derecho.

A LOS PIQUETES: ¡CAÑA!

En las vísperas de la Huelga General, los piquetes han sido tema central en muchas de las tertulias de los medios.

Primero se trataba de presionar a las autoridades, digo yo, para que tomasen medidas, sin darse cuenta de que, en realidad, estaban metiendo el miedo en el cuerpo a los indecisos. Lo cierto es que se creó un caldo de cultivo para que las reacciones fuesen varias. Los tertulianos contrarios a la huelga (eran todos) no se daban cuenta que metiendo miedo a quien no iba a secundar la huelga, en realidad estaban ejerciendo involuntariamente de piquete preventivo, pues más de uno o una, por miedo a los piquetes, optaría por quedarse en casa.

Y, pasada la huelga, a la hora de hacer valoraciones, los piquetes seguían siendo el tema central. Los mismos tertulianos achacaban a los piquetes no se sabe bien si el éxito o el fracaso de la jornada de lucha. La huelga había sido un fracaso, decían, pero su éxito se debía (¿en qué quedamos?) a que muchos trabajadores no habían podido ejercer libremente su derecho a trabajar por las coacciones de los piquetes. ¿De qué derecho a trabajar estamos hablando? ¿Del derecho de los parados a tener un empleo, quizás? ¿O, más bien, de tener el privilegio de poder trabajar en tiempos de crisis?

Ellos, los tertulianos, sí que han sido un “piquete informativo”. Bueno, un piquete sí, por aquello de ser un grupo claramente organizado. Lo de informativo sería por aquello de que se presentan como periodistas. Pero, en realidad, informar informar, han informado poco. Se han limitado a dar opiniones interesadas. Que la Reforma Laboral es imprescindible es una de ellas. Todavía no ha habido nadie que nos diga, a cara de perro, por qué o para qué, en verdad, es imprescindible.

Otro tipo de piquete “informativo” lo han constituido muchos empresarios que, seguro que también organizadamente, con consignas claras, han tratado, por todos los medios, de que los trabajadores y trabajadoras ejerciesen “libremente” su derecho a hacer huelga: “Si mañana haces huelga, pasado ya no vengas”. Sería difícil probar estas coacciones ante un tribunal, pero daría lo mismo, porque estas coacciones no son delito. Ni siquiera, para todos esos opinadores, se trata de una coacción. Es el derecho del empresario. El empresario es muy dueño de despedir a sus trabajadores. Y, ahora, más, con la Reforma Laboral aprobada. Que le despidan a uno es menos coacción que a alguien, por ejemplo, le pinchen las ruedas del coche, dicen. Esto es violencia. Aquello “cosas de la sociedad en que vivimos.

Otro piquete “informativo” lo han constituido los guardias de la porra. No protegían a los huelguistas en su derecho constitucional porque “no habían recibido órdenes” para ello. Y ellos son unos “mandaos”. Sólo reciben órdenes de proteger a los “ciudadanos de bien” de los trabajadores energúmenos. Y ha habido huelguistas agredidos, de palabra y obra, apaleados.

A todos estos piquetes es a los que hay que dar caña.

La última sobre los piquetes es que, con todos los medios que hay hoy para informar, los piquetes informativos ya no tienen razón de ser. Que no hace falta regularlos. Que sobran. Que los trabajadores están superinformados. Se pasan de listos cuando dicen esas cosas. Enmiendan la plana hasta al mismo Tribunal Constitucional que reconoce que los piquetes son consustanciales al derecho de huelga, que los trabajadores tienen el derecho, no sólo a informar a sus compañeros, sino a intentar convencerlos para que la huelga se extienda. Olvidan o, mejor, ignoran, porque esas cosas no van con ellos, que la principal información que transmiten los piquetes no son tanto las razones de la huelga, que también, sino que hacen saber a los trabajadores indecisos que hay muchos compañeros y compañeras en huelga defendiendo los derechos propios, y que también defienden los suyos. Que, si hacen huelga, los compañeros y compañeras les van a arropar. Y que, con su acto, se sumarán a otros muchos que, como ellos, protestan por las agresiones del patrón, de la policía, del gobierno. Porque todos pertenecen a la misma clase.

De esto, los tertulianos no hablan, no entienden. En el fondo, están considerando la solidaridad un delito o, al menos, algo trasnochado. Ellos forman un gremio, pero es de rebote, no son solidarios, no se sienten miembros de una clase. Se han mofado de que algún sindicalista calificase a los piquetes como “convencitivos”, y no tanto por la palabreja, sino porque ellos son los primeros que no entienden de convencer pacífica y libremente a quien no piensa como ellos. A las pruebas de toda la campaña mediática antihuelga me remito.

PEROGRULLADA CON PREMEDITACIÓN

Perogrullo, a la mano cerrada, la llamaba puño. Nunca supe por qué, a las perogrulladas se las consideró una necedad. ¿Quizá porque no añadían nada nuevo a lo ya sabido? ¿O quizá porque simplemente ponían nombre a las cosas? La cosas existen antes de que alguien les ponga nombre. Y alguien tiene que ser el primero en nombrarlas.

El Ministro Rubalcaba nos dice que el atentado de Afganistán ha sido premeditado. Y que, por eso, es un atentado terrorista.

No me imagino un atentado sin premeditación. Es más, creo que no es posible. Ni siquiera que sea espontáneo, hecho por propio impulso. No hay nada absolutamente espontáneo. Siempre hay causas previas, cercanas o lejanas, pero causas. Si no fuese premeditado ni espontáneo, no pasaría de ser un accidente, algo fortuito de lo que involuntariamente resulta un daño. Y estaríamos hablando de otra cosa. Quizá de “daños colaterales”.

La Academia define el terrorismo como la sucesión de actos de violencia, ejecutados para infundir terror o, también, la dominación por el terror. Se supone que se trata siempre de actos premeditados, o sea, pensados antes de cometerlos. Establecer las lista de actos violentos que puedan ser considerados como terroristas sería una ardua tarea para la comunidad internacional sin antes definir qué entiende la misma por terrorismo. De hecho, ha habido varios intentos que no han logrado consenso general sobre tal definición. Entre otras cosas, porque meterse en tal berenjenal  ponía sobre la mesa algunas dudas sobre la legitimidad y carácter no terrorista de ciertas acciones violentas llevadas a cabo por algunos estados. En algo sí coinciden todos los proyectos de definición, en que se trata de acciones violentas por motivaciones políticas. Y un punto en que no hay acuerdo es si debe incluirse la acción individual o si es necesario que se trate de grupos organizados. No obstante, a pesar de las dificultades de llegar a esa única definición, no han tenido empacho en confeccionar una lista de personas y grupos que deben ser considerados terroristas. ¿Con qué criterio?

En el caso que nos ocupa, que es una auténtica perogrullada (atentado terrorista igual a premeditado) Rubalcaba no ha necesitado entrar en más consideraciones. Lo de menos es saber si pertenecía o no a un grupo organizado, si estaba loco o en su sano juicio, o si pudiera tener alguna motivación política. Tampoco tiene importancia para el Ministro cómo pudo el chófer del Capitán de la Policía Nacional afgana engañar, durante tres años, a la seguridad militar. Nada dijo que pudiera explicar la frialdad de alguien que se cuela en un cuerpo estatal de seguridad, que pasa todos los filtros, que se gana la confianza de sus superiores, que sale airoso en algún momento en que resulta sospechoso, y que es capaz de esperar pacientemente  el momento preciso para llevar a cabo su acción. Quizá la consideración de todos estros extremos es lo que impulsó a Rubalcaba a resumirlos precipitadamente en la expresión “premeditado”.

Lo más urgente era la perogrullada: ha sido premeditado, luego es un atentado terrorista.

Pero lo que sí parece verdaderamente premeditado es esa prisa de Rubalcaba por incluir la acción violenta en esa corriente mundial que “nos amenaza a todos”: el fantasma del terrorismo. Todo “lo malo” es terrorismo. Es el auténtico slogan de una campaña de los poderes mundiales. Todo lo que atenta contra los estados y/u organizaciones internacionales, sea lo que sea lo que unos y otras estén haciendo, es terrorismo. Y, contra el terrorismo todo es legítimo. Resultan retóricas las advertencias de la ONU sobre el peligro de elegir seguridad a cambio de suspender derechos. La práctica de las naciones demuestra que tales advertencias son papel mojado. En unos casos se suspenden derechos sin más. En otros se fuerza hasta límites insospechados la interpretación de las leyes y, cuando hace falta, se promulgan leyes ad hoc.

¡Qué imagen más cansina la del Ministro Rubalcaba diciendo siempre lo mismo! ¿No le aburrirá que nadie le lleve la contraria?

LA NARIZ DE RUBALCABA

¿Cuándo le crecía la nariz a Pinocho?

Llevo obsesivamente observando el rostro del ministro Rubalcaba en sus más que frecuentes comparecencias ante los medios para informar de los logros de la lucha antiterrorista. Si fuese un experto en fisiognomía quizá podría averiguar lo que su rostro oculta. Pero no lo soy. No me vale tampoco el dicho popular de que la cara es el espejo del alma. Entre otras cosas porque Rubalcaba aparece siempre naturalmente frío, monótono, locuaz pero inexpresivo, impertérrito. Y, al final, caigo en la vulgaridad de fijarme en su nariz. Por aquello del cuento de Pinocho. No sé si le está creciendo pero, lo cierto es que tiene una señora nariz.

De lo que no encuentro referencia alguna, en el acervo popular, es algo que se pueda relacionar con las cejas de Zapatero que quizá fuese más interesante. Por eso me he centrado en Rubalcaba.

Ironías aparte. ¿Por qué me fijo tanto en Rubalcaba? Quizá porque sea de los políticos más valorados, según las encuestas. Y me mosquea que un ministro de Interior sea popular. Por eso me fijo tanto en lo que dice y en cómo lo dice. Y no tanto en lo que hace pues él bien que lo pregona. Llevo así de obsesivo todo un año.

No sé si Rubalcaba dice lo contrario de lo que piensa con intención de engañar, y eso sería mentir, según el catecismo. O si sólo es que oculta premeditadamente parte de la verdad, lo cual sería también una mentira. O si, simplemente, dice lo que piensa, sin darse cuenta de que puede estar engañándose a sí mismo. ¿Será verdad aquello de que una mentira, muchas veces repetida, acababa convirtiéndose en verdad? ¿Es posible que Rubalcaba nos esté engañando a todos todas las veces? Confieso que, la mayoría de las veces, no sé si Rubalcaba nos está engañando o si lo que dice es verdad. Con la última información sobre la detención de los dos supuestos miembros de ETA me ha pasado lo mismo. Hay cosas que no casan, aunque, con el terrorismo por medio, a la mayoría parece no importarle.

Su principal éxito radica en ser el Ministro del Interior que ha detenido y encarcelado a más cúpulas de ETA. Son ya tantas que ni siquiera a él le excita el hecho. Detiene a cúpulas terroristas como quien lava. Y nosotros, crédulos, lo escuchamos sin apenas reaccionar.

En esto del terrorismo siempre me quedó grabada aquella definición de lo que hay que hacer en la lucha antiterrorista, puesta en boca del jefe de los paracas franceses, en la película de Pontecorvo, “La batalla de Argel”. En ella se afirmaba que la clave para acabar con el Frente de Liberación Nacional de Argelia era acabar con la cabeza del movimiento. Dice el militar: “el terrorismo es como la solitaria. Le puedes cortar parte del cuerpo, hasta todo el cuerpo, pero, si no le aplastas también la cabeza, siempre le volverá a crecer la parte amputada y seguirá viviendo”.

En el caso de Rubalcaba, las cosas parecen ser de otra manera. Aquí, lo que se amputa y reproduce constantemente es la cabeza. Y lo que parece que Rubalcaba no acaba de conseguir es aplastar el cuerpo. Y no es que no lo intente. Entre ilegalizaciones de partidos, de candidaturas, de asociaciones y colectivos, de cierres de periódicos y emisoras, de embargos de herrikotabernas, de registros, de prohibiciones de manifestaciones y ruedas de prensa, el número de personas detenidas, procesadas, condenadas y encarceladas, y la cantidad de miles de euros de fianzas recaudados, baten todos los récords. Quizá no entendamos que con tanto aplastar la cabeza, puede que el ministro esté consiguiendo que el cuerpo crezca y engendre constantemente nuevas cabezas.

La eficacia de su estrategia se mide por números. Cuanto más etarras encarcelados “más libres somos los demás”. Cuantas más armas incautadas, más tranquilos podemos caminar por la calle. No sabemos cuántos comandos está operativos, aunque nos dicen que cada vez son menos. Con la detención del último “se ha evitado que haya más víctimas”. Siempre hay un último. Hay muchos últimos. “Los amigos de los que matan son igual de culpables”. Da lo mismo que sean muchos. Es un discurso repetitivo. Por otra parte, se corre un tupido velo sobre los medios empleados para que los detenidos confiesen. Todos cantan en comisaría. Siempre me ha extrañado que los terroristas canten a coro y voluntariamente, y con tanto detalle, sin nadie que los presione. Ser terrorista e incauto, a la vez, no concuerda. Pero me he acostumbrado a oírlo y, al final, pienso que pueda ser posible que así ocurra, aunque nadie me haya dicho hasta ahora que cantar voluntariamente en las comisarías sea una consigna de ETA contenida en sus manuales. Por eso, me explico que haya quienes se escandalizan cuando se habla de torturas. Y es que, de verdad, ¿para qué torturar a quien te va a contar espontánea y gustosamente, con pelos y señales, todos los planes y entresijos de su organización?

Pero ¿qué es, en concreto, lo que me ha hecho pensar que todo este galimatías es una gran mentira? Ni más ni menos que las palabras dichas por el propio Rubalcaba, ahora ha hecho un año, de que “aunque los amigos de ETA condenen a ETA y su violencia, no van a ser legalizados ni van a poder presentarse a las elecciones”. Así de rotundo fue el ministro. No volverán a entrar en las instituciones, ellos ya no podrán hacer la política que, según la Constitución, todos podemos hacer. No importará que los jueces tengan o no algo que decir. Lo dice el ministro y basta.

¿Fueron las palabras de Rubalcaba un lapsus? ¿Por qué pasaron tan desapercibidas? ¿Por qué no produjeron el obligado escándalo nacional, cuando lo lógico es que todos debíamos haber puesto el grito en el cielo? Tantos años exigiendo “que condenen” y, al final, ¡no les valdrá de nada que lo hagan! Porque, digan lo que digan, hagan lo que hagan, para Rubalcaba, será una farsa. Y Rubalcaba no está para farsas. Él sabe lo que anida en nuestros corazones. Él conoce las intenciones de todos. No le importa que haya un juez Andreu que le recuerde que los ciudadanos tenemos algunos derechos y que es bueno que los ejerzamos.

¿Nos tiene engañados Rubalcaba? ¿Contra qué lucha realmente el ministro? ¿Contra la violencia de ETA? ¿Contra los etarras? ¿Contra “sus amigos”? ¿O realmente contra quienes tienen un planteamiento político distinto y quieren defenderlo y llevarlo a la práctica? Me parece que contra esto último. Si es así que se diga claramente. Que aquí no hay derecho a disentir. Que hay que cambiar la Constitución. Que todo el que atente, de pensamiento, palabra u obra, contra la unidad de España, será perseguido y encarcelado. Que se diga. Ya lo han dicho los obispos, que la unidad de España es un bien moral y que pecará quien vaya contra ella. Quizá ya no se escandalice nadie por oír estas cosas. Ni nadie se extrañe de que a Rubalcaba le crezca la nariz. Nos estamos acostumbrando a todo.

  

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS

Hace días, el PP proponía que se prohibiesen las huelgas durante la negociación de los convenios. ¿Cómo iban a hacer valer sus pretensiones los trabajadores? ¿a base de brillantes discursos? Aunque parece que el Partido Popular ha dejado que el tema se olvide, la pregunta es, cómo el PP se atreve a hacer tal proposición.

Los trabajadores nos escandalizamos cada vez que nos dicen que han reformado “el mercado de trabajo” (mejor habría que decir “el mercado de trabajadores”). Repasamos cada una de las medidas que nos anuncian y criticamos que sean peores que las de la reforma anterior y, en todo caso, con resignación, nos aventuramos a decir que se podían haber aprobado otras medidas menos malas, pero malas, al fin. Parece, cada vez, que el grado de resignación ha llegado al máximo posible. Hablamos, cada vez, del mayor recorte de la historia. Pero, la experiencia dice que no. Que nos pueden apretar más aún.

La actual Reforma aprobada, entre otras cosas, deja abiertas puertas muy anchas para que el despido sea, no sólo más barato, sino que se cebe con los trabajadores fijos. Despedir a todos los eventuales que al sistema, en este momento, le ha venido bien, ya se ha hecho y sin problemas. Ahora, la ofensiva se dirige hacia los fijos. Con una serie de datos, que le norma aprobada enumera con suficiente ambigüedad para justificar un despido con veinte días de indemnización por año, la última palabra queda en manos del juez que ni sabe, ni tiene que saber, ni cuenta con medios para ello, si los datos son verídicos, si son fiables y si en realidad reflejan un panorama que justifique los despidos que le pongan sobre la mesa. Y, a día de hoy, la mayoría de los jueces “han tragado” la máxima de que es mejor tirar lastre antes que el barco se hunda, que es mejor preservar los puestos de trabajo restantes que dejar que se pierdan todos. Y se quedan tan tranquilos. Para ellos no hay dramas personales ni familiares del despedido. Y habrá despidos como churros.

Y, encima, parte de esa reducida indemnización no la va a pagar el empresario sino que la vamos a pagar entre todos.

La pregunta, por tanto, no es sólo por qué el PP se atreve a hacer esa propuesta a que aludíamos, sino cómo podemos tolerar que las actuales medidas sean aprobadas, cómo toleramos las anteriores y si vamos a tolerar las que vengan.

Posiblemente porque cada uno hace las valoraciones individualmente y calcula en cuánto le puede afectar tal o cual medida y si podrá soportarla. Y, sobre todo, porque nos comparamos con quien está peor que nosotros y, al final, consideramos que lo que perdemos con cada medida es un mal menor que tenemos que soportar si no queremos perder el resto. La comparación es la clave del conformismo.

No estamos acostumbrados a ver todo esto como un proceso, y la clave está en darnos cuenta de que lo es, y la preocupación debe ser saber a dónde ese proceso nos lleva.

Lo que estamos viviendo no es cosa de la última crisis ni de la nefasta gestión que los políticos del gobierno y la oposición están haciendo de la misma. La cosa viene de lejos.

Llevamos muchos años de reformas laborales y, con cada reforma, no sólo hemos perdido unos derechos concretos. Hemos perdido la posibilidad de defendernos. Porque lo grave no son los recortes (que lo son), sino por qué se han producido. Y se han producido porque la mayoría de trabajadores y trabajadoras, con los sindicatos UGT y CCOO al frente, hemos ido perdiendo argumentos con que responder a los empresarios, a los banqueros, a los gobiernos. Hemos asumido inocentemente y sin apenas rechistar que para que haya empleo hay que dar facilidades al empresario para que arriesgue menos, hay que aceptar flexibilidad en las leyes, hay que renunciar a la seguridad y a la salud. Hay que aceptar rebajas salariales para que gane más. Hemos confiado todo “al diálogo y la negociación”. Y así hemos llegado a donde estamos. Lo verdaderamente grave es todo el proceso. Hemos aceptado cómodamente quedarnos en casa, hemos dejado de movilizarnos. Hemos aceptado que nos desunan. Hacemos cálculos sobre el salario que vamos a perder con una huelga y no tenemos en cuenta lo que vamos a perder si no nos plantamos. Tenemos miedo a que nos tachen de políticos cuando pedimos huelgas generales como si los políticos no fuesen también responsables del paro y de los recortes. Tragamos ahora dócilmente los argumentos contra la Huelga General convocada para setiembre, sin darnos cuenta de que se trata de una campaña perfectamente orquestada, financiada por quienes tienen el dinero, que son quienes mantienen en sus puestos a los políticos, a los sindicalistas que se sientan a negociar y a “desinformadores” de los medios de comunicación. Y seguimos creyendo que estos medios son neutrales y objetivos y nos escandalizamos ingenuamente cuando descubrimos sus mentiras.

Vamos cuesta abajo y sin frenos. ¿Hasta cuándo?

PP ILEGAL

El Partido Popular no sólo no condena el régimen fascista de Franco, el levantamiento violento contra un sistema democrático, legítimamente constituido, sino que trata, con su política, de suceder, fraudulentamente, reinstaurar, por la vía de los hechos y de sus propuestas, aquél ignominioso régimen que tantas víctimas, tanto sufrimiento y dolor produjo durante la guerra y los cuarenta años de dictadura.

Si esto no es motivo para que se le aplique la Ley de Partidos, si quien tiene competencia para ello no solicita que se le aplique, se nos seguirá dando la razón a quienes pensamos que dicha Ley  sólo ha sido establecida para combatir, más allá de la violencia de ETA, un problema político, como es el que supone que una parte del pueblo vasco luche por su independencia, y que, en realidad, la Ley no trata de combatir la violencia y de ilegalizar a quienes tan rotundamente la ejercieron, ni persigue a quienes, por otras vías, tratan de sucederles.

Ahora le toca al derecho de huelga. El PP quiere que se prohíba la huelga en tiempo de negociación de los convenios colectivos. Igual que en la dictadura.

Los trabajadores tenemos, al menos en teoría, dos formas de defender nuestros derechos y de luchar por mejorar nuestras condiciones de vida: acudir a la Autoridad y a los Tribunales para hacer que se cumplan las leyes y los acuerdos (y no siempre lo conseguimos), y presionar, en la negociación, mediante la huelga, para conseguir un reparto más justo de la riqueza que generamos. Ese es el fin por el que los trabajadores “entramos a negociar” convenios colectivos. ¿Y qué negociación se puede dar entre dos partes en que una tiene toda la fuerza y la otra ninguna? ¿Qué otra cosa, que no sea imposición, se puede dar entre quien tiene la necesidad imperiosa de trabajar para sobrevivir y quien puede negarle esa posibilidad?

En la negociación, el empresario se presenta como amo de la empresa, de los medios de producción, del empleo. Al trabajador sólo le queda afirmar que es dueño de su fuerza de trabajo y actuar en consecuencia, ejerciendo, si es preciso, su derecho a la huelga. Al trabajador no le queda más arma que negarse a prestar esa fuerza de trabajo, negarse a trabajar como forma de presión, eso sí, perdiendo el salario de los días de huelga. La huelga siempre es costosa para los trabajadores pero, las más de las veces, es inevitable, dada el ansia desmesurada del empresario por obtener siempre más beneficios.

Decir estas cosas, con claridad, es tachado hoy de trasnochado y regresivo. Pero la realidad es la que es. Lo demás es cinismo puro y duro. Negar el derecho a presionar, durante la negociación del convenio, con la huelga, es negar, en último extremo, que el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo. Este es el verdadero fundamento del derecho de huelga. Y lo que el PP propone no sólo es preconstitucional, sino que es remontarse al régimen de esclavitud, en que los esclavos, su vida y su trabajo, eran propiedad de su amo. Pretender negar este derecho fundamental a quien, por lo demás, representa a la mayoría de la población, es pretender instaurar un régimen de esclavitud y represión generalizada propio de las dictaduras que todos decimos condenar. Hasta los empresarios se escandalizarían si se les tachara de amos de esclavos.

La pregunta, con todo, es ¿por qué el PP se atreve a plantear siquiera esta cuestión?

IÑAKI NO ENTIENDE

La otra noche, Iñaki Gabilondo, en el programa que tiene en CNN+, repetía su asombro porque el Gobierno no estaba explicando debidamente a los trabajadores por qué la Reforma Laboral era necesaria. Repetía machaconamente: “no entiendo, no entiendo, se está perjudicando a sí mismo”. Y lo acompañaba con una expresión de ingenuidad e inocencia con la que, a más de uno, habrá convencido de que, efectivamente, el Gobierno debería explicar mejor… lo inexplicable.

Porque inexplicable es para el Gobierno aprobar un Reforma que sólo contiene concesiones para los empresarios y decir que es por el bien de los trabajadores. Los sindicatos han acudido a las negociaciones sin pedir nada en concreto e intentando, como mucho, ceder lo menos posible. Es cierto. La Patronal, sin embargo, sí tenía claro lo que quería. Por eso salía sonriente de esa última reunión maratoniana. Porque sabía que el Gobierno, por decreto, iba a atender sus reivindicaciones, "iba, por fin a gobernar", como si gobernar fuese sinónimo de perjudicar a la mayoría de la población. Y si no lo hacía de una sola vez, lo iría haciendo, paso a paso.

Porque, quizá el asombro de Iñaki provenga de que no está enterado o de que está ocultando lo que sabe. Quizá no sabe o no dice que el Gobierno pretende meternos su Reforma en dosis, para que el efecto no sea tan brusco.

El Gobierno ha dado el primer paso. En cuatro días, en conversaciones con los grupos parlamentarios, ha ido “mejorando” el proyecto en beneficio de los empresarios y, a medida que pase el tiempo y las negociaciones, cada vez se va a parecer menos a la propuesta inicial. Ya UGT y CCOO le acusan de no haber descubierto todas sus cartas desde el principio. Y, en la tramitación del proyecto de ley, irá accediendo a las pretensiones del PP, de CiU, del PNV, de Rosa Diéz, que están “dispuestos a negociar” si se les admiten algunas de sus propuestas para “mejorar” el proyecto, todas ellas en la misma dirección: más facilidades para el despido, desmantelamiento de la negociación colectiva, posibilidad de incumplir lo firmado en los convenios, etc. Y, por otro lado, vuelve el tema de las pensiones, de la reforma del sistema, del retraso de la edad de jubilación, de modificar la fórmula de cálculo, de forma que las pensiones resulten más bajas… Y, todo ello, sumado al recorte, ya aprobado, de los salarios de los empleados públicos y la congelación de las pensiones. Como con el Decreto de recortes se encontró solo, pretende ahora alcanzar el máximo consenso posible a base de hacer concesiones.

Quizá sea por esto, porque, en el otoño, el malestar pueda llegar a ser mayor, por lo que UGT y CCOO han aplazado, para entonces, su convocatoria de Huelga General. Porque albergan la esperanza de que la respuesta del conjunto de los trabajadores y trabajadoras vaya a responder mejor que lo han hecho los empleados públicos, y así salvar la maltrecha cara que les ha quedado por el desplante de sus afiliados favoritos y recuperar cierta fuerza para volver a sentarse a la mesa de negociación. Pero, no nos engañemos, ellos no van a poner nada de su parte para que esa respuesta sea un éxito. Tratan, únicamente, de aprovechar unas circunstancias que puedan serles  más favorables para sus intereses particulares.

El Gobierno no puede decir abiertamente que la Reforma sólo pretende reducir los gastos de los empresarios y que no sabe hasta dónde ha de llegar para satisfacer las exigencias de éstos. De hecho, la patronal ya ha dicho que esta Reforma no es suficiente. El Gobierno no puede decir que a menos renta de los trabajadores, habrá menos consumo, menos actividad y más paro. Pero sabe que va a ser así. El Gobierno no puede decir que la Reforma poco o nada tiene que ver, por tanto, con la solución a la crisis. El Gobierno no puede confesar que la Reforma es un negocio puro y duro, un regalo para los empresarios a costa de los trabajadores y trabajadoras.

¿Es esto lo que, de verdad, Iñaki no entiende y quiere que se lo expliquen? ¿No debería mejor no entender cómo, machaconamente, se nos está ocultando o tratando de que olvidemos, cuáles son las causas de la crisis, quiénes la han provocado, por qué no se han adoptado medidas para evitar que se vuelva a producir? ¿Por qué no se está dando ningún paso para controlar la actividad de los bancos, para evitar que concedan créditos sin fianza, para que no se vendan títulos sin garantía, para perseguir los paraísos fiscales, para destapar el secreto bancario, para desacreditar a las agencias de calificación, verdaderas voceras de interesadas mentiras sobre la economía de éste o aquél estado? ¿Por qué no se dan pasos para arrebatar de manos de los bancos centrales la competencia de hacer y deshacer sobre las economías de los países sin que nadie los controle, ni siquiera los parlamentos, los órganos representativos de la voluntad popular? Sin embargo, todo eso, Iñaki parece que lo entiende, lo aplaude, y está dispuesto a encubrir, o a ignorar, a contribuir con su supuesta ingenuidad a que los demás no nos enteremos.

Pero Iñaki no estaba solo esa noche. Quienes lo acompañaban en la mesa, y con él mostraban su extrañeza, forman parte de todo el coro de palmeros que repiten, como papagayos, que todas estas medidas son necesarias, inevitables, pero ninguno nos dice por qué y para qué. Por qué los estados se han endeudado, prestando dinero barato a los bancos y, ahora, a esos mismos bancos, les tienen que dar mayores intereses para que les concedan créditos con que financiar sus presupuestos. Parece rocambolesco, pero es así. Esos bancos que “había que salvar por el bien de todos”, en medio de la crisis, siguen obteniendo enormes beneficios. Y, además, se jactan de ello. Se va a dar dinero a las cajas de ahorro para que se fusionen… y despidan a varias decenas de miles de empleados. ¿Por qué los estados no han empleado su dinero, por ejemplo, en prestarlo a las pequeñas empresas productivas para que puedan continuar con su actividad, manteniendo el empleo, o a las familias que no pueden pagar sus hipotecas para que no las desahucien? Esos palmeros son los mismos que se atreven a decir, una y otra vez, que “todos estamos pidiendo la Reforma Laboral”. ¿Quiénes son ellos para afirmarlo? ¿A quién han preguntado?

Todo esto es una verdadera estafa que Iñaki y sus colegas deberían entender y, cuando menos, escandalizarse, y hacer algo. O, sencillamente, callarse, seguir cobrando, pero, al menos, no pretender camelarnos con su supuesta ingenuidad.

FUNCIONARIOS: HUELGA SÍ, HUELGA NO

Conozco a unos cuantos funcionarios y funcionarias, mejor dicho, empleados públicos, o sea, todos los que trabajan para la Administración del Estado, para los Servicios Públicos y en las Empresas Públicas. A algunos los considero amigos.

Me duele que el Gobierno, vía decreto, les aplique, entre otras medidas, el recorte del 5% de salario, de promedio, aprovechando que tiene poder para imponerlo sin negociación, y porque puede hacerlo efectivo inmediatamente, ya que es el dueño de la caja con la que se pagan esos sueldos.

Y me duele especialmente que lo haga una institución elegida en las urnas. A los más de 4,5 millones de parados los han echado los empresarios del sector privado que no han sido elegidos y que no tienen en cuenta las mayorías porque son los amos.

Pero me preocupa que las y los empleados públicos no vayan a protestar enérgicamente por ello. La huelga la tienen convocada, pero me llegan comentarios que hacen pensar que algunos no están con la labor.

Cuando se convoca una huelga muchos miran si hay motivos suficientes para hacerla. Otros se preguntan por qué, habiendo motivos, siempre hay quienes no la secundan. Lo peor en estos casos es perder el norte.

Y creo que perder el norte es, por ejemplo, argumentar que, haciendo la huelga, se beneficia a un gobierno que ha perdido el norte, porque se va a ahorrar los salarios de ese día. Un ahorro más, señalan.

Siempre he oído que hay oficios para los que es necesario tener vocación. Respetando a los que así piensan, tal afirmación me ha parecido siempre un poco mojigata, moralista, aplicable sólo a lo religioso. Siempre he defendido que, en el trabajo, lo que hay que tener es sentido de la profesionalidad. Quienes argumentan que haciendo huelga benefician al Gobierno, modestamente, creo que no la tienen. Me explico.

Todavía hay muchos trabajadores y trabajadoras, que producen bienes y servicios, y que se sienten orgullosos de lo que hacen, que se encariñan con el producto de su preparación, habilidad y destreza… y que lamentan tener que dejar de hacer, por un día, lo que hacen, tener que hacer huelga. Pero la hacen, porque con ello, buscan un bien mayor. Estoy seguro que muchos servidores públicos que hacen huelga, además de hacer cálculos, más o menos cicateros, sobre los euros que van a perder ese día, lamenten no poder ejercer su función por la huelga. Lo contrario sería despreciar ellos mismos lo que hacen a diario. Lo que está quedando claro es que el Gobierno lo desprecia. Me imagino a profesores preocupados porque un parón a final de curso puede hacer que no se cumpla el programa, o que los alumnos se desconcentren y puedan fallar en los exámenes. Me imagino a una enfermera agobiada por tener que suspender el turno de atención a las personas mayores que tenía previsto para ese día. Me imagino a un bombero escuchando, desde casa, la sirena de un camión del Parque que sale a atender una emergencia y él no va montado en ese vehículo porque está haciendo huelga. Pero, en este caso, quien lo ha provocado es el Gobierno y es a él a quien habrá que pedir responsabilidades. Suspender un Servicio Público es algo muy serio, pero hay veces en que es inevitable.

Pero, también me imagino que es difícil hacer comprender a padres de alumnos, a jubiladas y jubilados, o a quien ha sufrido un accidente que, adoptar una medida como una huelga, dejar de prestar el servicio, cuando hay motivos suficientes, es una apuesta de futuro y que beneficia a todos. Para los que la hacen porque ponen por delante su dignidad como trabajadores, como ciudadanas, como personas, como votantes. Y para la sociedad en general porque luchar contra la injusticia siempre es un bien social. Cuesta explicarlo pero hay que intentarlo.

Oigo también a quienes, de entre los convocados a esta huelga, cínicamente acusan a los sindicatos de no haberse preocupado de los parados y sí son capaces de convocar una huelga por los funcionarios. Y ellos y ellas ¿se preocuparon de los parados?

Oigo a quienes, sinceramente, se sienten dolidos por la imagen que, una parte de la sociedad, tiene de los empleados públicos. Les afecta oír que son unos privilegiados y, más, que son insolidarios con el resto de los trabajadores y trabajadoras, como les dicen algunos.

Sean o no solidarios, lo que no les va a perdonar nadie es que ni siquiera luchen por lo suyo. Que no sean capaces de perder el salario de un día por una apuesta de futuro. Que busquen explicaciones estrafalarias para no sumarse a su lucha. Que ideen estratagemas para eludir la huelga y aparentar que protestan.

Perder el salario de un día por la huelga es el precio de mantener la dignidad, de dejar claro, a quien tiene el poder, que enfrente tiene personas conscientes y responsables que no se van a dejar pisar. Porque siempre hay que pagar un tributo por las cosas importantes. Por eso son importantes. Y ésta es una de ellas.

GRACIAS A LA CRISIS

Gracias a la crisis… que me está quitando, que nos está quitando tanto. Suena a Mercedes Sosa. Pero la crisis, a algunos, también nos está dando.

A algunos, la crisis, como la vida, nos está dando conocimiento. En estos dos últimos años, personalmente creo estar aprendiendo bastante más que en la mayoría de los restantes vividos. Quizá porque, en mi situación de jubilado del trabajo asalariado, tenga más oportunidad de leer, conversar y reflexionar. Pero, sobre todo, por la precipitación de acontecimientos, que es tal que, lo que en circunstancias normales requeriría dejar pasar un tiempo para poder sacar conclusiones fiables, ahora, o llegas a conclusiones pronto o no te enteras de nada de lo que realmente ocurre.

Hace tiempo que tengo en mente pergeñar una semblanza del personaje Revilla, pero me resulta imposible. Y digo personaje no en tono despectivo, sino porque es una persona pública que se sale del montón. Lo conozco personalmente desde hace más de treinta y cinco años y cada vez me cuesta más definirle.

Lo último que me está sorprendiendo es su ingenuidad, pero también su petulancia. Dicen que ambas cosas suelen ir juntas. Haberse convertido, en los últimos tiempos, en el más ferviente defensor de Zapatero, cree que le da todo tipo de autoridad para amenazarle ahora por el tema del AVE. Como si la política que practican la mayoría de quienes se dedican a ella (incluido Revilla) fuese una cuestión de caballeros, de palabras de honor dadas, de promesas que cumplir. Revilla, con sus quiebros constantes, con su camaleónica capacidad de adaptación a las circunstancias, con su desmedida ansia de notoriedad, es un ejemplo de que la política no es cuestión de caballeros. Aquí valdría decir ese aforismo, acuñado por no sé quien, de “es la economía, estúpidos” que también extenderíamos a la política, “es la política, estúpidos”.

El diccionario describe la petulancia como insolencia, presunción ridícula e infundada, descaro, atrevimiento, engreimiento, vanidad. No sé cuál de estos conceptos se pueda aplicar a las palabras, a cada cual más rotunda, pronunciadas por Revilla en la mascarada de Monzón de Campos. Quizá todos le sean aplicables. Pero, ¿quién teme al lobo feroz en el PSOE? La crónica de la última reunión de la Ejecutiva de este partido habla de que fue tranquila. No parece asustar demasiado a los socialistas las bravuconadas de Revilla. La intervención de Lola Gorostiaga, en la reunión, parece querer decir: “no os riáis incrédulos, que Revilla va en serio”.

Y es que hay una cosa que es de sentido común en esa política a que nos tienen acostumbrados: los pactos se hacen entre diferentes, entre contrarios. Pero los pactos se hacen, sobre todo, por mutua conveniencia. Y se rompen, también, cuando a alguna de las partes conviene. Y del pacto PRC-PSOE, sobre todo este último, han tenido que sacar ambos sus conclusiones.

Pactar en la anterior legislatura trajo como consecuencia que, en las siguientes elecciones, el PRC se alzase por encima del PSOE. Fue un cambio histórico en el panorama político, con repercusiones internas en el PSOE, dando lugar al primer serio cuestionamiento del liderazgo de Gorostiaga. Revilla, por su parte, quizá por cierto grado de petulancia, ha empeñado toda su carrera política en la consecución del AVE para Cantabria. Y hasta de dos trazados. No se conforma fácilmente. “no cede”, no va a ceder. Se lo ha jugado todo a esta carta. Conseguirlo sería el culmen de una carrera política que, más temprano que tarde, tendrá que concluir. Y se ha creído que lo va a conseguir. Y es posible. Pero, no sabe cuándo. En estos momentos parece que no. De ahí su cabreo y, yo diría, su nerviosismo. Toda su estrategia electoral se le viene abajo. Por parte del PSOE sería un suicidio concederle el AVE antes de las próximas elecciones autonómicas y que el líder regionalista se presentase con un triunfo tal a las mismas. Restarle ese éxito, por cuestiones económicas, impuestas por la crisis, tiene una fácil justificación por parte del PSOE, cuyo único aspecto a valorar será el número de votos que pudieran perder en las generales, de presentarse el PRC a las mismas (como ha amenazado Revilla), cuestión que no me atrevo a valorar ahora.

De todo esto, lo más positivo es que, al parecer, y gracias a la crisis… no tendremos AVE, al menos por algún tiempo. Y esto nos da un respiro. Momentáneo, porque todos los que gobiernan y los que aspiran a ello están de acuerdo en que España sea el país con más kilómetros de Ave por habitante. Pero un respiro.

Tiempo ha de llegar (y espero que sea pronto) en que, entre todos los ciudadanos de a pie, valoremos con rigor “las excelencias” del AVE y sus claras repercusiones negativas, y dejemos de ser tan papanatas como, por el momento, estamos siendo. Pero no es ese el objeto de este artículo.

CON LA MADRE DEL CORDERO NO SE ATREVEN

Una vez dado el primer paso, “valiente con los débiles”, recortándoles ingresos y derechos, y en vez de mostrarse también “algo valiente” con los fuertes, el Gobierno está decidido a culminar su operación, llevando adelante, por decreto, si es preciso, los recortes de la reforma laboral, tan demandados por los empresarios, y tan cacareados por quienes nos dicen lo que tenemos que pensar: “los expertos”, “las autoridades en la materia”, “los oráculos tertulianos” que, a diario, nos bombardean con su discurso monótono y manipulador, como si la madre del cordero de todo lo que está pasando estuviese en la reforma laboral. Y no es así.

Y es que, con la verdadera madre del cordero, no se atreven, aunque sea la causante de los principales males que nos aquejan.

No hacen nada contra los paraísos fiscales porque son quienes manejan grandes fortunas  los únicos que los utilizan.

No combaten el fraude fiscal porque son ellos los principales defraudadores.

Dejan fuera de control fiscal la mayoría de sus actividades, no regulando o suprimiendo impuestos, mientras controlan minuciosamente a quienes viven de su trabajo y contribuyen religiosamente.

Conviven amigablemente con todo tipo de “productos tóxicos”, basados en ocultación de información y engaño, sin declararlos ilegales y delictivos. Y protegen a las aseguradoras que hacen negocio precisamente a base de cobrar altas primas por cubrir los riesgos que esos productos conllevan.

Ocultan información o la manipulan, mediante agencias privadas de calificación de riesgos, auténticos negocios, que sólo sirven a los intereses de aquellos que les pagan, y cuyos dictámenes se han convertido en revelación divina, capaces de llevar a la bancarrota a estados enteros.

Los bancos, lejos de tener como actividad principal prestar servicios de cobros y pagos a quienes han depositado en ellos su confianza y sus dineros, con estos dineros ajenos se dedican a operaciones de alto riesgo financiero, en su exclusivo beneficio, amasando grandes fortunas, a la vez que exponiendo a sus confiados clientes depositarios a perder sus ahorros o, simplemente, el cobro de su nómina, como consecuencia de la crisis que con su avaricia han creado.

Pero, para salvar a éstos, el Gobierno no ha tenido inconveniente en endeudarse. Para esto, para ayudar a los bancos, el Gobierno sí se ha mostrado “valiente con los fuertes”, prestándoles el dinero que es de los ciudadanos. Dicen que es por  el bien de todos. También del nuestro.

Pero, ¿qué han hecho los bancos con las ayudas que el Gobierno les ha prestado? En vez de volver a la normalidad, dando el crédito necesario para la producción y el consumo, no lo han hecho, lo han dedicado a especular con el propio Gobierno, comprándole Deuda Pública o Bonos del Estado a alto interés con el dinero que el Gobierno les ha prestado a interés bajo. Y el Gobierno lo sabe y lo consiente.

En todo esto está la verdadera madre del cordero.

Cuando una parte importante de la población sufre, con angustia, al final de cada mes, porque no sabe con qué hacer los últimos pagos, el Gobierno, la oposición, los partidos, los empresarios y los sindicatos oficiales no hablan más que del problema financiero, el problema de los bancos, de la deuda y el déficit del Estado, de la dictadura de los mercados del dinero. Vivimos en una auténtica dinerocracia. Mandan los dueños del dinero. Los parlamentos no pintan nada en la vida económica y cada vez menos en la política. Las decisiones más graves se toman fuera, en organismos donde la opinión y el control de los ciudadanos son nulos.

Que la economía productiva esté bloqueada, que, como consecuencia, muchas empresas pequeñas se vean en la necesidad de cerrar, que el paro siga aumentando, son problemas de segundo orden en esta dinerocracia.

Que los empresarios, con el dinero acaparado, se dediquen a comprar otras empresas y no a crear nuevas, o a trasladar sus instalaciones a países donde los salarios son más bajos, o a la especulación pura y dura y no a la inversión productiva, todo esto está protegido por la libertad de empresa. No se dan cuenta de que pronto no les compensará llevar sus instalaciones a esos países, de que llevamos camino de tener aquí los mismos bajos salarios y de que, a pesar de ello, no llegarán sus empresas a ser competitivas, porque lo que hace falta es que inviertan aquí en modernizarlas para serlo realmente.

Disponer de moneda única europea, que se nos presentó como el gran símbolo de la unidad de Europa, y a la que “hay que salvar, hoy, a toda costa”, se ha demostrado que sólo ha beneficiado a los grandes operadores financieros, impidiendo, por el contrario, en momentos de crisis, como éste, que cada estado pueda adoptar las medidas defensivas que mejor puedan proteger su economía nacional.

Esta es la madre del cordero y no la rebaja de los derechos laborales. La intocable madre del cordero con la que no se atreven quienes tienen poder para ello. La que ha traído la crisis, la que produce paro y precariedad entre los trabajadores.

Con la madre del cordero nos tendremos que atrever nosotras y nosotros, quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes nos hemos ganado a pulso nuestra jubilación, quienes padecemos todos estos males, quienes nos vemos, incluso, señalados por osar opinar de manera diferente.

Y nos atreveremos.

"OBAMA, LLÁMAME, POR FAVOR"

La estrategia ha funcionado, pero, ni aún así, los resultados son los esperados. El rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno son unánimes.

Las razones son variadas, algunas coincidencias también. Unas van al fondo. A la debilidad del Gobierno para defender nuestra economía ante las agresiones externas. Las menos. Otras sólo hablan de tardanza. Unas pocas denuncian las consecuencias negativas que tales medidas van a producir en los de siempre, en los trabajadores, en los pensionistas, en las personas dependientes.

Y, aprovechando que pasa el Pisuerga, otros añaden a la riada sus manidas pretensiones. Si estas medidas se presentan como inevitables, algunos recuerdan que hay otras que, según su opinión (o sus deseos), también lo son. Es inevitable y urgente la reforma laboral, dicen a coro.

Está claro cuáles son las pretensiones de los empresarios: reducir los costes salariales Y es posible que todavía haya quienes les comprendan, aunque nos hayan dejado claro que ellos siempre van a lo suyo, caiga quien caiga, y que la reforma laboral que exigen sólo les va a beneficiar a ellos. Lo ponen como condición para crear empleo, pero no aseguran que lo vayan a crear, y menos aún, empleos de calidad, de los que no se tambalean cuando llegan las crisis. Lo venimos comprobando día a día, mes a mes, año tras año, reforma laboral tras reforma laboral. Los empresarios no son hermanitas de la caridad. Saben que la reforma laboral no va a solucionar ni el déficit ni la deuda del estado, ni el endeudamiento de los particulares. Su objetivo es aprovechar para empujarnos a los trabajadores a un escalón inferior, para que, cuando se salga de la crisis, partamos de más abajo en nuestras reivindicaciones que, mal que les pese, seguirán siendo inevitables.

El Gobierno ha optado por lo más fácil, ya que no teme la respuesta de los trabajadores y trabajadoras, pues antes se ha asegurado de que los sindicatos UGT y CCOO no se van a mover, como les correspondería, ante tamaña agresión. También ha aprovechado el momento en que la incapacidad del PP de generar confianza y expectativas de futuro en la población se pone más de manifiesto. Las proclamas incendiarias de Rajoy en el Congreso ya no le asustan.

Zapatero se ha mostrado “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Una expresión precisa y acertada. Hacer pagar a los que más tienen no está sobre la mesa, “aunque no lo descartan”. ¿A qué esperan?.

Pero, sobre todo, lo que no se le pasa por la cabeza es penalizar la especulación, ni siquiera cuando llega al extremo de poner en peligro toda la economía del país, arremeter con medidas y no sólo con discursos contra los buitres que se esconden bajo esa abstracta e impersonal expresión de “los mercados”. 

“Obama me ha llamado”. Ha sido el golpe de efecto, la llamada del Presidente USA. Todo un símbolo de vasallaje y sumisión. Como si a Obama le preocupasen especialmente los avatares de la economía española y, menos aún, los del euro, la moneda que podía hacer competencia a su dólar. Pero, Obama ha llamado. Era la guinda que faltaba para poder decir que las medidas son inevitables. Que las circunstancias han “obligado” a Zapatero a renunciar a todos sus principios, a tragarse todas las afirmaciones que durante estos últimos dos años ha venido haciendo de que no iba a tocar los gastos sociales ni recortar los derechos de los trabajadores. Ha esperado hasta el último momento para presentarse, sutilmente, como víctima de su propia “responsabilidad y sentido de estado”.

Dicen que primero Zapatero dejó el siguiente mensaje en el contestador de Obama: “Por favor, llámame”.